Reforma a Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano
Mediante el Decreto No. 215-2026, el Congreso Nacional reforma el Artículo 5 del Decreto Legislativo No. 17-2026, publicado el 27 de febrero de 2026, que contiene la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano. La reforma responde a que el mecanismo original, que facultaba a la Procuraduría General de la República para conciliar y someter los acuerdos a dictámenes de SEFIN y, en su caso, a una comisión especial del Congreso, resultaba inadecuado para los juicios laborales y de personal, al generar procedimientos extensos que retrasaban el acceso efectivo a la justicia de trabajadores y servidores públicos, y para las instituciones descentralizadas, que cuentan con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera y leyes orgánicas propias. Con la reforma, quedan excluidos de la conciliación regulada en ese artículo los juicios laborales y en materia de personal tramitados ante los Juzgados de Letras del Trabajo y de lo Contencioso Administrativo, cualquiera que sea la institución demandada, así como todas las controversias en las que sean parte las instituciones descentralizadas, sin importar la materia. En esos casos, las instituciones de la Administración Pública Central, las desconcentradas, las descentralizadas y las municipalidades podrán conciliar de forma extrajudicial, siempre que cuenten con dictamen favorable del área legal interna que determine la inexistencia de elementos jurídicos válidos para la defensa o el alto riesgo de una sentencia adversa, y con dictamen del área administrativa o financiera que acredite la disponibilidad presupuestaria. Los acuerdos extrajudiciales deberán formalizarse de modo que garanticen el cierre definitivo del proceso, ya sea por satisfacción extraprocesal de las pretensiones o por desistimiento de la acción, del recurso o de las pretensiones.
Cambio principal: Reforma a Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano
Mediante el Decreto No. 215-2026, el Congreso Nacional reforma el Artículo 5 del Decreto Legislativo No. 17-2026, publicado el 27 de febrero de 2026, que contiene la Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano. La reforma responde a que el mecanismo original, que facultaba a la Procuraduría General de la República para conciliar y someter los acuerdos a dictámenes de SEFIN y, en su caso, a una comisión especial del Congreso, resultaba inadecuado para los juicios laborales y de personal, al generar procedimientos extensos que retrasaban el acceso efectivo a la justicia de trabajadores y servidores públicos, y para las instituciones descentralizadas, que cuentan con personalidad jurídica, autonomía administrativa y financiera y leyes orgánicas propias.
Con la reforma, quedan excluidos de la conciliación regulada en ese artículo los juicios laborales y en materia de personal tramitados ante los Juzgados de Letras del Trabajo y de lo Contencioso Administrativo, cualquiera que sea la institución demandada, así como todas las controversias en las que sean parte las instituciones descentralizadas, sin importar la materia. En esos casos, las instituciones de la Administración Pública Central, las desconcentradas, las descentralizadas y las municipalidades podrán conciliar de forma extrajudicial, siempre que cuenten con dictamen favorable del área legal interna que determine la inexistencia de elementos jurídicos válidos para la defensa o el alto riesgo de una sentencia adversa, y con dictamen del área administrativa o financiera que acredite la disponibilidad presupuestaria.
Los acuerdos extrajudiciales deberán formalizarse de modo que garanticen el cierre definitivo del proceso, ya sea por satisfacción extraprocesal de las pretensiones o por desistimiento de la acción, del recurso o de las pretensiones. Podrán presentarse ante el juzgado o tribunal que conoce del asunto para su homologación, que se tramitará de manera preferente y expedita, sin sujeción a los requisitos adicionales previstos para los acuerdos gestionados por la PGR.
Una vez homologado, el acuerdo tendrá carácter de título ejecutivo y producirá efectos de cosa juzgada, permitiendo la ejecución y el archivo inmediato del expediente. Las instituciones que concilien al amparo de este artículo deberán remitir a la Secretaría del Congreso Nacional un informe cada seis meses. La norma se aplica también a las solicitudes que ya se encuentren en trámite en cada institución.
El decreto entra en vigencia desde su publicación en La Gaceta. Fue sancionado por el Poder Ejecutivo el 30 de septiembre de 2026.
Artículo 5 (Decreto Legislativo No. 17-2026) — La Gaceta N° 37,273
Excluye de la conciliación judicial los juicios laborales y de personal contencioso administrativo y todas las controversias en que sean parte instituciones descentralizadas, habilitando para ellos una conciliación extrajudicial con dictámenes internos y homologación judicial preferente.
Otra novedad de esta Gaceta: Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos
Mediante el Decreto Ejecutivo PCM-018-2026, el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado aprueba en todas sus partes la Política Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos como política de Estado y marco rector en materia de vivienda. Su ejecución corresponde a la Secretaría de Estado en los Despachos de Vivienda y Asentamientos Humanos (SEVIAH).
El decreto se apoya en la Constitución, en la Ley Marco de Vivienda y Asentamientos Humanos y en el Decreto Ejecutivo PCM-004-2026, que incorporó a la SEVIAH a la administración pública. Parte del diagnóstico de un déficit superior a un millón quinientas mil soluciones habitacionales.
La política opera mediante tres mecanismos: Asistencia Directa, dirigida a hogares de ingresos limitados y en alta vulnerabilidad o afectados por emergencias; Asistencia al Financiamiento, para hogares de ingresos bajos y medios, que comprende aportes al capital, subsidios a la cuota y condiciones preferenciales, junto con el Plan Nacional de Inclusión Financiera; y Asistencia al Desarrollo de Proyectos, con apoyo financiero y simplificación administrativa para proyectos dirigidos a hogares de hasta cuatro salarios mínimos de referencia. El Plan Nacional de Inclusión Financiera y su Política Nacional de Subsidios y Garantías serán aprobados o modificados mediante decreto ejecutivo o acuerdo presidencial emitido por la SEVIAH.
La segmentación de beneficiarios se hace por ingresos en salarios mínimos de referencia: hasta un SMR recibe asistencia total no reembolsable; de uno a dos SMR, apoyo financiero no reembolsable parcial o complementario; de dos a cuatro SMR, incentivos para compra, mejoramiento o ampliación; y más de ocho SMR no recibe asignaciones directas de fondos públicos. Las categorías de vivienda van de la VIP y la de emergencia hasta la VIS (no superior a 80 SMR), la vivienda media (entre 80 y 220 SMR) y la vivienda alta (más de 220 SMR).
En la primera etapa, el financiamiento se concentra en primera vivienda, vivienda nueva, mejoramiento, liberación de lote con construcción simultánea y arrendamiento con opción a compra, excluyendo refinanciamientos y ventas a familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. Las operaciones de vivienda de interés social deberán procurar el respaldo de una garantía recíproca.
La SEVIAH crea y administra tres registros: de actores, de proyectos habitacionales (que deben inscribirse antes de la asignación masiva de beneficios) y de beneficiarios, con facultades para autorizar, denegar, renovar, cancelar o suspender inscripciones. La SEFIN deberá asignar recursos a la SEVIAH, que suscribirá un contrato de administración e inversión de fondos con BANHPROVI mientras entra en funcionamiento el FONHVIVIENDA.
La política tendrá carácter permanente y se revisará periódicamente sin que la falta de revisión suspenda su vigencia. El decreto es de ejecución inmediata y debe publicarse en La Gaceta, y el contenido completo de la política se publicará en la página web de la SEVIAH.
Esta ficha es un briefing editorial de Biblioteca Legal HN. El texto oficial está en La Gaceta N° 37,273; si hay una ley relacionada, el articulado vigente está en la colección enlazada.
Publicada en:
La Gaceta N° 37,273 de HondurasLey relacionada:
Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano