El presente Reglamento, en cumplimiento del Artículo 21 O de la Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre, tiene como objeto la debida aplicación y la reglamentación general de la Ley Forestal. Arcas Protegidas y Vida Silvestre, así como el desarrollo de los principios en ella contenidos.

Cuando en los demás artículos de este Reglamento se refiera a la Ley, se entenderá que se hace referencia a la Ley Forestal. Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

El Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en adelante ICF, como autoridad competente en el sector, y los demás organismos integrantes de este último según dispone el artículo 13 de la Ley, orientarán sus actividades de acuerdo con los principios básicos y los objetivos del Régimen Legal Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Dichos principios y objetivos son aquellos previstos en los artículos 2 y 3 de la Ley.

Se entiende por Régimen Legal Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre el previsto en la Ley, el presente Reglamento y los demás reglamentos especiales que se emitan, y por las normas técnicas forestales y de áreas protegidas y vida silvestre que en su aplicación apruebe el ICF.

El Estado, por medio del ICF tendrá como funciones básicas las siguientes:

1. Administrar los recursos forestales de las áreas nacionales, garantizando su manejo racional y sostenible, incluyendo las áreas protegidas y la vida silvestre.
2. Regular y controlar los recursos forestales en las áreas privadas y municipales para garantizar la sostenibilidad ambiental.
3. Velar por el fiel cumplimiento de la normativa relacionada con la conservación de la biodiversidad, incluyendo las áreas protegidas y la vida silvestre.
4. Promover el desarrollo del sector forestal, áreas protegidas y vida silvestre en sus diferentes componentes, con énfasis en los sociales, económicos, ambientales y culturales, en un marco de sostenibilidad.
5. Dar cumplimiento a los objetivos de la Ley y del presente Reglamento.

Los recursos forestales, áreas protegidas y vida silvestre deberán manejarse y aprovecharse de manera racional y sostenible.

De acuerdo con lo anterior, los aprovechamientos forestales deberán realizarse bajo técnicas silviculturales que permitan la perpetuidad de los recursos y la eficiencia en su utilización, previniendo las pérdidas por el uso inadecuado, o su destrucción o degradación por prácticas incorrectas o contrarias a las normas técnicas que al efecto emita el ICF. Estos aprovechamientos deberán ser compatibles con la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y los recursos genéticos, teniendo en cuenta la reducción de la vulnerabilidad ambiental y antropogénica.

Lo dispuesto en el párrafo precedente se entiende sin perjuicio de las reglas especiales de manejo y aprovechamiento de las áreas protegidas y de la vida silvestre, sujetas también a reglas de racionalidad y sostenibilidad que dispongan los tratados y convenios internacionales ratificados por Honduras, el marco legal, reglamentario y normativo vigente.

Se entenderá que, en tanto no se exprese lo contrario en este Reglamento u otros que se emitan, los procedimientos aquí establecidos se deberán iniciar en las Oficinas Principales en el domicilio del ICF, de conformidad al Artículo 14 de la Ley.

De acuerdo con el Artículo 9 de la Ley, corresponden al sector público las funciones normativas, reguladoras, coordinadoras, supervisores y facilitadoras de las actividades de protección, manejo y aprovechamiento, transformación o industrialización y comercialización, en materia forestal. Son también funciones del sector público en dicha materia, la administración, desarrollo, recreación, investigación y educación en áreas protegidas. Para tales efectos se entiende que el sector público actuará por medio del ICF.

Al sector privado y al sector social de la economía les corresponden las funciones de Co-manejo de las áreas protegidas, mediante contrato con el ICF, y las actividades de protección, producción o aprovechamiento, manejo, transformación o industrialización y comercialización de los productos forestales, de acuerdo con las disposiciones de la Ley, del presente Reglamento y de las normas técnicas forestales que apruebe el ICF.

También corresponden al sector privado y al sector social de la economía, el ejercicio del derecho de acceso a la información y de la auditoría social sobre las diferentes actividades que se realizan en el sector forestal, de acuerdo con las leyes sobre la materia. Ambos sectores se regirán bajo principios de eficiencia, competitividad y sostenibilidad, sin perjuicio de lo dispuesto en la Constitución de la República.

El ICF es un ente desconcentrado, dependiente de la Presidencia de la República, con domicilio en la Capital de la República, con exclusividad en el ejercicio de la competencia que le atribuye la Ley, la cual ejerce con independencia técnica, administrativa y financiera. A través de las oficinas regionales y locales que formen parte de su estructura orgánica, el ICF tendrá presencia a nivel nacional.

De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 14 de la Ley, el ICF está facultado para dictar resoluciones y demás actos administrativos, celebrar contratos con terceros y comparecer ante los Tribunales de la República, todo ello en ejercicio de su competencia.

El ICF asume las funciones concernientes a la coordinación de las acciones relacionadas con la silvicultura que atribuía la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) el Artículo 80, numeral 7, del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo.

De igual manera, el ICF asume lo concerniente a la coordinación y evaluación de lo relacionado con los ecosistemas, el sistema nacional de áreas naturales protegidas y la protección de la vida silvestre, que se atribuía a la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) mediante el inciso h), del numeral I, del Artículo 84 y el Artículo 85, inciso a), del Reglamento de Organización. Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo.

En consecuencia, de acuerdo con los Artículos 14 y 18, inciso 2), de la Ley, corresponde al ICF, diseñar, formular, coordinar, dar seguimiento ejecutar y evaluar las políticas relacionadas con el Sector Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Para desempeñar sus funciones y para cumplir con los fines y objetivos de la Ley, el ICF está facultado para desarrollar planes, programas y proyectos y para crear las unidades administrativas, técnicas y operativas que fueren necesarias.

La dirección superior del ICF está a cargo del Director(a) Ejecutivo(a), nombrado por el Presidente de la República, con rango de Secretario(a) de Estado y con participación en el Consejo de Ministros.

Para el cumplimiento de sus funciones será asistido(a) por el(la) Subdirector(a) de Desarrollo Forestal y por el (la) Subdirector(a) de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, igualmente nombrados por el Presidente de la República, con las atribuciones establecidas en los artículos 19 y 20 de la Ley, respectivamente.

Para cumplir con su mandato de presencia a nivel nacional y con los postulados de desconcentración geográfica, el ICF creará Oficinas Regionales y Locales, cuyos(as) jefes(as) deberán cumplir con los requisitos siguientes:

1. Ser profesional forestal, con grado universitario o técnico de nivel superior en las ciencias forestales, áreas protegidas o vida silvestre;
2. No haber sido condenado por falta o delito contra la administración pública ni denunciado oficialmente por el Ministerio Público, por infracciones, faltas o delitos ambientales;
   Para acreditar este extremo, el candidato deberá presentar la respectivas Constancias de Antecedentes Policiales y Judiciales, extendidas por la autoridad competente.
3. Acreditar su honorabilidad personal y profesional con los atestados correspondientes, para lo cual bastará la declaración jurada de dos profesionales forestales debidamente colegiados y habilitados por sus respectivos colegios profesionales para ejercer su profesión.
4. No dedicarse al rubro de la industria primaria o secundaria de la madera, en el nivel de propietario, accionista, gerente o administrador, extremo que deberá ser acreditado mediante declaración jurada, autenticada por Notario Público.

El (la) Director (a) Ejecutivo (a) tiene a su cargo la administración y representación legal del ICF, con las funciones y atribuciones previstas en los Articulo 17 y 18 de la Ley.

De conformidad con lo establecido en los artículos 19, inciso 15), y 20, inciso 16), de la Ley, corresponde a las Subdirecciones del ICF representar al Director Ejecutivo del ICF en su ausencia, de conformidad a las reglas establecidas en la Ley General de la Administración Pública.

Los Consejos Consultivos a que se refiere la Ley y que poseen atribuciones operativas, podrán establecer dentro de su integración mediante su reglamentación interna, comités ad hoc para ejecutar dichas atribuciones.

El ICF apoyará presupuestariamente al Consejo Consultivo Nacional. Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

El apoyo presupuestario para los demás Consejos Consultivos los otorgará el ICF a través de las Oficinas Regionales y Locales, según corresponda para lo cual deberán hacer su solicitud por escrito al Jefe Regional o Local y el mismo puede ser en especies o en numerario, en la medida de sus posibilidades.

Dentro de la medida de las posibilidades a que se hace referencia en el párrafo tercero del Artículo 21 de la Ley, el apoyo presupuestario se otorgará acorde a las condiciones de la solicitud y los fines del apoyo.

Para fines de transparencia, la acreditación ante los Consejos Consultivos es obligatoria y se hará ante el órgano que los instala.

Los representantes de organizaciones del sector privado y del sector social de la economía, durarán en su cargo dos años, sin perjuicio de que puedan ser removidos por sus representados antes del término antes indicado o bien re-electos.

El ICF no pagará dictas a los miembros de los Consejos Consultivos.

