Ley de Procedimiento Administrativo de Honduras

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Regula los procedimientos de la Administración Pública hondureña: principios, derechos de los administrados, recursos y plazos para resolver.

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Título PRELIMINAR: ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY

General

Artículo 1

Los órganos y entidades de la Administración Pública están sujetos a la presente ley, cuando declaren, reconozcan o limiten los derechos de los particulares. La misma no será aplicable al gobierno electrónico o a los procedimientos que se tramiten electrónicamente, mismos que son normados mediante decreto ejecutivo emitido por el presidente de la República en Consejo de Secretarios de Estado.

Artículo 2

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior las normas contenidas en el Título III, salvo las del Capítulo I y las que se refieren al silencio administrativo, serán de aplicación supletoria para los procedimientos administrativos previstos en leyes especiales.

Título I - COMPETENCIA

Capítulo I - Principios generales

Artículo 3

La competencia es irrenunciable y se ejercerá por los órganos que la tengan atribuida por ley

Artículo 4

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, el órgano superior podrá delegar el ejercicio de sus funcionesen determinada materia al órgano inmediatamente inferior. En defecto de disposición legal, el superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones para asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida genéricamente al ramo de la administración de que forman parte el superior y el inferior.

Artículo 5

El acto de delegación, además de indicar el órgano delegante, el objeto de la delegación y el órgano delegado,podrá contener instrucciones obligatorias para éste, en materia procedimental. En los actos dictados por delegación, se expresará esta circunstancia y se entenderán adoptados por el órgano delegante. No obstante, la responsabilidad que se derivare de la emisión de los actos, será imputable al órgano delegado.

Artículo 6

El órgano superior puede avocarse en el conocimiento de asuntos atribuidos por la ley a la competencia de un órgano inferior.

Artículo 7

La incompetencia podrá declararse de oficio o a instancia de persona interesada. El órgano que estime ser incompetente para conocer de un asunto, en cualquier fase del procedimiento y previo a la resolución del mismo, remitirá directamente las actuaciones al órgano que considere competente, si depende de la misma secretaría de Estado o de la misma institución autónoma o corporación municipal. Dicha diligencia se comunicará al interesado. Cuando el órgano competente pertenezca a otra secretaría de Estado, institución autónoma o corporación municipal, en la resolución que declare la incompetencia se indicará con precisión esta circunstancia, a efecto de que el interesado pueda presentar debidamente su petición. En el caso del párrafo precedente, la presentación del escrito produce el efecto de interrumpir los plazos que se hallen en curso, los cuales correrán de nuevo a partir de la notificación de la declaratoria de incompetencia.

Artículo 8

Si un órgano entiende que le compete el conocimiento de un expediente que tramite cualquier inferior pediráa éste, las razones que ha tenido para conocer del asunto. A la vista del informe, que será evacuado en el plazo de tres (3) días hábiles, el superior resolverá lo procedente.

Artículo 9

Cuando un órgano estime que le corresponde el conocimiento de un asunto que se tramite ante un superior, selimitará a exponerle las razones y el superior, en el plazo de ocho (8) días, resolverá lo pertinente.

Capítulo II - Cuestiones de la competencia

Artículo 10

Las cuestiones de competencia entre dos secretarías de Estado, serán resueltas por el Consejo de Ministros, conexclusión de los secretarios de Estado involucrados.

Artículo 11

En los conflictos que se suscitaren entre órganos de una misma secretaría de Estado, se procederá conforme a lasreglas siguientes: El órgano que se considere competente, requerirá de inhibición al que conozca del asunto, quien suspenderá el procedimiento y remitirá acto seguido, las actuaciones al superior común inmediato; éste decidirá sobre la competencia, en el plazo de diez (10) días hábiles.En el caso previsto en el párrafo segundo del artículo 7, el órgano a quien se remite el expediente dictará providencia acerca de su competencia, en el plazo de tres (3) días hábiles. Si se considera incompetente, remitirá el expediente con su informe, en el plazo de tres (3) días al inmediato superior común, quien resolverá en el plazo de ocho (8) días hábiles.

Artículo 12

Las cuestiones de competencia que se suscitaren entre órganos administrativos y judiciales, serán resueltas porlas respectivas cortes de apelaciones, y por la Corte Suprema de Justicia, si se promovieren entre órganos de distintas jurisdicciones de las cortes de apelaciones.

Artículo 13

Cuando hubiere peligro de grave e irreparable daño, mientras el conflicto está pendiente de decisión, el órgano que está conociendo del asunto deberá adoptar de oficio o a petición de parte interesada, las medidas provisionales que estime procedentes dando inmediata comunicación a los demás y, en su caso a los interesados.

Artículo 14

Contra las resoluciones que se dicten en las cuestiones o conflictos de competencia, no procederá recurso alguno.

Capítulo III - Recusación y abstención

Artículo 15

Los funcionarios y empleados públicos que intervengan en el procedimiento administrativo, podrán ser recusados cuando en ellos se dé alguna de las circunstancias siguientes: Vínculo matrimonial, unión de hecho, parentesco dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, con los interesados o con los representantes legales, socios o apoderados de las entidades interesadas;Amistad íntima o enemistad manifiesta con él o los interesados;Tener interés personal en el asunto o en otro similar, cuya resolución pudiera influir en la de aquél, o cuestión litigiosa pendiente con algún interesado;Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto o ser socio de la entidad interesada;Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los mencionados en el inciso a) anterior;Haber estado en tutela o curaduría de alguno de los expresados en el literal a) anterior;Tener pleito pendiente con alguno de los interesados;Estar o haber sido denunciado o acusado por alguno de los interesados como autor o cómplice de un delito, o como autor de una falta;Haber intervenido en el procedimiento de que se trate, como apoderado, como testigo o perito; y,Las demás que señalen las leyes.

Artículo 16

La recusación se planteará por escrito y hasta antes de las alegaciones previstas en el artículo 75, expresándosela causa o causas en que se funda; el recusado, el siguiente día hábil, manifestará al superior inmediato, si se da o no en él la causa alegada. Si el recusado admitiere la causal y ésta fuere procedente, el superior acordará su sustitución. Caso contrario resolverá lo pertinente en el plazo de tres (3) días hábiles, previos los dictámenes y comprobaciones que estime oportunos.

