Aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026, reformulado, junto con un extenso conjunto de disposiciones generales que regulan la ejecución del gasto público, el endeudamiento, las transferencias a municipalidades, el régimen de personal del sector público, los umbrales de contratación estatal y los mecanismos de control fiscal y de transparencia para todas las instituciones del Estado.
El Congreso Nacional decreta el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República reformulado para el Ejercicio Fiscal 2026, que fija ingresos totales de la Administración Central por L263,807,098,546.00, ingresos de la Administración Descentralizada por L180,528,712,401.00, y un gasto público total consolidado de L444,335,810,947.00, cifra que representa una reducción de L24,893.2 millones (5.3%) respecto al proyecto inicial. La ley contiene diez capítulos con más de 300 artículos que regulan no solo el detalle de ingresos y egresos por institución y fuente de financiamiento, sino también todo el régimen de ejecución presupuestaria: reglas de incorporación de ingresos propios, transferencias a municipalidades, endeudamiento público y gestión de pasivos, régimen salarial y de contrataciones de personal público, umbrales de contratación estatal (licitación pública, privada, compras menores), presupuesto con enfoque de género, fideicomisos públicos, y mecanismos de fiscalización a cargo de la SEFIN, el Tribunal Superior de Cuentas y el Congreso Nacional. El decreto se dicta en aplicación de la Ley Orgánica del Presupuesto (Decreto 83-2004), la Ley de Responsabilidad Fiscal (Decreto 25-2016) y los artículos 362 a 364 de la Constitución de la República, que regulan la administración de los fondos públicos y la responsabilidad de los funcionarios que los manejan. Se ratifican además, con el mismo espíritu, disposiciones de las Normas de Ejecución Presupuestaria contenidas en el Decreto No. 4-2025 del ejercicio fiscal anterior. Los considerandos explican que la reformulación responde a un contexto de crecimiento real del PIB proyectado en 3.5% e inflación de 5.2% para 2026, a la necesidad de fijar un déficit fiscal del 1.0% conforme a la Ley de Responsabilidad Fiscal, a la priorización de los sectores de Educación, Salud e Infraestructura, y a una inversión pública real proyectada de L48,229.6 millones (4.4% del PIB). También se destina L6,817.9 millones a subsidios de combustibles y energía eléctrica, y L24,512.4 millones (5.5% del total) a la Estrategia para la Reducción de la Pobreza con enfoque de género. Para los ciudadanos, esta ley determina directamente el financiamiento disponible para salud, educación, seguridad, subsidios al transporte y a los combustibles, y programas sociales como la merienda escolar y el Vaso de Leche. Para las empresas y proveedores del Estado, fija los umbrales de contratación pública (Artículo 103) que determinan qué modalidad de compra aplica según el monto del contrato, así como las reglas de pago, anticipos y garantías en la contratación estatal. Para los funcionarios públicos y abogados que litigan contra el Estado, establece reglas sobre embargos a fondos públicos (inembargabilidad parcial, Artículo 246), ejecución de sentencias contra el Estado, responsabilidad de gerentes administrativos, y sanciones (multas de 3 a 30 salarios mínimos) por incumplimiento de la normativa presupuestaria.
Decreto: 62-2026
La Gaceta N°: 37,124
Vigencia: 23 de abril de 2026
Resumen: Aprueba el presupuesto general de ingresos y egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026, reformulado, junto con un extenso conjunto de disposiciones generales que regulan la ejecución del gasto público, el endeudamiento, las transferencias a municipalidades, el régimen de personal del sector público, los umbrales de contratación estatal y los mecanismos de control fiscal y de transparencia para todas las instituciones del Estado.