Todos los Consejos Consultivos a que se refieren la Ley y este Reglamento deberán inscribirse en el Registro de Consejos Consultivos que llevará el ICF para tales propósitos, sin perjuicio del registro municipal que ordena la Ley a estos efectos y que deberá reglamentarse bajo las facultades que la Ley de Municipalidades les otorga.

El ICF no reconocerá ningún Consejo Consultivo que no esté inscrito en el Registro de Consejos Consultivos.

Los representantes del ICF ante cada Consejo Consultivo serán responsables de la inscripción de ese Consejo en el que participen ante el Registro correspondiente, con excepción de los Consejos Consultivos Comunitarios, que será responsabilidad de los Jefes de las Oficinas Locales con jurisdicción en el área, sin perjuicio de que la inscripción de que se trata la puedan llevar a cabo los interesados.

El quorum para la válida instalación de las reuniones de los Consejos Consultivos será el de la simple mayoría de sus integrantes.

Los Consejos Consultivos, de conformidad a su normativa interna, podrán invitar a sus reuniones a personas naturales o jurídicas las que asistirán con voz, pero sin voto.

De todo lo discutido y acordado en cada una de las reuniones de cada Consejo Consultivo, se levantará un acta que suscribirán los presentes, cuyos originales se deberán inscribir en el Registro de Consejos Consultivos para los efectos pertinentes.

Se deberá hacer constar en el acta el carácter de la reunión y, de ser ésta extraordinaria, se expresara en la misma las razones de su convocatoria.

El ICF elaborará la propuesta tic Reglamento Interno del COCONAFOR para su aprobación por dicho Consejo.

Los representantes ante el COCONAFOR de los diferentes Consejos Consultivos Departamentales, serán electos en sus asambleas Departamentales de conformidad a las disposiciones de su reglamentación interna.

Los Consejos Consultivos Departamentales Forestales. Áreas Protegidas y Vida Silvestre se regirán por lo dispuesto en la Ley, en este Reglamento y su reglamentación interna.

Los Consejos Consultivos Municipales Forestales. Áreas Protegidas y Vida Silvestre, estarán integrados de acuerdo con el Artículo 26 de la Ley.

Se invitará a las reuniones del Consejo al representante de la(s) etnia(s) que tuviere(n) presencia en el municipio.

Los Consejos Consultivos Municipales Forestales. Áreas Protegidas y Vida Silvestre, podrán asociarse en mancomunidades acorde a las disposiciones de la Ley de Municipalidades y sus convenios de asociación deberán inscribirse, en el Registro de Consejos Consultivos, con el fin de cumplir con los objetivos de la participación ciudadana bajo el Régimen Forestal.

Los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales. Áreas Protegidas y Vida Silvestre se establecerán en función de áreas forestales, de áreas protegidas o de presencia de vida silvestre identificadas de común acuerdo por el ICF y la comunidad misma.

Los Consejos Consultivos mencionados en el Artículo 30 precedente podrán asociarse y sus convenios de asociación deberán inscribirse en el Registro de Consejos Consultivos, con el fin de cumplir con los objetivos de la participación ciudadana bajo el Régimen Forestal.

El ICF, en colaboración con la Corporación Municipal respectiva, promoverá y apoyará a las comunidades en la organización de la primera reunión del respectivo Consejo Consultivo Comunitario Forestal. Áreas Protegidas y Vida Silvestre, explicándoles las disposiciones relevantes de la Ley, especialmente las que se refieren a la participación comunitaria en las actividades de conservación o protección forestal y los derecho y obligaciones individuales o comunitarios que derivan del manejo y aprovechamiento forestal y demás actividades asociadas.

En esa primera reunión los participantes elegirán su forma de organización c integración, así como a sus representantes.

En la organización de los Consejos Consultivos Comunitarios Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, se deberá observar lo siguiente:

1. Estos Consejos estarán integrados por organizaciones de base de cada comunidad, debidamente reconocidas por la Corporación Municipal correspondiente.
2. Su organización y funcionamiento se regirá por el Reglamento interno, que será elaborado con el apoyo del ICF y. en su caso, de la Corporación Municipal, en el que determinarán, entre otras cosas, el número máximo de sus integrantes.
3. Dichos Consejos se constituirán en aquellas comunidades que viven en o alrededor del área de manejo, reconociendo la división política.
4. Cada Consejo deberá elaborar un plan de trabajo anual, pudiendo prestar asistencia técnica el ICF, la Corporación Municipal correspondiente u otros organismos. Dicho plan deberá ser autoevaluado cada seis meses y anualmente se evaluará de manera conjunta por el ICF, la Corporación Municipal y, en su caso, incluyendo a los organismos cooperantes vinculados, con el objeto de conocer avances o logros y reorientar sus acciones si fuere necesario.
5. Por área forestal, área protegida o presencia de vida silvestre identificada de conformidad al Artículo 30 precedente, no habrá más de un Consejo Consultivo Comunitario.

El Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (SINFOR) es una instancia para desarrollar investigación forestal, científica y aplicada, así como técnicas mejoradas sobre aspectos forestales, áreas protegidas y vida silvestre, involucrando para este efecto, a los organismos municipales de desarrollo y otras organizaciones con capacidad para sustentar actividades de investigación forestal. Estará integrado de conformidad al Artículo 30 de la Ley.

SINFOR podrá invitar, con carácter de observadores, a los organismos o instituciones internacionales relacionadas con la materia forestal, áreas protegidas y vida silvestre, buscando su integración en los sistemas regionales y universales de investigación.

Además, mediante solicitud o por invitación, se podrán integrar al SINFOR, otros centros de educación superior, tanto del sector público como privado, que como parte de sus actividades realicen investigación o capacitación en materia forestal, incluyendo las áreas protegidas y la vida silvestre o el ambiente en general.

Igualmente, como invitados especiales, con derecho a voz pero sin voto, podrán solicitar su integración al SINFOR, las organizaciones privadas no académicas o cualquier instancia formal, que tengan el componente de investigación en cualquiera de las disciplinas relacionadas con áreas forestales, áreas protegidas o vida silvestre.

El Director (a) de la Escuela Nacional de Ciencias Forestales deberá convocar a la primera reunión del Sistema, para su constitución formal, establecer su estructura interna, las modalidades de su funcionamiento y la planificación de actividades de corto, mediano y largo plazo.

Después de su primera sesión, el SINFOR se reunirá dos veces al año, en los meses de mayo y octubre, respectivamente; las convocatorias serán giradas, con al menos siete días de anticipación, por el Director (a) de la ESNACIFOR o su representante ante el SINFOR.

En la planificación de las actividades de investigación se tomarán en cuenta los compromisos derivados de los tratados o convenios internacionales suscritos por el Estado que tengan relación con la materia forestal, o de áreas protegidas y vida silvestre, así como los lineamientos de investigación previstos en las políticas nacionales sobre estas materias.

Cuando la investigación involucre o afecte de alguna manera a pueblos indígenas o afro-hondureños, o a comunidades locales, se deberán respetar sus prácticas tradicionales y culturales y en lodos los casos, se deberá dar oportunidad para que estos colectivos participen en el diseño, desarrollo y distribución de los beneficios de los proyectos de investigación.

Como coordinador del SINFOR, la ESNACIFOR podrá realizar las acciones que fueren necesarias para el logro de los objetivas del Sistema, incluyendo la suscripción de convenios con terceros previa aprobación de la mayoría calificada de sus miembros.

Para apoyar el funcionamiento del SINFOR, el ICF procurará que en los proyectos que se ejecuten bajo su administración, se tomen las previsiones presupuestarias para contribuir al financiamiento de las actividades principales del Sistema. No obstante, la ESNACIFOR y los demás organismos integrantes deberán procurarse los recursos necesarios para su sostenibilidad.

El Comité Nacional de Protección Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en adelante CONAPROFOR, de conformidad al Artículo 142 de la Ley, estará encargado de coordinar y facilitar la ejecución de los planes contra incendios, plagas, enfermedades y otros.