Artículo 17

Los funcionarios y empleados en quienes concurra alguna de las circunstancias señaladas en el artículo 15, seabstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán al superior respectivo, quien resolverá dentro del tercer día, lo procedente. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes concurra alguna de las causales de recusación, que se abstengan de toda intervención en el procedimiento. La no abstención en los casos en que proceda, dará lugar a responsabilidad.

Artículo 18

Contra las resoluciones que se dicten en los incidentes de recusación o abstención, no cabrá recurso alguno.

Título II - LA ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

Capítulo I - Principios generales

Artículo 19

Los órganos administrativos desarrollarán su actividad, sujetándose a la jerarquía normativa establecida en elartículo 7 de la Ley General de la Administración Pública y con arreglo a normas de economía, celeridad y eficacia, a fin de lograr una pronta y efectiva satisfacción del interés general. En los casos que la ley atribuya a los órganos potestades discrecionales, se procederá dentro de los límites de las mismas y en función del fin para el que hubieren sido atribuidas.

Artículo 20

Ninguna actuación material que limite derechos de los particulares, podrá iniciarse sin que previamente hayasido adoptada y legalmente comunicada la decisión que le sirva de fundamento jurídico.

Artículo 21

Los órganos administrativos colaborarán entre sí, en el ejercicio de sus funciones, practicando con diligencia yprontitud, las actuaciones que les fueren encomendadas.

Capítulo II - Los actos de la Administración — Sección I - Requisitos

Artículo 22

Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho administrativo, se regirán conforme a lo dispuesto enel presente capítulo.

Artículo 23

Los actos se producirán por escrito, indicando la autoridad que los emite y su fecha, salvo que la ley, las circunstancias o la naturaleza del acto exijan o permitan una forma distinta.

Artículo 24

Los actos serán dictados por el órgano competente, respetando los procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico. El objeto de los actos debe ser lícito, cierto y físicamente posible

Artículo 25

Los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.

Artículo 26

La motivación de los actos es obligatoria, expresándose sucintamente, lo dispuesto en el artículo precedente.Se excluyen de esta obligación los que sean manifestación de opiniones o de conocimiento técnico.

Artículo 27

La finalidad de los actos será aquella que resulte de las normas que le atribuyen potestades al órgano emisor.

Sección II - Actos tácitos y presuntos

Artículo 28

En los casos previstos por la ley, el comportamiento de la Administración Pública, que sea unívoco e incompatible con una voluntad distinta, producirá los mismos efectos de una resolución expresa.

Artículo 29

Afirmativa ficta. Es la decisión normativa de carácter administrativo por la cual todas las peticiones por escrito de los ciudadanos, usuarios, empresas o entidades que se hagan a la autoridad pública si no se contestan en el plazo que marca la ley o las disposiciones administrativas se consideran aceptadas. Las secretarías de Estado, organismos descentralizados y desconcentrados, deberán emitir resoluciones que pongan fin al procedimiento administrativo correspondiente, en los términos previstos por los ordenamientos jurídicos; y solo que estos no contemplen un término específico, deberán resolverse en cuarenta (40) días hábiles contados a partir de la presentación de la solicitud. En estos casos, si la autoridad competente no emite su resolución, dentro de los plazos establecidos habiendo el peticionario cumplido los requisitos que prescriben las normas aplicables, se entenderá que la resolución es en un sentido afirmativo y que ha operado la Afirmativa ficta, en todo lo que lo favorezca. Los daños que el silencio o la omisión irrogaren al Estado, correrán a cuenta del funcionario negligente. Este procedimiento se aplicará a todos que ventilen en la Administración Pública.

Artículo 29-A

Cuando por el silencio de la autoridad en los términos señalados en el artículo anterior, el interesado presuma que ha operado en su favor la Afirmativa ficta, deberá de solicitar para la plena eficacia del acto presunto, en un término de hasta ocho (8) días hábiles la certificación de que ha operado en su favor la Afirmativa ficta. La certificación que se expida hará una relación sucinta de la solicitud presentada y del procedimiento seguido, de la fecha de iniciación y del vencimiento del plazo con que contó la autoridad competente para dictar su relación y la manifestación de que ha operado la Afirmativa ficta, producirá todos los efectos legales de la resolución favorable que se pidió; y es deber de todas las personas y autoridades de reconocerlas así.

Artículo 29-B

Si la certificación no fuese emitida en el plazo que se señala en el artículo anterior, la Afirmativa ficta seráeficaz; y se podrá acreditar mediante la exhibición de la solicitud del trámite respectivo y de la petición que se hizo de la certificación ante el superior jerárquico, lo que se hará constar mediante acta notarial.

Artículo 29-C

El procedimiento descrito en los dos (2) artículos anteriores de esta ley, no será necesario para el caso de otorgamiento de licencias ambientales ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, y ante las municipalidades; en cuyo caso la Afirmativa ficta operará de pleno derecho, sin necesidad de ulterior trámite o proceso, bastando con el levantamiento de un acta notarial en donde se acredite la fecha de presentación y fecha de expiración del plazo de sesenta (60) días calendario contados desde la presentación de la solicitud respectiva. Para los proyectos, que a la fecha, de conformidad al artículo 1 de esta ley, el plazo máximo será de doscientos (200) días calendario contados desde la presentación del Estudio de Impacto Ambiental. Las instituciones a las que la Secretaría de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) considere pertinente solicitar opinión sobre los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), dispondrán de un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días para evacuar lo solicitado. Caso contrario, se tendrá como afirmativa la opinión de dicha Institución sin perjuicio de la responsabilidad en que incurre el funcionario culpable de dicha omisión. En todo lo demás le será aplicable lo establecido en el artículo 29 de la presente ley.

Sección III - Carácteres

Artículo 30

Se presume la legitimidad de los actos administrativos. La Administración tiene potestad de ejecutarlos a través de sus órganos competentes, previo apercibimiento. Salvo disposición legal en contrario, la ejecución y los efectos de un acto administrativo, solo podrán suspenderse cuando la Administración, de oficio o a petición de parte interesada, lo estime pertinente, para evitar perjuicios graves al interesado, de difícil o imposible reparación o cuando se alegue fundadamente una nulidad absoluta.

Sección IV - Eficacia

Artículo 31

Los actos de la Administración de carácter particular, adquieren eficacia al ser firmes. Los actos sujetos a aprobación, no producirán sus efectos en tanto la misma no se haya ejercido.

Artículo 32

El acto de carácter general, como un decreto o reglamento, adquiere eficacia desde la fecha de su publicaciónen el diario oficial La Gaceta.

Artículo 33

La publicación producirá los efectos de la notificación, respecto de las personas para las que no fuere exigiblela notificación personal.

Sección V - Invalidez

Artículo 34

Sin perjuicio de lo establecido en leyes especiales, el acto administrativo es nulo, en los siguientes casos:a) Los dictados por órgano absolutamente incompetente;b) Aquellos cuyo objeto sea imposible o configure un delito;c) Los dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido;d) Los que se emitan infringiendo las normas que contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados;e) Los de carácter general que infrinjan los límites señalados a la potestad reglamentaria, establecido por el artículo 40; y,f) Los que contraríen lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley General de la Administración Pública.

Artículo 35

Son anulables los actos que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso y la desviación de poder. En el exceso de poder se comprende la alteración de los hechos, la falta de conexión lógica entre la motivación y la parte dispositiva del acto, la contradicción no justificada del acto con otro anteriormente dictado y cualquier otro vicio inherente al objeto o contenido del acto.

Artículo 36

El defecto de forma solo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

Artículo 37

Las actuaciones administrativas realizadas fuera del tiempo establecido solo implicarán la anulación del acto,si así lo impusieran la naturaleza del término o plazo, y la responsabilidad del funcionario causante de la demora si a ello hubiere lugar.

Artículo 38

La invalidez de un acto no implicará la de los sucesivos que sean independientes de aquél. La invalidez de una parte del acto no se comunicará a las demás, excepto en el caso de que éstas dependan de aquella o resulte que, sin la parte viciada, el acto no habría sido dictado.

Artículo 39

Las cuestiones incidentales que suscitaren en el procedimiento, incluso las que se refieren a la nulidad de actuaciones, no suspenderán el curso del procedimiento, salvo la recusación. El órgano que declare la nulidad de actuaciones dispondrá siempre la conservación de aquellos actos y trámites cuyo contenido hubiera permanecido el mismo de no haberse realizado la infracción origen de la nulidad.

Sección VI - Disposiciones especiales

Artículo 40

Los órganos de la Administración no podrán, mediante actos de carácter general: a) Alterar el espíritu de la ley, variando el sentido y alcance esencial de ésta;b) Regular, salvo autorización expresa de una ley, materias que sean de la exclusiva competencia del PoderLegislativo;c) Establecer penas, ni prestaciones personales obligatorias, salvo en aquellos casos en que expresamente lo autorice una ley; y,ch) Vulnerar los preceptos de otro acto de carácter general dictado por un órgano de grado superior.

Artículo 41

Corresponde al Poder Ejecutivo expedir los reglamentos de la Administración Pública, salvo disposición contraria de la ley.

Artículo 42

Al proyecto de reglamento se acompañará una relación de las disposiciones vigentes sobre la misma materiay de las que han de derogarse parcial o totalmente de carácter reglamentario. Las disposiciones reformadas o derogadas se indicarán en el acuerdo por el cual se emita el reglamento.

Capítulo III - Plazos

Artículo 43

Los plazos establecidos en esta u otras leyes serán obligatorios para los interesados y para la Administración.

Artículo 44

La Administración, salvo precepto expreso en contrario, podrá conceder a petición de los interesados unaprórroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de los mismos, cuando concurran las circunstancias siguientes: Que se pida antes de expirar el plazo;Que se alegue justa causa; y,Que no se perjudique a terceros. No se concederá más de una prórroga del plazo respectivo. Contra la providencia que concede o deniegue la prórroga no será admisible recurso alguno.

Artículo 45

Los plazos empezarán a correr desde el día siguiente en que tuviere lugar la notificación o publicación, en sucaso, del acto de que se trate.

Artículo 46

Para todos los plazos establecidos en días se computarán únicamente los días hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario o habilitación decretada, de oficio o a petición de interesados por el órgano competente, siempre que hubiere causa urgente. Los plazos fijados en meses se computarán de fecha a fecha, salvo que el mes de vencimiento no tuviera día equivalente a aquél en que se comienza el cómputo, en cuyo caso se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Cuando el plazo fuera en años, se entenderán éstos naturales en todo caso. El plazo que fijado en meses o años concluyese en día inhábil se entenderá prorrogado al siguiente día hábil. Si el plazo se estableciera en horas utilizando la expresión «dentro de tantas horas» u otra semejante, se entenderá que se extiende hasta el último minuto de la última hora inclusive; y si se usare «después de tantas horas», u otra semejante, se entenderá que principia en el primer minuto de la hora que sigue ala última del plazo.

Artículo 47

Para los efectos del artículo anterior, se entenderán días hábiles administrativos, todos los del año, excepto lossábados en aquellas oficinas donde no se labore por disposición gubernamental, los domingos, feriados nacionales y los que mandare que vaquen las oficinas públicas. Son feriados nacionales el 1.º de enero, 14 de abril, 1.º de mayo, 15 de septiembre, 3 de octubre, 12 de octubre, 21 de octubre y 25 de diciembre y el jueves, viernes y sábado de la Semana Santa. El horario de despacho al público de las oficinas que deban atender directamente a los interesados, será el que determine las disposiciones generales que al efecto se dicten.

Artículo 48

Cuando no se hubiere establecido un plazo especial para una actuación administrativa, éste será de diez (10) días.

Artículo 49

Transcurrido un plazo o la prórroga otorgada en tiempo, quedará caducado de derecho y perdido irrevocablemente el trámite o recurso que hubiere dejado de utilizarse, sin necesidad de apremio, haciéndose constar de oficio el transcurso del término y continuándose el procedimiento respectivo. Sin embargo, se admitirá el escrito o recurso que proceda y producirá efectos, cuando se presente antes o dentro del día en que se notifique el acto que se tenga por transcurrido el plazo.

Capítulo IV - Registro

Artículo 50

En toda secretaría de Estado, órgano desconcentrado o institución descentralizada, habrá un registro donde sellevarán los libros en los que se hará el correspondiente asiento de todo escrito que se presente y de los documentos que se acompañen, así como de las comunicaciones u oficios que se reciban o se despachen. También se anotarán los proveídos de iniciación del procedimiento de oficio. En las secretarías de Estado, el registro está bajo la dependencia de la secretaría respectiva; en las direcciones generales, cuando la ley lo indique, en los órganos desconcentrados y en las instituciones descentralizadas se llevará el registro en las oficinas que se establezcan al efecto. Los órganos centrales que radiquen en inmuebles distintos llevarán su correspondiente registro.