El CONAPROFOR será apoyado por los Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre Departamentales. Municipales y Comunitarios que se integren a partir de la Ley Forestal. Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

De conformidad con lo dispuesto en la LeyForestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, son funciones del CONAPROFOR:

1. Coordinar y facilitar la ejecución de los planes contra incendios, plagas, enfermedades y otros.
2. Brindar el apoyo político necesario para la aplicación de políticas y estrategias de protección forestal y manejo integral del fuego que permitan enfrentar los procesos de deterioro ambiental y del cambio climático;
3. Desarrollar en coordinación con el SINFOR. una capacidad nacional para enfrentar los incendios, plagas y enfermedades forestales c implementar prácticas de manejo integral del fuego;
4. Sugerir acciones de prevención contra los efectos dañinos de los incendios, plagas y enfermedades forestales a los diferentes estamentos de la sociedad c involucrarlos en el proceso;
5. Coordinar el cumplimiento de los convenios y de los tratados internacionales sobre protección forestal, manejo integral del fuego y el cambio climático, en especial, de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre la materia, e informar a los diferentes sectores de la sociedad, sobre las posibilidades de acceso a la ayuda internacional existente en este ámbito;
6. Proponer y desarrollar programas de difusión y educación estableciendo mensajes en común sobre los problemas del incendios, plagas y enfermedades forestales, así como el manejo integral del fuego;
7. Coordinar las acciones en materia de protección forestal y manejo integral del fuego, con aquellas relacionadas con biodiversidad, desertificación y en general, con temas ambientales globales;
8. Crear, a lo interno de las instituciones que lo conformare los grupos de trabajo sectoriales e intersectoriales para análisis de la evolución de los planes de protección y manejo integral del fuego;
9. Conformar las delegaciones nacionales sobre el tema de protección forestal y manejo integral del fuego a los foros internacionales;
10. Promover el establecimiento de redes regionales de aprendizaje para conocimiento de los procesos sobre protección forestal y manejo integral del fuego;
11. Aprobar anualmente el proyecto presupuestario, el plan operativo e informe de ejecución presupuestaria preparados por la Secretaria Técnica;
12. Difundir en todos los ámbitos públicos y privados del país, las resoluciones del Comité Nacional de Protección Forestal. Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CONAPROFOR);
13. Realizar el seguimiento y la evaluación de las actividades cumplidas y rectificar los procedimientos cuando fuera menester,
14. Declararen el país, zonas de riesgo y peligro de plagas e incendios, las cuales incluirán los terrenos agrícolas, ganaderos o forestales, sean de propiedad pública o privada. Esta declaración será publicada y divulgada a través de distintos medios de difusión,
15. Ejercer las demás funciones y actividades específicas que le correspondan en el cumplimiento de las prioridades nacionales en la materia, de los compromisos establecidos por la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, y las que se le asignen en el reglamento.
16. Coordinar lo relativo a la gestión de convenios y delegaciones a nivel internacional, con el Ministerio de Relaciones Exteriores.
17. Coordinar la colaboración de los diferentes integrantes del CONAPROFOR y otros actores principales para el financiamiento de campañas educativas y otras orientadas a la concientización de la población.

Son funciones de la Presidencia del CONAPROFOR:

1. Representar legalmente al Comité Nacional de Protección Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CONAPROFOR);
2. Convocar a los miembros del Comité Nacional de Protección Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CONAPROFOR) a sesiones ordinarias y extraordinarias, definiendo la agenda y orden del día a tratar;
3. Vigilar y propiciar el cumplimiento de las funciones del CONAPROFOR. en acción coordinada con la Secretaría Técnica;
4. Coordinar la preparación del Plan Nacional de Protección Contra Incendios Forestales y el Plan Nacional de Control de Plagas y Enfermedades Forestales con la participación del sector público, privado y social civil en general;
5. Conformar, conjuntamente con la Secretaria Técnica los Grupos de Trabajo que creara el CONAPROFOR;
6. Suscribir los Acuerdos. Convenios o documentos que sean pertinentes con las Instituciones que actuarán como coordinadoras de los grupos de trabajo;
7. Otorgar, como Autoridad Nacional, el aval oficial a proyectos relacionados con la protección forestal, bajo el procedimiento aprobado por el CONAPROFOR;
8. Informar en el seno del Comité Nacional de Protección Forestal. Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CONAPROFOR) sobre todas las acciones, planes y programas que se ejecuten; y,
9. Suscribir conjuntamente con la Secretaría Técnica las actas de cada sesión del Comité Nacional de Protección Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CONAPROFOR).

Son funciones de los Miembros del CONAPROFOR:

1. Actuar con voz y voto en las deliberaciones del CONAPROFOR;
2. Apoyar el cumplimiento de las funciones del CONAPROFOR;
3. Contribuir en la búsqueda de (mandamiento para los Planes Operativos del CONAPROFOR;
4. Proponer temas para el tratamiento del CONAPROFOR;
5. Presidir Comisiones y/o grupos de trabajo intersectoriales por disposición del Presidente del CONAPROFOR; y.
6. Representar al CONAPROFOR a pedido y/o por ausencia de la Presidencia.

El CONAPROFOR sesionará ordinariamente cada tres (3) meses de acuerdo a la convocatoria que realice el (la) Presidente y. extraordinariamente, a petición de al menos cuatro de sus integrantes.

En la convocatoria deberá constar, lugar, día, hora, fecha y orden del día de la sesión, y se enviará con al menos siete días hábiles de anticipación y con los documentos de respaldo de cada punto del orden del día.

El quórum necesario para la instalación de las reuniones será la mitad más uno de los integrantes para las sesiones ordinarias y de las tres cuartas partes para las reuniones extraordinarias.

Las resoluciones se tomarán por decisión de la mitad más uno de los asistentes, en caso de empate el Presidente tiene voto dirimente. Las resoluciones se podrán apelar, por escrito, en los cinco días posteriores, y serán resueltas por el CONAPROFOR en una sesión convocada exclusivamente para tratar ese punto.

La Secretaría Técnica del CONAPROFOR llevará un registro de todas las sesiones, elaborará actas y boletines de resoluciones, los cuales serán distribuidos en los cinco días hábiles posteriores a la realización de la sesión para conocimiento de sus miembros. La aprobación del Acta se la realizará en la siguiente sesión, procediendo a suscribirla por parle de la Presidencia y Secretaría pira luego distribuirla entre los miembros del CONAPROFOR; así como, para su registro y archivo.

La Secretaría Técnica del Comité Nacional de Protección Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (CONAPROFOR) será electa entre los miembros del Comité por mayoría simple de votos y durará un año en sus funciones.

Son funciones de la Secretaría Técnica:

1. Apoyar a la Presidencia del CONAPROFOR en el cumplimiento de sus funciones específicas;
2. Cumplir con las funciones propias de Secretaria, incluidas las siguientes:
   1. Llevar las actas y la documentación del CONAPROFOR;
   2. Citar a los miembros;
   3. Llevar la correspondencia del CONAPROFOR; y.
   4. Certificar las copias de los documentos del CONAPROFOR;
3. Realizar el seguimiento de las decisiones de conformación y coordinación de los Grupos de Trabajo, la preparación de los planes operativos generales y específicos;
4. Establecer un sistema de comunicación y divulgación de información sobre Protección Forestal y Manejo Integral del Fuego;
5. Coordinar en la organización de conferencias, seminarios, talleres y eventos nacionales para la divulgación de la temática del Protección Forestal, Manejo Integral del Fuego y afines;
6. Presentar el Anteproyecto de Presupuesto Anual y el Plan Operativo, referente a los gastos a realizarse con cargo a la partida para atender los compromisos del CONAPROFOR. para ser aprobada por el Comité; y, presentar a la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) para su inclusión en el Presupuesto General del Estado; y,
7. Preparar, para aprobación del CONAPROFOR, el informe de ejecución presupuestaria debidamente auditado; así como, el de cumplimiento del Plan Operativo Anual.

Las políticas y estrategias definidas por el CONAPROFOR serán de cumplimiento obligatorio para todos los organismos públicos y privados de la República.

Para atender los gastos del CONAPROFOR, en el Presupuesto General de la República se establecerá, cada año, una partida no inferior a ciento cincuenta salarios mínimos en su categoría más alta cuyos fondos serán transferidos por SF.FIN, a la cuenta creada para ese efecto por el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal. Arcas Protegidas y Vida Silvestre, por ser la Presidencia del CONAPROFOR.

En lo demás relacionado con el CONAPROFOR, se estará a lo dispuesto en el Capítulo II del Título VI de este Reglamento.

La administración y operación de cada uno de los Fondos a que se refiere este Capítulo estará a cargo de una Junta Administradora, integrada por representantes de los sectores público, privado y social de la economía, la que actuará sujeta a su respectivo Plan Operativo Anual, donde se determinarán las prioridades, procedimientos y montos a invertir, tomando en cuenta las políticas) estrategias en función del interés social y los objetivos de la Ley.

La aprobación del financiamiento de los programas y proyectos de desarrollo forestal, áreas protegidas y vida silvestre se hará por las Juntas Administradoras de cada Fondo, cuy as decisiones se adoptarán por simple mayoría. En caso de empate el Presidente tendrá derecho a voto de calidad.

De comprobarse la existencia del quorum de la reunión, las decisiones que en ella se tomen serán válidas por simple mayoría de los miembros que estén presentes.

Las reuniones de cada una de las Juntas Administradoras se harán en las Oficinas del ICF, sin perjuicio de que, por la decisión de la mayoría de sus miembros o por fuerza mayor, se puedan realizar en otro sitio.

El Director (a) Ejecutivo (a) del ICF, convocara a las reuniones de cada uno de los Fondos a los que se refiere el Artículo 35 de la Ley.