Artículo 51

El encargado del registro hará constar en éste, respecto de cada documento, un número epígrafe expresivode su naturaleza, fecha y hora de presentación, nombre del interesado o de quien comparezca en su representación, órgano remitente o al que se envía, sin que deba consignarse extractoalguno del contenido de ellos. En los documentos que se reciban, el encargado del registro pondrá razón de recibo, anotando la fecha y hora de la presentación y el número con que sean relacionados en el libro correspondiente. En los documentos que se despachen se hará constar su pertinente fecha de salida.

Artículo 52

En el mismo día en que se practique el asiento de entrada en el registro se remitirá el escrito o comunicación a laoficina que corresponda, la que acusará el oportuno recibo.

Artículo 53

Toda persona que presente un escrito podrá acompañar copia simple del mismo y exigir en el acto, que secoteje y se le devuelva con nota que exprese la fecha y hora de la presentación, con el sello de la oficina y firma del empleado que la reciba. De los documentos que acompañe podrá presentar copia y pedir que previo cotejo se le devuelvan los originales salvo disposición en contrario. De una u otra circunstancia el encargado de recibir los documentos dejará constancia. En caso que los documentos provenientes del extranjero fueren emitidos en idioma distinto del español, podrán ser traducidos en los consulados de Honduras acreditados en el país de donde procede el documento o por el traductor oficial de la República. Los documentos provenientes del extranjero deberán ser autenticados únicamente por la Secretaría de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores. No se requerirá de auténtica adicional para que dichos documentos puedan surtir efectos en la vía administrativa.

Título III - PROCEDIMIENTO

Capítulo I - Comparecencia, parte interesada

Artículo 54

Podrán comparecer en la vía administrativa las personas que ostenten capacidad con arreglo a las normas dederecho civil. Por las personas jurídicas y los incapaces comparecerán sus representantes legales. No obstante, podrán comparecer directamente los menores de edad en defensa de aquellos derechos subjetivos o intereses legítimos cuya actuación esté permitida por el ordenamiento jurídico.

Artículo 55

Se considerarán parte interesada en el procedimiento, los titulares de derechos subjetivos o de intereseslegítimos que los promuevan y aquéllos a quienes pudiere afectar en sus derechos subjetivos o intereses legítimos la resolución que hubiera de dictarse y se personen en el procedimiento administrativo espontáneamente, o por citación del órgano competente para resolver cuando éste advierta su existencia durante la sustanciación del procedimiento.

Artículo 56

Los interesados, sin perjuicio de las excepciones previstas en la Ley orgánica del Colegio de Abogados, actuaránpor medio de apoderado. El nombramiento de apoderado podrá hacerse por carta-poder autorizada por notario o juez cartulario en defecto de aquél, por escritura pública, por declaración escrita o por comparecencia verbal autorizada por quien corresponda. Las actuaciones administrativas se notificarán al apoderado, salvo norma expresa en contrario.

Artículo 57

La aceptación del poder se presume por el hecho de usar del mismo el apoderado. En todo caso, éste quedaobligado a cumplir con lo dispuesto en las leyes respectivas. No se consideran concedidas al apoderado, sin expresa mención, las facultades de desistir de peticiones y a los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir.

Artículo 58

La Administración podrá solicitar de los particulares, informes y otros datos de investigación y éstos los facilitarán solamente en la forma y casos previstos por la ley.

Artículo 59

La comparecencia de los particulares ante las oficinas públicas sólo será obligatoria cuando así esté previsto enuna disposición legal o reglamentaria. En los casos en que proceda se hará constar concretamente en la citación el objeto de la comparecencia.

Capítulo II - Iniciación

Artículo 60

El procedimiento podrá iniciarse: De oficio, por mandato del órgano competente bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden del superior jerárquico inmediato, noción razonada de los subordinados o denuncia; o,A instancia de persona interesada.

Artículo 61

Si se iniciara a instancias de persona interesada, en el escrito que esta presente, se expresará lo siguiente: a) Suma que indique su contenido o el trámite de que se trata;b) La indicación del órgano al que se dirige;c) El nombre y apellidos, estado, profesión u oficio, domicilio del solicitante o de su representante, números deteléfono fijo y móvil de contacto, correo electrónico, en cuyo caso deberá presentar el documento que acreditesu representación;ch) Los hechos y razones en que se funde y la expresión clara de lo que se solicita;d) Derogado.e) Lugar, fecha, firma o huella digital cuando no supiere firmar.

Artículo 62

Con el escrito de iniciación se acompañarán los documentos en que el interesado se funde y si no los tuviere asu disposición indicará con precisión el lugar donde se encuentren. Enunciará, además, los otros medios de prueba con que quisiera justificar su petición.

Artículo 63

Si el escrito no reuniera los requisitos que se señalan en el artículo 61 y, en su caso, lo establecido en el artículoprecedente, se requerirá al peticionario para que en el plazo de diez (10) días, proceda a completarlo con apercibimiento de que, si no lo hiciere, se archivará sin más trámite. En todo caso, y sin perjuicio de lo anterior, no se podrán denegar solicitudes o peticiones por motivos de forma, tales como: color y tipo de tinta; o, clase, tamaño, color o medida de papel; o falta de uso de máquina de escribir o cualquier otro aparato. De igual manera, las solicitudes o peticiones no podrán denegarse por la ausencia de timbres o por la falta de documentos o cualquier otro requisito formal. Lo anterior no supone que se dejarán de observar las disposiciones legales relativas a las actuaciones formales de los profesionales colegiados.

Artículo 64

Iniciado el procedimiento en la forma establecida en el artículo 60, se impulsará de oficio en todos sus trámites.

Artículo 65

El órgano competente, para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer y siempre que hubieren razones suficientes para ello, podrá adoptar las medidas provisionales que estime pertinentes evitando causar perjuicios irreparables a la parte interesada.

Artículo 66

Cuando se tramiten dos (2) o más expedientes separados que, no obstante guarden una íntima conexión entresí y puedan ser resueltos por un mismo acto, el órgano competente, de oficio o a petición de los interesados, podrá disponer su acumulación.

Artículo 67

Iniciado el procedimiento y antes del trámite a que se refiere el artículo 75, la parte interesada podrá ampliarsu petición siempre que se base en hechos esencialmente idénticos a los invocados en la petición inicial.