En cuanto a la Presidencia de la Junta Administradora del Fondo de Reinversión Forestal y Fomento a Plantaciones en ausencia del (la) Secretario(a) de Estado, se estará lo que la Ley ordena.

Los miembros de la Junta Administradora del Fondo de Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones, deberán acreditar de manera formal el carácter con que comparecen, así como la capacidad de sus suplentes, en el caso que corresponda.

Para el caso de los miembros de la Junta Administradora del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, la capacidad de comparecencia de los representantes institucionales a los que se refiere el Artículo 42 de la Ley, deberá ser formalmente acreditada, así como la capacidad de sus suplentes, en el caso que corresponda.

Los representantes que integren las Juntas Administradoras de cada uno de los Fondos, deberán ser del nivel ejecutivo y tener alta relación con la temática del Fondo en referencia.

Los (as) sectores privado, organizaciones no gubernamentales o sector social de la economía mencionadas en los Artículos 38 y 42 de la Ley, deberán acreditar un representante titular y su respectivo suplente con las mismas cualidades que las expresadas en el párrafo primero de este Artículo.

Todos los integrantes, así como, en su caso, sus suplentes, deberán ser formalmente acreditados ante el ICF.

Salvo por lo dispuesto en el inciso 1) de los Artículos 38 y 42 de la Ley, quien esté formalmente acreditado ante la Junta Administradora del Fondo para la Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones, no lo podrá estar ante el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

Los miembros no gubernamentales ante el Consejo Consultivo Nacional Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre no podrán ser representantes de este colectivo ante la Junta Administradora de cada uno de los Fondos.

La Junta Administradora de cada uno de los Fondos se reunirá una vez cada tres (3) meses en forma ordinaria y extraordinariamente a solicitud de al menos, cuatro (4) de sus miembros, o por el Presidente, cuando lo estime necesario. Los integrantes serán convocadas con al menos siete (7) días de anticipación, por el o la Titular del ICF.

En el mes de octubre de cada año la Junta Administradora de cada Fondo presentará una Memoria Anual a las instituciones que la conforman y a la ciudadanía en general, desglosando sus principales acciones así como la inversión realizada en el financiamiento de programas y proyectos.

Esta información estará disponible en la Unidad de Transparencia Institucional y en el portal electrónico del ICF.

El ICF deberá incluir en su Presupuesto Antial las partidas requeridas para apoyar las acciones planificadas por las Juntas Administradoras de cada uno de los Fondos.

Sin perjuicio de la programación que tenga el Tribunal Superior de Cuentas, el ICF, solicitará cada tres (3) años, a dicho Tribunal una auditoría de la ejecución de los fondos que el Estado ha desembolsado para la realización de los programas y proyectos financiados con recursos de cada Fondo, de conformidad a lo establecido en su Ley Orgánica.

Lo anteriores independiente a las auditorias exigidas por las entidades financieras que coloquen recursos en los Fondos.

Se reconoce el derecho de los particulares de accederá la información, sobre la ejecución, desarrollo y logros de los diferentes programas y proyectos beneficiados por los Fondos a que se refiere este Capítulo, de conformidad al marco legal vigente al efecto.

Las Corporaciones Municipales podrán solicitar al ICF, a través de sus Juntas Administradoras el financiamiento en cualquiera de los Fondos, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en sus Manuales Operativos. Con el fin de desarrollar programas y proyectos municipales de manejo forestal o. bien, de manejo de conservación de áreas protegidas y/o vida silvestre.

Los miembros de la Junta Administradora ejercerán sus funciones con absoluta independencia de criterio y bajo su responsabilidad, dentro de las leyes y reglamentos aplicables. Serán solidariamente responsables de los daños y perjuicios que causen al Estado, a los Fondos y a terceros por acción u omisión y actos ilegales en que incurran en el ejercicio de sus cargos. Quedarán exentos de responsabilidad los miembros de la Junta Administradora que hubiesen hecho constar su voto disidente.

Los aspectos operativos del Fondo para la Reinversión Forestal y el Fomento de Plantaciones, en tanto no se emita la reglamentación especial que ordena la Ley, y en lo aplicable, serán desarrollados de conformidad en lo establecido en la Ley y en el presente Capítulo.

El Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, para efectos de esta Sección El Fondo, tiene como objetivo general el financiamiento de los programas y proyectos de inversión para el manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre mediante lasaña administración del fondo patrimonial establecido por el Estado a esos efectos y la captación y administración de los demás recursos que se perciban con ese fin y, de acuerdo con la Ley, conforme a las directrices del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras (SINAPH).

Se entenderá por programas y proyectos de inversión para el manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre a aquellos cuyos objetivos serán enfocados a lograr la implementación de las actividades consideradas en los planes de manejo y los planes operativos elaborados para cada área o para cada especie objeto de atención, procurando que el resultado de dicha inversión atienda la necesidad de la sostenibilidad del área, y la salud de las poblaciones de vida silvestre, respectivamente.

Son objetivos específicos del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre los siguientes:

1. Promover la conservación y manejo de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre, en especial la que se considera prioritaria de acuerdo al SINAPH;
2. Contribuir a la sostenibilidad financiera y al fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras:
3. Estimular la participación de las Corporaciones Municipales y Organizaciones de la sociedad civil en el manejo compartido de las áreas protegidas;
4. Establecer mecanismos idóneos para canalizar recursos intentos y externos destinados a la conservación y manejo de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre;

Para el cumplimiento de sus objetivos, el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre podrá ser utilizado para financiar total o parcialmente programas y provectos destinados a la conservación y manejo de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre, favoreciendo el manejo sostenible de los recursos con el fin de incrementar el desarrollo económico nacional, la conservación de los recursos naturales y el mejoramiento del ambiente.

Para la promoción de programas o proyectos en Áreas Protegidas y Vida Silvestre el Fondo podrá disponer de recursos provenientes de su propio capital y de las aportaciones y financiamiento de países donantes, de entidades privadas, agencias internacionales, organizaciones multilaterales y otros fondos confiados en administración financiera.

Para la suscripción de los Contratos de Co­administración con organizaciones o instituciones especializadas para el manejo de programas o proyectos en Áreas Protegidas y Vida Silvestre a que se establece el artículo 41 de la Ley, se estará a los que se establece en la Ley de Contratación del Estado.

Son funciones de la Junta Administradora del Fondo:

1. Elaborar y aprobar el Presupuesto Anual, Plan Operativo, Memoria y Estados Financieros del Fondo.
2. Asesorar y autorizar al Director (a) Ejecutivo (a) del ICF para que suscriba Contratos de Coadministración con instituciones u organizaciones especializadas para el manejo de programas y proyectos en las Áreas Protegidas y Vida Silvestre con recursos del Fondo.
3. Aprobar el financiamiento de programas y proyectos y asignación de recursos.
4. Aprobar las políticas de crédito y financiamiento para ejecución del Fondo.
5. Aprobar y modificar Reglamentos, Manuales e Instructivos necesarios para el funcionamiento del Fondo.
6. Velar por el cumplimiento de los objetivos del Fondo vigilando la debida administración de sus recursos.
7. para que suscriba Contratos de administración, mediante la figura de Fideicomiso u otro mecanismo, con una institución bancaria debidamente autorizada por la Comisión Nacional de Banca y Seguro a ese efecto por el total o parte de los fondos.
8. Autorizar al Director (a) Ejecutivo (a) del ICF para que suscriba convenios de financiamiento y cooperación para el fortalecimiento del Fondo.
9. Conocer y evaluar la administración del Fondo y lomar las medidas que considere pertinentes.
10. Contratar servicios de auditoría sobre la administración del Fondo así como de proyectos y programas ejecutados con recursos del Fondo.

Son atribuciones de los integrantes de la Junta Administradora:

1. Participar con voz y voto en las reuniones de la Junta Administradora, ya sea aprobando o disintiendo.
2. Exigir que su voto razonado se consigne en el acta respectiva.
3. Participar en actividades nacionales c internacionales relacionadas con el financiamiento de áreas protegidas y vida silvestre por delegación del Presidente de la Junta Administradora.

El aporte inicial del Gobierno y las demás aportaciones que en lo sucesivo se hagan a favor del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre, se destinaran exclusivamente para inversiones en la conservación y manejo de las Áreas Protegidas y Vida Silvestre, conforme a las directrices del SINAPH.

El ICF como representante legal del Fondo podrá celebrar Contratos de administración o Coadministración, para ejecutar programas y proyectos con recursos del Fondo con: Corporaciones Municipales, Organizaciones no Gubernamentales. Instituciones Gubernamentales, y personas naturales dedicadas a la protección y conservación de Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

En los Contratos que se celebren, se deberá establecer que los reclusos asignados por el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre responderán a los ejes temáticos prioritarios previamente identificados, conforme al Plan Operativo Anual del Fondo y las directrices del SINAPH.