Capítulo III - Desarrollo

Artículo 68

Los hechos invocados y que fueren relevantes para la decisión podrán acreditarse por cualquier medio deprueba, salvo los que fueren manifiestamente improcedentes, superfluos o meramente dilatorios.

Artículo 69

Cuando el órgano competente para resolver no tenga por ciertos los hechos alegados por la parte interesada oésta lo solicitare, podrá acordar la apertura a pruebas por un término no inferior a diez (10) días ni superior a veinte (20), e incumbirá al interesado la de los hechos de que derive su derecho y no resulten del expediente. En todo caso, la Administración podrá disponer de oficio y en cualquier momento, la práctica de cuantas pruebas se estimen pertinentes para la más acertada decisión del asunto.

Artículo 70

Si hubiere de examinarse testigos, el órgano competente para resolver tendrá la facultad de interrogarlos libremente sobre los hechos, sin perjuicio de los interrogatorios que presenten las partes interesadas.

Artículo 71

Cuando se alegaren hechos cuya apreciación exija conocimientos especiales, la parte interesada podrá proponerla designación de peritos, los que serán requeridos para que, dentro del plazo de cinco (5) días a partir del nombramiento, manifiesten si aceptan el cargo. El órgano competente, por su parte, se abstendrá de nombrar peritos, debiendo limitarse a requerir informes de los servidores públicos y órganos técnicos de la Administración central, desconcentrada y descentralizada, salvo que resultare necesario designarlos para la debida sustanciación del procedimiento.

Artículo 72

El órgano competente para decidir solicitará los informes y dictámenes obligatorios y facultativos de los órganos consultivos, los que habrán de remitirse, en defecto de disposición legal, en el plazo máximo de quince (15) días a contar desde la fecha en que reciban la petición. En todo caso, habrá de solicitarse dictamen de la asesoría legal respectiva antes de dictar resolución, cuando ésta haya de afectar derechos subjetivos o intereses legítimos de los interesados. Si transcurrido el plazo señalado no se hubiere recibido el informe o dictamen solicitado, proseguirán las actuaciones hasta dictarse la resolución, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera haber incurrido el funcionario culpable de la omisión.

Artículo 73

Cuando hubiere de practicarse actuaciones fuera del lugar de su sede, el órgano competente para resolver librará a la municipalidad del lugar en que hayan de evacuarse, o cualquier otro órgano estatal de la jurisdicción, la correspondiente comunicación insertando los escritos, actos y explicaciones necesarias. Recibida la comunicación se cumplirá sin dilación y en la forma que se determine en la misma, dictándose solamente los actos necesarios para darle curso. Las comunicaciones serán firmadas por el secretario general, en el caso de la secretaría de Estado, por el funcionario designado al efecto, cuando el órgano competente fuere desconcentrado; y, por el secretario, o quien haga sus veces, en el caso de los órganos colegiados.

Artículo 74

La Administración apreciará libremente y en su conjunto el resultado de las pruebas, de acuerdo a las reglas dela sana crítica.

Artículo 75

Transcurrido el término probatorio y, en su caso, practicadas las diligencias a las que alude el párrafo segundodel artículo 69, de oficio se dará vista de las actuaciones a los interesados para que dentro del plazo común de diez (10) días, aleguen sobre todo lo actuado y sobre el valor y alcance de las pruebas producidas.

Capítulo IV - Desistimiento

Artículo 76

En cualquier momento la parte interesada podrá desistir de su petición. El desistimiento se formulará por escrito ante el órgano competente para resolver.

Artículo 77

En la resolución que se dicte aceptando el desistimiento se declarará concluso el procedimiento y se archivaránlas actuaciones, salvo que la cuestión planteada con el escrito de iniciación sea de tal naturaleza que, por afectar el interés general se estime conveniente proseguir con el procedimiento hasta su resolución, sin perjuicio del desistimiento efectuado. Cuando en el procedimiento se hubieren personado otros interesados, se les dará traslado de la petición, para que, en el plazo de tres (3) días, manifiesten si instan o no el procedimiento.

Artículo 78

Cuando fueren varios los que formularen el primer escrito, el desistimiento afectará solamente a los que lo hubieren solicitado, continuándose el procedimiento respecto de los demás.

Artículo 79

La aceptación del desistimiento no impedirá que posteriormente se plantee de nuevo igual pretensión, sin perjuicio de lo que corresponda en materia de prescripción. Cuando el desistimiento se refiera a los trámites de un recurso, el acto impugnado se tendrá por firme.

Capítulo V - Caducidad

Artículo 80

Se declarará la caducidad de la instancia cuando por causa imputable al interesado se hubiere paralizado unprocedimiento promovido por éste durante treinta (30) días, salvo que el órgano competente para resolver ejerza la potestad prevista en la parte final del primer párrafo del artículo 77.

Artículo 81

No procederá la declaración de la caducidad de la instancia, en los casos siguientes: Cuando no constare en el expediente que el interesado fue debidamente requerido para la aportación del documento o cumplimiento del trámite legalmente indispensable para la continuación del procedimiento, con apercibimiento de que de no cumplirlo dentro del plazo de quince (15) días, se declarará la caducidad de la instancia.Cuando el interesado cumpliere el trámite o requisito o justificare las causas que se lo impidan, antes de producirse la declaración de la caducidad de la instancia aunque hubiere transcurrido el plazo legal para acordarla.

Artículo 82

La declaración de la caducidad de la instancia no impedirá que el interesado ejerza sus pretensiones en un nuevoprocedimiento, pero la instancia caducada, no interrumpirá el plazo de prescripción.

Capítulo VI - Resolución

Artículo 83

La resolución pondrá fin al procedimiento y en su parte dispositiva se decidirán todas las cuestiones planteadaspor los interesados y cuantas del expediente resulten, hayan sido o no promovidas por aquellos.

Artículo 84

La resolución de todo procedimiento se notificará: En el plazo máximo de diez (10) días, contados a partir del día siguiente de la presentación del primer escrito,cuando lo solicitado se pueda resolver de plano, en el fondo; y,En el plazo máximo de sesenta (60) días, contados a partir del día siguiente de la notificación de la primera providencia, en los demás casos. No obstante lo anterior, las resoluciones podrán notificarse después de los plazos señalados por causas excepcionales debidamente justificadas, las cuales se consignarán en el expediente, mediante diligencia firmada por el titular del órgano competente para resolver.

Artículo 85

Vencidos los plazos señalados en el artículo anterior sin haberse notificado la decisión respectiva, el interesadopodrá exigir pronta resolución, y transcurridos ocho (8) días sin que ésta se hubiere producido, estimará denegada su petición, a fin de utilizar los recursos que procedan.

Artículo 86

El órgano que conozca de una impugnación a un acto presunto dictará las medidas oportunas para investigar lascausas que evitaron la resolución expresa y en el caso de no ser satisfactorias se incoará, por quien corresponda, expediente disciplinario contra el responsable de la omisión.

Capítulo VII - Notificaciones

Artículo 87

Las resoluciones se notificarán personal o electrónicamente en el plazo máximo de cinco (5) días a partir de sufecha; las providencias cuando perjudiquen a los interesados, en el plazo de dos (2) días.

Artículo 88

La notificación personal o electrónica se practicará mediante envío o entrega de copia íntegra del acto de que se trate. No habiéndose podido notificar personal o electrónicamente el acto dentro de los plazos establecidos en el artículo 87, la notificación se hará fijando en la tabla de avisos del despacho la providencia o parte dispositiva de la resolución.

Artículo 89

En la notificación se expresará, si el acto no pusiere fin a la vía administrativa, los recursos que contra el mismoprocedan, el órgano competente para resolver y el plazo para interponerlos.

Artículo 90

De la notificación se dejará constancia en el expediente, lo mismo que del lugar, día y hora de la misma,firmando el notificante, y en su caso, el notificado, si quisiere o pudiere firmar.

Artículo 91

Las notificaciones defectuosas surtirán, sin embargo, efecto a partir de la fecha en que se haga manifestaciónexpresa en tal sentido por el notificado o se interponga el recurso procedente.

Artículo 92

En las secretarías de Estado, las notificaciones se practicarán por la Secretaría General y en las direcciones generales cuando lo prevea la ley, en las dependencias de aquélla cuando radicaren en inmuebles distintos, en los órganos desconcentrados y en las entidades descentralizadas, por el funcionario designado al efecto.

Capítulo VIII - Ejecución de las resoluciones — Sección Preliminar

Artículo 93

Las resoluciones de los órganos de la Administración Pública se ejecutarán por los medios siguientes: Ejecución forzada sobre el patrimonio mediante el procedimiento de apremio;Ejecución subsidiaria; y,Cumplimiento forzoso.

Sección I - Ejecución forzada sobre el patrimonio mediante el procedimiento de apremio

Artículo 94

El procedimiento de apremio para ejecutar forzadamente las resoluciones contentivas de cantidades líquidas afavor de la Administración y a cargo de los administrados, que dicten los órganos administrativos, se regulará por lo dispuesto en esta sección.

Artículo 95

El procedimiento de apremio se inicia e impulsa de oficio en todos sus trámites, incluso en la fase en que intervienen los órganos judiciales.

Artículo 96

Dictada la resolución declarativa del crédito a favor de la Administración y habiendo adquirido el carácter defirme sin que el mismo haya sido satisfecho, se procederá a dictar la providencia de apremio.

Artículo 97

La providencia de apremio será emitida por el órgano que hubiere dictado la resolución; en las institucionesautónomas por el presidente, gerente o director, y en las municipalidades por el alcalde.

Artículo 98

En la providencia de apremio se deberá expresar que la resolución declarativa del crédito es firme y que aún noha sido cumplida voluntariamente, el concepto de importe de la misma y la indicación expresa de que se requiera al administrado deudor para advertirle que si no paga o consigna la cantidad adeudada dentro del plazo de veinticuatro (24) horas, se le embargarán los bienes suficientes para hacer efectivo el crédito.

Artículo 99

El requerimiento se practicará por el juzgado del domicilio del apremiado, previa comunicación que se libraráal efecto.

Artículo 100

Transcurrido el plazo concedido en el artículo 98 de la presente ley sin que el ejecutado hubiere pagado o consignado la cantidad exigida, el órgano que dictó la providencia de apremio decretará el embargo sobre los bienes propiedad de aquél.

Artículo 101

En la providencia de embargo se designarán los bienes sobre los que éste recaerá y se practicará por el juzgadodel domicilio del ejecutado o del lugar en que estuvieren situados los bienes y con arreglo a lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles. Cuando no se hubieren designado bienes o los designados no existieren, el embargo se practicará sobre los que presente el ejecutado o designe el ejecutor.

Artículo 102

Si el órgano competente constatare que los bienes embargados resultan insuficientes para cubrir la cantidadadeudada, podrá ampliarse el embargo a otros bienes del apremiado.

Artículo 103

El nombramiento de depositario recaerá sobre la persona que indique el órgano emisor de la providencia deembargo, o la que designe el ejecutor, la cual deberá tener su residencia en la localidad en donde se encuentren los bienes embargados. No obstante lo anterior podrá nombrarse depositario a personas que tengan su residencia en lugar distinto, previa justificación de tal circunstancia.

Artículo 104

En cualquier momento podrá el órgano administrativo competente ordenar a los depositarios la rendición decuentas y adoptar las medidas que estimen convenientes a fin de asegurar la mejor administración y seguridad de los bienes embargados, llegando, si fuere preciso a la remoción de aquéllos, en cuyo caso se procederá a nombrar otros directamente, notificándolo al juzgado que hubiere practicado el embargo.

Artículo 105

En todo lo no previsto en esta sección en relación a los deberes, obligaciones y derechos de los depositarios y enlo concerniente a la enajenación de los bienes embargados, se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil.

Artículo 106

En todos aquellos trámites judiciales a que se refieren los artículos precedentes y que requieran la comparecencia del Estado, asumirá la representación de éste la Procuraduría General de la República, investida de las facultades especiales del mandato judicial a que se refiere el Código Procesal Civil.

Sección II - Ejecución subsidiaria

Artículo 107

Se llevará a cabo la ejecución subsidiaria cuando se trate de obligaciones cuyo cumplimiento puede ser logradopor personas distintas del obligado, sea por la Administración directamente o por un tercero designado por ésta.

Artículo 108

Las costas de la ejecución serán a cargo del obligado y podrán serle cobradas de conformidad con lo dispuestoen la sección anterior.

Sección III - Cumplimiento forzoso

Artículo 109

Siempre que la ley lo autorice, cuando la obligación sea personalísima, de dar, de hacer o de tolerar o no hacerse procederá al cumplimiento forzoso.