Cuando los recursos a ser utilizados para financiar las actividades del Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre provengan de fuentes externas, sean estos aportaciones no reembolsables o financiamientos, la modalidad de uso de los recursos se regirá por las normas generales de administración del Fondo establecidos en el Plan Operativo Anual que corresponda, o por las estipulaciones de los Convenios que se suscriban a tal efecto.

Los recursos del Estado incluidos en el Fondo para el Manejo de Áreas Protegidas y Vida Silvestre serán fiscalizados por los entes que regulan las finanzas públicas y cuando los recursos provengan de fuentes privadas, se convendrá con los donantes o proveedores el tipo de auditoría a practicar, incluyendo la posibilidad de efectuar auditorías externas internacionales para las diversas cuentas.

Lo anterior es sin perjuicio de lo dispuesto sobre la jurisdicción de los órganos contralores del Estado.

Toda solicitud de financiamiento a programas o proyectos por parte del Fondo se deberá presentar ante el Director (a) Ejecutivo (a) del ICF en su calidad de Presidente de la Junta Administradora del Fondo.

La asignación de los recursos financieros del Fondo para la ejecución de programas o proyectos en el marco de los artículos 40 y 44 de la Ley no serán restrictiva.

La Junta Administradora será la encargada de la aprobación del financiamiento, cuyo Contrato será suscrito por el o la Titular del ICF.

Ante la ausencia de prioridades de financiamiento dentro de las directrices del SINAPH, se estará, por su orden, a las siguientes:

1. Las que se encuentren priorizadas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y Vida Silvestre y su Plan Operativo Anual correspondiente;
2. Las que son manejadas por las Corporaciones Municipales en forma directa;
3. Las que son manejadas por organizaciones o personas naturales que han suscrito Convenios de Co-manejo con el ICF al tenor de la Ley;
4. Las reservas naturales privadas registradas en el SINAPH;
5. La compensación o pago por la prestación de servicios ambientales generados por las áreas protegidas de conformidad a los estudios de valoración económica que deberán ser realizados por el ICF a través del SINFOR.

Una vez seleccionado el programa y proyecto y el ejecutor, se celebrará, previa aprobación de la Junta Administradora, a un Contrato entre éste y el ICF.

El ICF, con la aprobación de la Junta Administradora, definirá en su Manual Operativo los requisitos para ejecutar programas y proyectos financiados con recursos del Fondo.

Las entidades que ejecuten programas y proyectos con recursos del Fondo utilizaran una cuenta bañe aria exclusiva para la operación del proyecto, debiendo reportar en los estados financieros los intereses devengados por tales depósitos si fuera el caso.

En consecuencia con lo anterior el Contrato deberá determinar los momentos, tiempos y modos de auditar la ejecución del programa y proyecto respectivo.

Las auditorías serán financiadas por el ejecutor del proyecto.

La auditoría deberá ser realizada por firmas autorizadas de la lista de proveedores de servicios del Estado, que demuestren capacidad para evaluar los proyectos que financie el Fondo.

El primer desembolso del financiamiento a los programas y proyectos se realizará al momento de la firma del Contrato y no podrá ser mayor al 20% del financiamiento solicitado.

Para los siguientes desembolsos será necesario que los ejecutores presenten informes de avance, de conformidad a lo establecido en los Contratos, los cuales deben ser verificados y aprobados previos al siguiente desembolso.

Los ejecutores de programas y proyectos financiados con recursos del Fondo a que se refiere esta subsección, deberán elaborar conciliaciones bancarias mensuales, que formarán parte de los informes de avance.

Los documentos contables y bancarios deberán ponerse a disposición de la Junta Administradora cuando esta así lo requiera pero este requerimiento no podrá hacerse sino en intervalos de tiempo que representen al menos el veinticinco por ciento (25%) del tiempo de ejecución del programa y proyecto que se ejecuta.

La Junta Administradora definirá en su Manual Operativo los mecanismos para el monitoreo y evaluación de los programas y proyectos que se estén financiando, ya sea por sus propios medios o a través de consultoras especializadas, con base a los términos y condiciones en un Contrato de servicios pagado con recursos del Fondo.

Las evaluaciones periódicas sobre el desarrollo de los programas y proyectos deberán reflejar las recomendaciones a los beneficiarios sobre la forma de administración de los proyectos y, a instancias de la Junta Administradora las acciones exigibles para lograr los objetivos planteados.

Por decisión de la Junta Administradora se podrá crear la Unidad Ejecutora del Fondo y tendrá como función principal la ejecución de actividades técnico-financieras y administrativas relacionadas con la operatividad del Fondo y el logro de sus objetivos.

La Unidad Ejecutora del Fondo estará conformada por un Coordinador y personal técnico administrativo que responderá exclusivamente al cumplimiento de los objetivos del Fondo y la misión para la cual fue creada.

Se entiende por áreas forestales aquellas cuyas características y definición están comprendidos en los Artículos 4 y 11, Inciso 3), de la Ley, respectivamente

Las áreas forestales cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes de la nación, se consideran áreas nacionales del Estado o áreas fiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 617 del Código Civil.

Las áreas forestales determinadas de conformidad con la Lev. estarán sujetas al régimen forestal regulado en la Ley, en el presente Reglamento, en los reglamentos especiales que se emitan al tenor do la Ley y en las normas técnicas forestales que para su aplicación se aprueben.

Se exceptúan las áreas forestales que se encuentren dentro de los perímetros urbanos de las poblaciones, de acuerdo con su delimitación efectuada conforme a las normas aplicables, quedando dichas áreas sujetas al régimen municipal; por este último se entiende el previsto en la Ley de Municipalidades y demás normas sobre la materia.

Las áreas protegidas, sea cual fuere su categoría de manejo, estarán sujetas, en el siguiente orden: al régimen especial previsto en los Convenios Regionales relacionados; en lo pertinente, a sus Decretos Legislativos específicos; en el Título VI de la Ley, a lo dispuesto en este reglamento; y, en las normas técnicas que apruebe el ICF.

El ICF reconocerá los Convenios de Manejo y de Co-Manejo de Áreas Protegidas vigentes, sean suscritos con personas naturales o jurídicas, y deberá permitir que los mismos se sigan ejecutando de conformidad a lo en ellos dispuesto hasta su terminación, de conformidad al artículo 200 de la Ley.

Las áreas forestales pertenecientes al Estado o a sus instituciones también se llaman áreas forestales nacionales según dispone el artículo 46 de la Ley.

Tienen esta calificación:

1. Todos los terrenos forestales, según se definen en los artículos 4 de la Ley y 91 del presente Reglamento, situados dentro de los límites territoriales del Estado que carecen de otro dueño. Estos terrenos son parte de la propiedad originaria del Estado a la que también se refiere el artículo 618 del Código Civil, e incluyen:
   1. Los terrenos forestales que el Estado conserva por no haberlos titulado previamente a favor de particulares o de otros entes públicos, de conformidad con las leyes aplicables en su momento, y cuya titularidad le corresponde de conformidad con el citado artículo 618 del Código Civil.
   2. Los terrenos forestales sobre los que el Estado ejerce posesión o ha ejercido actos posesorios de cualquier naturaleza, incluyendo la facultad de conceder aprovechamientos forestales a favor de terceros, mientras no se demuestre legalmente que son de dominio privado.
2. Los terrenos forestales adquiridos de terceros por el Estado o por cualquiera de sus instituciones, mediante expropiación, compraventa o por cualquier otro título legitimo traslativo de dominio, sobre los cuales, uno u otras, poseen títulos de propiedad, inscritos a su favor o no. en el Registro de la Propiedad Inmueble.

Las áreas forestales, públicas o privadas, en ningún caso se consideran tierras incultas u ociosas, no pudiendo, por consiguiente, ser objeto de afectación con fines de reforma agraria.

Las áreas forestales nacionales tampoco podrán ser objeto de titulación a favor de particulares, conforme disponen los artículos 46 de la Ley y 71 de la Ley de Propiedad (Decreto Legislativo 82-2004), debiendo por lo mismo permanecer bajo titularidad pública.

Las áreas forestales ejidales que se hubieren otorgado por el Estado a los municipios para uso y goce de los vecinos, serán tituladas por el IN A en dominio pleno a favor del municipio titular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley de Municipalidades.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo segundo del Artículo 97 precedente, las áreas forestales tradicionalmente poseídas por pueblos indígenas o afrohondureños a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 45 de la Lev, podrán ser objeto del proceso de regularización previsto en los artículos 73, inciso 7), y 93 al 102 de la Ley de Propiedad, correspondiendo estas acciones al Instituto de la Propiedad.

Las áreas forestales nacionales, cuya titularidad corresponde al Estado, serán administradas por el ICF, incluyendo las actividades de protección contra incendios o plagas, forestación o reforestación, manejo o aprovechamiento y las demás que correspondan de conformidad con la Ley y el presente Reglamento y los reglamentos especiales que se emitan al tenor de la Ley.