Artículo 110

En los casos de cumplimiento forzoso la Administración obtendrá el concurso de la fuerza pública, utilizandola coacción dentro de los límites legales. En estos casos, la Administración también podrá decomisar bienes y clausurar establecimientos.

Artículo 111

No obstante lo anterior, cuando la obligación no se cumpla por el administrado y siempre que su naturaleza lopermita, la Administración podrá discrecionalmente, convertirla en daños y perjuicios cobrables mediante el procedimiento señalado en la sección primera de este capítulo.

Sección IV - Disposiciones comunes

Artículo 112

Cuando sea posible elegir entre diversos medios de ejecución, el órgano competente deberá escoger el menosoneroso y perjudicial de entre los que sean suficientes al efecto.

Artículo 113

Los medios de ejecución de las resoluciones serán aplicables uno por uno a la vez, pero podrán variarse antela resistencia del administrado si el medio anterior no ha surtido efecto.

Capítulo IX - Disposiciones generales

Artículo 114

En las cuestiones que puedan suscitarse en la aplicación de las normas del presente título, servirán de criteriointerpretativo las reglas indicadas en el primer párrafo, in fine,del artículo 19.

Artículo 115

Para evitar nulidades, la Administración señalará a la parte interesada los defectos de que adolezcan los actosproducidos por ésta y ordenará que se subsanen de oficio o por el interesado dentro de un plazo de tres (3) días.

Artículo 116

Los funcionarios responsables de la tramitación de los expedientes adoptarán las medidas que conduzcan a evitar todo entorpecimiento o demora por innecesarias diligencias.

Artículo 117

En el caso de advertir retrasos injustificados o defectos de tramitación e incumplimiento de los plazos legaleso reglamentarios durante el procedimiento, se podrá presentar queja ante el inmediato superior jerárquico del presunto responsable, de la que se dará traslado a éste para que dentro del plazo improrrogable de tres (3) días, informe sobre los extremos de la queja. El superior resolverá dentro de los cinco (5) días siguientes. La estimación de la queja se comunicará a la Contraloría General de la República para los efectos del artículo 153 de la presente ley y dará lugar a la incoación del respectivo expediente disciplinario contra el funcionario responsable de la infracción, hasta su conclusión.Contra la resolución que ponga fin a la queja no procederá recurso alguno.

Artículo 118

En cualquier momento los interesados podrán solicitar se les informe sobre el estado de la tramitación. Asimismo, podrán solicitar que se les extienda certificación de aquellos actos que ya hubiesen sido notificados y la Administración debe extenderlas sin dilación, excepto de aquellos actos a los cuales la ley atribuya carácter reservado o secreto.

Título IV - REVISIÓN DEL ACTO EN VÍA ADMINISTRATIVA

Capítulo I - Revisión de oficio

Artículo 119

La declaración de nulidad de los actos enumerados en el artículo 34, se hará de oficio y en cualquier momento, sin plazo, por el órgano que dictó el acto o por el superior, sin requerir dictamen previo.

Artículo 120

En los demás casos, la Administración, solamente podrá revisar de oficio sus propios actos que declaren o reconocen derechos, con arreglo a lo que disponen los artículos siguientes.

Artículo 121

El órgano que dictó el acto podrá anularlo cuando infrinja manifiestamente la ley, siempre que no aparezca firme y consentido. Podrá revocarlo o modificarlo cuando desaparecieren las circunstancias que lo motivaron o sobrevinieren otras que, de haber existido a la razón, el acto no habría sido dictado. También podrá revocarlo o modificarlo cuando no fuere oportuno o conveniente a los fines del servicio para el cual se dicta.

Artículo 122

El superior podrá anular, revocar o modificar de oficio los actos del inferior. Sin embargo, cuando el inferior tuviere atribuciones que la ley expresamente le confiere, el superior requerirá al inferior para que revise el acto y si éste omitiere su actuación sin motivo justificado podrá revisarlo, sin perjuicio de la responsabilidad en que incurra el inferior.

Artículo 123

La anulación, revocación y modificación de un acto solamente dará lugar a la reparación del daño efectivamente causado, cuando la misma esté prevista expresamente en la ley.

Artículo 124

Salvo disposición legal en contrario, la anulación producirá efecto desde la fecha del acto anulado; la revocacióny la modificación desde su fecha.

Artículo 125

Las potestades de anulación, revocación y modificación de oficio no podrán ser ejercidas cuando por prescripción de acciones, por el tiempo transcurrido u otras circunstancias, su ejercicio resultase contrario a la equidad, al derecho de los particulares o a las leyes.

Artículo 126

La Administración puede convalidar los actos anulables subsanando los vicios de que adolezcan, aún cuandose hubiere interpuesto recurso contra los mismos. El acto de convalidación producirá efecto desde su fecha. Si el vicio consistiera en incompetencia, la convalidación puede realizarse por el órgano competente cuando sea superior jerárquico del que dictó el acto. Los actos viciados por la falta de alguna autorización pueden ser convalidados mediante el otorgamiento de la misma por el órgano competente.

Artículo 127

El acto nulo que, sin embargo, contenga todos los requisitos constitutivos de otro distinto, podrá serconvertido en éste y producirá sus efectos, si en su caso, así lo consintiere el interesado.

Artículo 128

En cualquier momento podrán rectificarse los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que laenmienda no altere lo sustancial del acto o decisión.

Capítulo II - Revisión en vía de recurso — Sección I - Principios generales

Artículo 129

Las resoluciones, así como también los actos de carácter general, que la Administración hubiere comenzado adar aplicación, podrán impugnarse por los titulares de un derecho subjetivo o interés legítimo afectado por aquellos, utilizando los recursos que reconoce el presente capítulo. Las providencias serán susceptibles de impugnación solamente cuando imposibiliten la continuación del procedimiento o causen indefensión.

Artículo 130

Los recursos de apelación y reposición podrán fundarse en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, incluso el exceso de poder y la desviación de poder; y, cuando las resoluciones fueren dictadas en ejercicio de potestades discrecionales, en razones vinculadas a la oportunidad o conveniencia del acto impugnado.

Artículo 131

Los recursos se formularán con los requisitos que se contienen en los incisos a), b), c), y d) del artículo 61, indicándose, además, concretamente el acto que se recurra y los fundamentos de impugnación, y se ajustarán, en lo que fuere pertinente, a las solemnidades previstas en el título III. El error en la denominación de recurso por parte del recurrente no será obstáculo para su tramitación, siempre que resulte indudable la impugnación del acto administrativo.