En ejercicio de sus facultades de administración, el ICF podrá:

1. Otorgar o autorizar aprovechamientos a favor de terceros, mediante los Contratos de manejo o de compraventa de madera en pie de que trata el Titulo IV, Capítulo II de la Ley y de acuerdo con los planes de manejo que se aprueben. En tales casos corresponderán a los titulares de los aprovechamientos las actividades de protección y mejora de las áreas forestales, incluyendo las prácticas silviculturales que se convengan, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley.
2. Celebrar Contratos de manejo forestal comunitario con comunidades o grupos campesinos organizados asentados en las áreas forestales o con los demás beneficiarios a que se refiere el Artículo 57 de la Ley, para los fines de asignación de su uso, goce o aprovechamiento, incluyendo las actividades de conservación y manejo previstas en el plan de manejo aprobado por el ICF e incluidas en el correspondiente contrato.
3. Celebrar Convenios con personas u organizaciones privadas, con otros organismos públicos o con comunidades organizadas para el manejo o co manejo de las áreas protegidas.
4. Mantener íntegramente la posesión del listado sobre las áreas forestales de las que es titular, ejerciendo vigilancia para impedir ocupaciones, segregaciones u otros actos posesorios de naturaleza i lega ^ejecutados por terceros, incluyendo la investigación de la situación jurídica o tenencia de las áreas forestales, el deslinde y amojonamiento de las áreas estatales y su recuperación de oficio cuando indebidamente se encontraren ocupadas por particulares, asi como los procesos de titulación a favor del Estado si no se hubiere practicado con anterioridad, para su posterior inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble y en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 51 al 56 de la Ley.
5. Requerir el auxilio de los servicios de orden y seguridad públicas, así como la colaboración del Instituto de la Propiedad y de los demás organismos que correspondan, para los fines previstos en el inciso precedente, según disponen los Artículos 50 y 52 de la Ley, 38 y 39 de la Ley de Policía y Convivencia Social y 16 del Ley del Ministerio Público.
6. Ejercer las demás funciones y atribuciones que correspondan de acuerdo con lo previsto en la Ley. en el presente Reglamento y los reglamentos especiales que se emitan al tenor de la Ley.

Corresponde a las instituciones estatales a que se refiere el Artículo 96 del presente Reglamento, la administración de las áreas forestales de las que fueren titulares, de acuerdo con sus propios fines, debiendo cumplir con las obligaciones de protección y reforestación y con derecho a percibir los beneficios que deriven de su manejo y aprovechamiento, según dispone el Artículo 48 de la Ley, todo ello de acuerdo con los planes de manejo que al efecto apruebe el ICF, para lo cual dichas instituciones podrán suscribir convenios de cooperación y de asistencia técnica con el ICF.

Lo dispuesto en el párrafo anterior también es aplicable a las municipalidades en relación con las áreas forestales cuya titularidad les corresponda, sin que esto signifique que puedan otorgar contratos de actividades forestales, de aprovechamiento, usufructo de productos y subproductos forestales y demás cuya facultad sea, por disposición de la Ley de este reglamento y demás reglamentos especiales, privativa del ICF.

La administración de las áreas forestales privadas corresponde a sus propietarios, debiendo cumplir también con las obligaciones de protección y reforestación y con similar derecho a percibirlos beneficios derivados de su manejo y aprovechamiento, de acuerdo con el Artículo 49 de la Ley. Para tales efectos deberán observarse también las prescripciones de los planes de manejo aprobados por el ICF.

La regularización de las áreas forestales tiene los propósitos siguientes:

1. Delimitar en el campo los linderos de las áreas forestales nacionales, demarcándolas mediante hitos, mojones u otras señales técnicamente adecuadas, recuperando de oficio la posesión cuando se viere afectada por terceros y declarando la titularidad del Estado sobre las mismas, procediéndose a su titulación e inscripción posterior en el Registro de la Propiedad Inmueble y en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable, cuando no se hubieren efectuado previamente, según disponen los Artículos 51 y 52 de la Ley y 121 y 140 de este Reglamento.
2. Identificar y censar a las comunidades rurales y a sus integrantes que estuvieren asentadas en áreas forestales nacionales, a fin de regularizar su ocupación, incorporándolas a las actividades de manejo, incluyendo la conservación, protección, forestación, reforestación y aprovechamiento, y asignándoles derechos de uso y de goce de productos forestales, mediante Contratos de manejo forestal comunitario y de manejo o Co­manejo, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 51, 57, 58 y 126 y siguientes de la Ley y en las disposiciones pertinentes del presente Reglamento.

Dichos contratos no podrán incluir la transferencia de la propiedad, la cual se mantiene a favor el listado, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 51.52 y 61 de la Ley y 70, párrafo segundo, y 71 de la Ley de Propiedad.

Para los fines del inciso I) del artículo precedente, el ICF goza de facultades, de acuerdo con el Artículo 52 de la Ley, para la investigación de las áreas forestales nacionales, incluyendo la determinación de su ubicación en el campo y su correspondiente identificación en hojas cartográficas, planos, soportes digitales u otros medios técnicos, teniendo en cuenta los antecedentes legales respectivos.

Goza, de igual manera, de facultades para identificar modalidades de tenencia o de ocupación de dichas áreas, con los fines previstos en el inciso 2) del artículo precedente.

Para todos los efectos legales, los procesos de regularización de que trata el Artículo 102 anterior estarán a cargo del ICF, el cual tendrá la consideración de Registro Asociado del Instituto de la Propiedad, según dispone el artículo 58 de la Ley de Propiedad.

Con tal propósito, el ICF podrá suscribir Convenios con el citado Instituto o con cualquier otro organismo competente, estableciendo mecanismos de cooperación y de coordinación de sus respectivas actividades. El ICF, en todo caso, proporcionará al Instituto de la Propiedad copias digitalizadas de la información catastral o de ordenamiento territorial que desarrolle, conforme dispone el Artículo 59 de la Ley de Propiedad.

El ICF también podrá suscribir Convenios de cooperación con el Instituto Nacional Agrario para delimitar las áreas forestales y las tierras de vocación agrícola o ganadera que definen sus respectivas competencias, o para otros fines relacionados con los procesos de regularización de las áreas forestales nacionales, así como con otros organismos afines que realicen actividades catastrales o de ordenamiento territorial, con el fin de coordinar acciones en el marco de lo dispuesto en los artículos precedentes.

El ICF también podrá desarrollar programas de regularización de poblaciones rurales ubicadas en las zonas núcleo de las áreas protegidas, asentándolas o reasentándolas en la respectiva zona de amortiguamiento o en otras áreas de iguales o mejores condiciones. En tales casos se estará a lo dispuesto en el Artículo 133 de la Ley.

La regularización de las áreas forestales tradicionalmente poseídas por pueblos indígenas o afrohondureños a que se refiere el párrafo cuarto del Artículo 45 de la Ley, será hecha por el Instituto de la Propiedad, con los efectos previstos en la Ley de Propiedad, y en el presente Reglamento. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la coordinación que con el ICF fuere necesaria.

En las áreas forestales privadas y en las ejidales donde hubieren conflictos sobre posesión, tenencia o propiedad, podrán desarrollarse acciones de regularización predial por el Instituto de la Propiedad, incluyendo titulación de parcelas c inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble, de conformidad con lo dispuesto en los Artículos 69,72 y 73 de la Ley de Propiedad.

En las áreas forestales nacionales no podrán realizarse acciones de reforma agraria ni de titulación a favor de terceros, debiendo permanecer bajo titularidad pública conforme disponen los Artículos 7,46,50,52 y 61 de la Ley, 13, inciso a), de la Ley de Reforma Agraria y 70, párrafo segundo, y 71 de la Ley de Propiedad.

Sin perjuicio de lo anterior, podrán desarrollarse dichas acciones en enclaves estrictamente de vocación agrícola que estuvieren ubicados en áreas más amplias de vocación preferentemente forestal, para lo cual se consideraran los estudios de suelos, pendiente de los terrenos y los demás análisis técnicos que correspondan. La contravención a lo acá dispuesto será nulo c implicará responsabilidad.

Lo dispuesto en el párrafo primero se entiende sin perjuicio de lo prescrito en los Artículos 98 y 106 del presente Reglamento.

Con similares propósitos a lo establecido en el párrafo primero del artículo precedente, tampoco podrán emitirse títulos supletorios de propiedad sobre áreas forestales nacionales o ejidales, conforme prescribe el Artículo 62 de la Ley y con los efectos allí indicados. EL ICF velará por la estricta aplicación de estas disposiciones.

La regularización de las áreas forestales nacionales es de interés público y tendrá los objetivos previstos en los Artículos 51.52. 53 y 54 de la Ley y 102, inciso 1), del presente Reglamento.