Artículo 132

Derogado.

Artículo 133

Del escrito de recurso se dará traslado a los demás interesados si los hubiere, para que en el plazo de seis (6) días expongan cuanto estimen procedente.

Artículo 134

El órgano competente, de oficio o a petición de parte interesada, podrá disponer la producción de pruebacuando estimare que los elementos reunidos en las actuaciones no son suficientes para resolver el recurso.Producida la prueba se procederá en la forma establecida por el artículo 75.

Artículo 135

El órgano que resuelva el recurso decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados y cuantas se deriven del expediente: Confirmando, anulando, revocando o modificando la resolución o providencia impugnada, sin perjuicio de losderechos de terceros; o,Confirmando, reformando o derogando, total o parcialmente, el acto de carácter general impugnado, sin perjuicio de que subsistan los actos firmes dictados en aplicación del mismo. La decisión del recurso que derogue o reforme un acto de carácter general deberá publicarse en el diario oficial La Gaceta.

Artículo 136

No se podrán resolver por delegación, recursos de apelación o revisión contra actos dictados por el propio órgano a quien se ha conferido las facultades delegadas.

Sección II - Recurso de reposición

Artículo 137

Contra la resolución que se dicte en los asuntos de que la Administración conozca en única o en segunda instancia, procederá el recurso de reposición ante el órgano que lo hubiere dictado. La reposición podrá pedirse dentro de los diez (10) días siguientes al de la notificación del acto impugnado.

Artículo 138

La resolución del recurso se notificará diez (10) días después de la notificación de la última providencia, transcurrido dicho término se entenderá desestimado el recurso y quedará expedita la vía procedente. La resolución del recurso de reposición pondrá fin a la vía administrativa.

Sección III - Recurso de apelación

Artículo 139

El recurso de apelación se presentará ante el propio órgano que dictó el acto impugnado, y éste lo remitirá alsuperior para su decisión, junto con el expediente y su informe, en el plazo de cinco (5) días. El plazo para la interposición del recurso será de quince (15) días.

Artículo 140

Transcurrido un (1) mes desde la interposición del recurso sin que se hubiere notificado su resolución, se entenderá desestimado.

Sección IV - Recurso de revisión

Artículo 141

Contra las resoluciones firmes podrá interponerse recurso extraordinario de revisión cuando concurra alguna delas circunstancias siguientes: a) Que el acto se hubiese dictado con evidente y manifiesto error de hecho, que afecte a la cuestión de fondo, siempre que dicho error resulte plenamente demostrado de los documentos incorporados al expediente;b) Que después de adoptada la resolución aparezcan documentos decisivos ignorados por fuerza mayor al dictarse la resolución o de imposible aportación entonces al expediente;c) Que la resolución hubiera recaído en virtud de documento que al tiempo de adoptarse aquélla ignorase alguno de los interesados haber sido reconocido y declarado falso en sentencia judicial firme, o cuya falsedad dereconociese o declarase después;ch) Que habiéndose adoptado la resolución en virtud de prueba testifical fuesen los testigos condenadosen sentencia judicial firme por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvió a aquélla de fundamento; y,d) Que la resolución se hubiese dictado con prevaricación, cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta, y se haya declarado así por sentencia judicial firme.

Artículo 142

El recurso de revisión se interpondrá ante el secretario de Estado competente, dentro de los dos (2) años siguientes a la fecha de notificación de la resolución impugnada, en los supuestos a que se refiere la primera causa del artículo anterior. En los demás casos, el plazo será de dos (2) meses, contados desde el día en que hubieren sido descubiertos los documentos ignorados o desde que quedó firme la sentencia judicial.

Artículo 143

Si se estimase procedente el recurso, se declarará la nulidad total o parcial de la resolución impugnada, mandando que se practiquen de oficio las actuaciones que se procedan.

Artículo 144

La resolución del recurso se dictará dentro de los dos (2) meses siguientes a su interposición.

Artículo 145

También podrá interponer recurso de revisión el Procurador General de la República, en interés de la legalidadde la actividad administrativa.

Título V - RECLAMO ADMINISTRATIVO PREVIO A LA VÍA JUDICIAL

General

Artículo 146

No se podrá demandar judicialmente, en materia de Derecho privado, al Estado, a las instituciones autónomas y a las municipalidades, sin previo reclamo administrativo presentado ante el titular del órgano o de la entidad respectiva.

Artículo 147

El reclamo administrativo previo a la vía judicial se sustentará en los mismos hechos y derechos que se invocarán en la eventual demanda judicial.

Artículo 148

El reclamo administrativo deberá ser resuelto dentro del plazo de sesenta (60) días contados a partir de supresentación. Si la resolución es negativa o si ésta no se produce dentro del plazo señalado en el párrafo anterior, el interesado podrá incoar la acción correspondiente por la vía judicial.

Artículo 149

El interesado deberá presentar nuevamente el reclamo administrativo cuando no hubiere presentado lacorrespondiente demanda judicial dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación de la resolución negativa del reclamo, o en su caso, dentro del plazo de dos (2) meses contados a partir del vencimiento del plazo establecido en el artículo precedente.

Título VI - DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIAS

General

Artículo 150

Para la resolución de cuestiones no previstas expresamente en esta ley, serán de aplicación supletoria losprincipios generales del procedimiento administrativo y, en su defecto, las normas del Código Procesal Civil, siempreque no fueren incompatibles con el régimen establecido por la misma.

Artículo 151

Las infracciones a la presente ley se sancionarán con una multa de CIEN a MIL LEMPIRAS, (L100.00 a L1,000.00)atendiendo la gravedad de la falta, y se deducirán del sueldo mensual del infractor. El órgano competente para aplicar las multas será el superior jerárquico del responsable de la falta y de no hacerlo aquél los órganos de control competentes lo incluirán como reparos o ajustes en sus informes respectivos, tanto al infractor como al superior jerárquico responsable.

Artículo 152

Se deroga el libro segundo del Código de Procedimientos Administrativos de fecha cinco de abril de mil novecientos treinta y sus reformas.

Artículo 153

Los expedientes incoados antes de la vigencia de esta ley, se tramitarán y resolverán con arreglo a las disposiciones hasta ahora en vigor.

Artículo 154

La presente ley se publicará en el diario oficial La Gaceta y entrará en vigencia el uno de enero de mil novecientos ochenta y ocho. Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los veintiocho días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y siete.