Con el propósito indicado, el ICF delimitará las áreas forestales nacionales, haciendo investigaciones documentales y de campo para determinar su situación jurídica, procediendo, según corresponda, a su deslinde y demarcación en el terreno, a la recuperación de la posesión cuando estuviere indebidamente alterada y a su titulación e inscripción, si no se hubiesen efectuado previamente, en el Registro de la Propiedad Inmueble y en el Catálogo del Patrimonio Forestal Inalienable.

Estas actividades se desarrollarán en las áreas de bosques productivos y en las de bosques de protección, especialmente en las microcuencas abastecedoras de agua para consumo humano y en las áreas protegidas, así como en las áreas que requieren ser forestadas o reforestadas.

Utilizando antecedentes cartográficos y la información geográfica referenciada disponible, el ICF identificará en forma preliminar los sitios nacionales, determinando las áreas forestales según el análisis de los recursos naturales existentes. Esta información será desarrollada en coordinación con el Instituto Nacional Agrario, el Instituto de la Propiedad y con cualquier otro organismo público que dispusiere de información relacionadas

Para tales efectos se tendrá en cuenta la información documental disponible, como expedientes por los cuales las autoridades forestales han otorgado derechos de aprovechamiento forestal a terceros o en los que consten otros actos posesorios ejercidos por dichas autoridades, expedientes de expropiación de áreas privadas o de compraventa a favor del Estado o de las instituciones estatales, expedientes de titulación de tierras rurales que obren en el Archivo Nacional o en otros archivos oficiales, escrituras públicas de propiedad y sus antecedentes regístrales y cualquier otro expediente o documento de similar naturaleza.

Identificadas las áreas a que hace relación el artículo anterior, de manera preliminar y ubicadas dentro de los límites departamentales o municipales que correspondan, el ICF las declarará sujetas a regularización para los fines previstos en los Artículos 51 al 56 de la Ley y 102, inciso 1), 108 y 109 de este Reglamento, ordenando el levantamiento catastral correspondiente según dispone el Artículo 18, inciso 12), de la Ley.

El ICF notificará al Consejo Consultivo Nacional Forestal, Arcas Protegidas y Vida Silvestre y a los Consejos Consultivos.

Departamentales, Municipales o Comunitarios que correspondan, el inicio de los procedimientos de regularización, para que puedan participar aportando información o ejerciendo el control social, en ejercicio de sus respectivas atribuciones.

Con tal propósito, la declaración del ICF a que se refiere el artículo anterior será publicada en el Diario Oficial "La Gaceta” y por lo menos en dos diarios de circulación nacional, preferiblemente en los que tuvieren mayor circulación en la zona geográfica correspondiente, así como en otros medios de comunicación y mediante avisos ubicados en lugares visibles y ampliamente frecuentados de las poblaciones respectivas.

En dichas publicaciones o avisos se requerirá a las personas naturales o jurídicas que pretendieren derechos de propiedad o a los ocupantes o poseedores a cualquier título para que en el plazo de tres meses a partir de la fecha de dicho requerimiento presenten ante el ICF, en la dirección que se indique, los títulos, escrituras de propiedad, planos, documentos privados u otros documentos que amparen su dominio, posesión u ocupación, según corresponda.

La autenticidad de los títulos presentados al ICF deberá ser verificada por este último, debiendo avocarse al Registro de la Propiedad Inmueble donde deberán estar inscritos, así como a otras instancias pertinentes.

De los documentos presentados se tomará nota, devolviéndose los originales y se archivará fotocopia para los fines consiguientes.

El ICF procederá, asimismo, a practicar levantamientos de campo, determinando la forma geométrica, área o superficie, linderos y colindancias de los predios o parcelas identificadas, según dispone el párrafo segundo del artículo anterior, con los datos de sus titulares, poseedores u ocupantes.

Esta información deberá estar vinculada con la información contenida en el Registro de la Propiedad Inmueble, cuando se tratare de predios o parcelas amparadas en títulos o escrituras de propiedad.

De igual manera, el ICF procederá, si no lo estuviere previamente, a determinar la información geográfica referenciada de las áreas que se estimen nacionales, identificándolas en el campo y en planos o mapas para distinguirlas de las áreas privadas o municipales definidas en los Artículos 45, párrafo segundo, y 47 de la Ley, estableciendo también su forma geométrica, área o superficie, linderos y colindancias.

Si durante el plazo indicado en los Artículos 54 de la Ley y 114, párrafo segundo, de este Reglamento no se presentaren al ICF títulos de dominio o escrituras de propiedad inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble que amparen derechos de propiedad a favor de terceros, se presumirá, salvo prueba en contrario, que se trata de áreas forestales nacionales. Igual sucederá si solamente se presentaren planos o documentos privados que no tuvieren las características anteriores.

Para los fines indicados deberá tenerse presente que son parte de la propiedad originaria del Estado todas las áreas forestales situadas dentro de sus límites territoriales que carecen de otro dueño. Por consiguiente Ja propiedad originaria comprende todas las áreas que el Estado conserva por no haberlas titulado previamente a favor de particulares o de las municipalidades, de acuerdo con la legislación vigente en su momento.

De todo lo actuado se formará expediente, al término del cual, con los antecedentes examinados y con los trabajos de campo efectuados, el ICF emitirá resolución debidamente motivada, declarando el estado posesorio del área de que se trate, reconociendo los derechos de propiedad que constaren en los títulos o escrituras públicas presentadas y declarando los derechos del Estado sobre las áreas no tituladas, ordenándose, asimismo, su recuperación posesoria cuando estuviere indebidamente alterada, según disponen los Artículos 52,54 y 55 de la Ley.

Dicha resolución también hará referencia a la información indicada en el Artículo 114 precedente, a los ocupantes o poseedores sin título que se hubieren identificado y a las demás circunstancias que concurran.

Dictada la resolución, los interesados que hubieren presentado los documentos a que se refiere el párrafo segundo del Artículo 114 precedente, serán citados a una audiencia con indicación de lugar y fecha para proceder a su notificación, según dispone el Artículo 54 de la Ley. Además de la citación personal, que procederá cuando se conociere su domicilio, los interesados también podrán ser citados mediante publicaciones de manera similar a la prevenida en el párrafo primero del Artículo 114 de este Reglamento.

En la audiencia indicada se expondrán los mapas, planos, listados u otra información resultante, incluyendo la que resultare del Registro de la Propiedad Inmueble, todo lo cual podrá ser revisado por los interesados.

Si no hubiere conformidad, los interesados dispondrán de un plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente a la fecha de la audiencia, para exponer ante el ICF cuanto estimen de su interés.

Con los dictámenes técnicos y legales que fueren necesarios, el ICF resolverá lo procedente dentro de los treinta días hábiles siguientes. Notificado que fuere el interesado, si no estuviere de acuerdo con lo resuelto, podrá interponer recurso de reposición conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Agotada la vía administrativa, cualquier reclamación sobre derechos de propiedad como resultado de la tramitación de estos expedientes será de conocimiento de los tribunales civiles competentes, según dispone el Artículo 55 párrafo tercero de la Ley.

Siendo firme la resolución dictada, el ICF procederá a la recuperación posesoria de las áreas que estuvieren indebidamente ocupadas por particulares, sin que ello cause obligación de indemnizar, salvo en lo relativo a las mejoras útiles y necesarias, de acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 54 y 55 párrafo cuarto de la Ley.

En tales casos, con el deslinde o delimitación correspondiente, se procederá a la demarcación de las áreas forestales nacionales con hitos, mojones o con cualquier otro procedimiento técnico, incluyendo brechas, cercas, rótulos u otros que fueren convenientes. Esta demarcación se hará previa citación de los colindantes, cuando así resultare del expediente, quienes podrán concurrir personalmente o por medio de representante a las diligencias correspondientes.

Si se hubiere procedido por la vía judicial, según indica el párrafo final del artículo precedente, la demarcación definitiva procederá hasta que fuere firme la sentencia correspondiente, según dispone el párrafo final del Artículo 55 de la Ley.

El ICF conservará dichas marcas o señales a lo largo del tiempo, para lo cual les dará mantenimiento permanente.

La resolución emitida por el ICF, vinculada ésta a los mapas catastrales o planos correspondientes, una vez sea firme, constituirá título de propiedad a favor del Estado, conforme dispone el Artículo 55 párrafo final de la Ley en relación con el Artículo 68 de la Ley de Propiedad.

Con la certificación de dicha resolución, por consiguiente, se entenderá emitido el título a que se refiere el Artículo 56 de la Ley, debiendo procederse a solicitar su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en que quedare firme la resolución indicada; de lo contrario se incurrirá en responsabilidad según dispone el citado Artículo 56 de la Ley.

Asimismo, se procederá a su inscripción en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable a que se refieren los Artículos 56, 60 y 61 de la Ley y 140 y siguientes de este Reglamento, con los efectos que allí se indican.

Las áreas forestales nacionales amparadas en títulos de dominio o propiedad a favor del Estado o de sus instituciones de que tratan los Artículos 46, inciso 2), de la Ley, también serán objeto de delimitación o deslinde y de demarcación, procediéndose a su recuperación posesoria cuando fuere necesario.

Con tal propósito se observará lo dispuesto en los artículos anteriores en lo que fuere procedente.

Si dichos títulos no constaren inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble, deberá procederse a solicitar su inscripción dentro del plazo indicado en el párrafo segundo del artículo anterior.

Cuando se delectaren irregularidades invalidantes en los títulos o escrituras de propiedad extendidos e inscritos en el Registro de la Propiedad Inmueble a favor de particulares, afectándose con ello la posesión estatal en áreas forestales nacionales, hubieren sido o no presentados dichos documentos al 1CF según disponen los Artículos 54 de la Ley y 114 de este Reglamento, se procederá, previa resolución del ICF, a ejercer la acción de nulidad correspondiente ante los tribunales de lo civil competentes.

Si hubiere sentencia firme declarando la nulidad y reconociendo los derechos del Estado, el ICF procederá a la recuperación posesoria, con la delimitación y demarcación que corresponda, así como a su inscripción en el respectivo Registro de la Propiedad Inmueble.

Para los fines del artículo anterior se tendrá especialmente en cuenta la prohibición de la emisión de títulos supletorios sobre áreas forestales nacionales a que se refiere el Artículo 62 de la Ley.

Los levantamientos catastrales que se efectuaren como parte de los procesos de regularización previstos en los artículos anteriores, también comprenderán a las áreas forestales municipales cuando fueren colindantes con las áreas nacionales, a los efectos de su delimitación o deslinde y de la demarcación subsecuente.

La información recabada podrá servir a las Municipalidades titulares para los fines que les son propios.

Lo dispuesto en los artículos anteriores será aplicable también a los procesos de regularización de las áreas forestales protegidas, a los linos de identificar las áreas nacionales, las municipales y las privadas que pudieran concurrir dentro de los límites respectivos, así como la identificación de los ocupantes o poseedores sin títulos de propiedad que estuvieren asentadas en las mismas, sin perjuicio de las modalidades propias que establezca el reglamento especial sobre áreas protegidas y vida silvestre que se emita.

Los censos de pobladores y demás información recabada sobre las comunidades rurales asentadas en áreas forestales nacionales, incluyendo a los poseedores u ocupantes sin títulos de propiedad, como resultado de los procesos de que tratan los artículos anteriores, servirán de base para su regularización, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 51.57 y 126 y siguientes de la Ley y 102, inciso 2), del presente Reglamento, observando para ello lo dispuesto en los artículos siguientes.

El ICF también programará acciones de regularización en otras áreas forestales nacionales en las que no se hubieren desarrollado los procesos de que trata la Subsección precedente, cuando sus condiciones de tenencia u ocupación así lo determinen.

Con tales fines, el ICF ejecutará programas y actividades de regularización de las comunidades rurales y de los poseedores u ocupantes sin título de propiedad en las áreas forestales nacionales, con participación de los Consejos Consultivos Municipales y Comunitarios Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.

De acuerdo con lo dispuesto en los Artículos 11, incisos 16), 25), 28), 49), 54), 55), 57 y 126, y demás aplicables de la Ley, los beneficiarios de los citados programas de regularización podrá ser:

1. Comunidades rurales organizadas mediante asociaciones, patronatos u otras modalidades de organización comunitaria.
2. Cooperativas o empresas comunitarias campesinas, forestales o agroforestales, cuyos miembros radiquen en la zona.
3. Grupos étnicos asentados en la zona.
4. Personas naturales, sin distinción de género, que en su propia condición ocuparen o poseyeren sin título de propiedad, predios o parcelas en las áreas forestales nacionales, realizando aprovechamientos en las mismas.
5. Grupos familiares que a su propio nombre o condición se encontraren en idéntica situación a la indicada en el inciso anterior, entendiéndose que se trata de grupos unifamiliares.
6. Suscriptores con el ICF o con las municipalidades de convenios o contratos de manejo forestal o de co manejo para administrar áreas protegidas y vida silvestre, que se encuentren en cualquiera de las circunstancias indicadas en los incisos precedentes.
7. Suscriptores con el ICF de contratos de aprovechamiento de madera en pié, adjudicados mediante el procedimiento de subasta pública, que igualmente se encuentren en cualquiera de las circunstancias anteriormente indicadas.

Para los fines del Artículo 58 de la Ley se entiende por beneficiario particular del proceso de regularización, la persona natural, sin distinción de género, que reuniere y acreditare los requisitos siguientes:

1. Ser hondureño u hondureña por nacimiento.
2. Haber ocupado y trabajado el predio o parcela en forma directa, pacifica e ininterrumpida por más de tres años, a partir de la vigencia de la Ley.
3. No ser propietario o propietaria de tierras ubicadas en el territorio nacional, ya fuere a título individual o como integrante de una empresa comunitaria.
4. No haber sido beneficiario de programas o acciones de la reforma agraria.

Las comunidades organizadas y las cooperativas o empresas comunitarias deberán tener personalidad jurídica, según dispone el artículo 11, inciso 16), de la Ley. De ser necesario, el ICF les prestará asesoría para dicho propósito.

No obstante, tratándose de comunidades organizadas, el ICF podrá, en coordinación con los Consejos Municipales y Comunitarios Forestales. Arcas Protegidas y Vida Silvestre, iniciar acciones con los propósitos indicados en esta Subsección, antes de que se otorgue o reconozca dicha personalidad, previa acreditación de la aprobación interna de los estatutos de su organización. Dichas acciones se perfeccionarán al acreditarse el reconocimiento o aprobación oficial de la citada personalidad jurídica.

Los programas de regularización se harán preferentemente desde la perspectiva de la forestería comunitaria, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 127 de la Ley.

Por forestería comunitaria se entiende, según dispone el Artículo 11, inciso 28), de la Ley, la relación armónica y sostenible entre las comunidades o grupos agroforestales que radiquen en las áreas forestales y su medio ambiente, la cual se basa, en el caso de las áreas forestales nacionales, en el uso múltiple del bosque y la ejecución por dichas comunidades o grupos de las actividades de protección y demás relativas al manejo de dichas áreas, beneficiándose económica, ambiental y socialmente de sus productos, bienes o servicios.

Dichos aprovechamientos y las demás actividades de manejo, en todo caso, se desarrollarán en las áreas que el ICF les asigne, de acuerdo con los contratos de manejo forestal comunitario que se suscriban, con los derechos y obligaciones que allí se establezcan.

El ICF también podrá prestar asistencia a las municipalidades que lo soliciten para el desarrollo de los programas de forestería comunitaria en áreas municipales a que se refiere el Artículo 128 de la Ley.

Las personas naturales y los grupos familiares que fueren beneficiarios de los programas de regularización tendrán derecho a que se les reconozca el usufructo de los predios o parcelas que ocupan, para lo cual suscribirán con el ICF los contratos correspondientes. Tendrán, por consiguiente, derecho de goce sobre el predio o parcela, incluyendo los aprovechamientos y demás beneficios permitidos en el contrato, con cargo de conservar su forma y sustancia y de restituirlo al ICF a su vencimiento o si cambiaren de actividad o de domicilio, o cuando concurran otras circunstancias así calificadas en los respectivos contratos.

Para los fines del párrafo anterior, por conservación de la forma y sustancia de los predios o parcelas, se entenderá el mantenimiento del área asignada y la conservación del uso forestal preferente, observando los criterios técnicos que establezca el ICF.

En el caso de grupos familiares, los contratos se suscribirán con quien desempeñe la condición de cabeza de familia, sin distinción de género.

Cuando se tratare de comunidades rurales organizadas o de cooperativas forestales o agroforestales o empresas campesinas, se suscribirán con el ICF contratos de manejo forestal comunitario, o de manejo o co manejo, según corresponda, de acuerdo con lo previsto en los Artículos II, incisos 16). 21) y 25). 51 y 129 de la Ley.

Cuando se tratare de contratos de manejo forestal comunitario, la superficie a asignar estará determinada por el número de miembros, preferiblemente sobre bloques continuos, relativamente homogéneos y procurando el acceso a las fuentes de agua, de manera que las actividades forestales sean fuente de ingreso para subvenir a las necesidades del grupo y de cada uno de sus miembros.

El ICF llevará para los efectos de lo establecido en el párrafo que antecede, un control de las áreas en las cuales se suscriban contratos, a efecto de evitar superposiciones en los bosques asignados a diferentes grupos.

Los Contratos a que se refiere el artículo anterior serán acordados con los grupos organizados, contando con la participación del correspondiente Consejo Consultivo Comunitario Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre. Se contara también con el acuerdo de la correspondiente corporación municipal, según dispone el Artículo 130 de la Ley. Una vez suscritos, el ICF los inscribirá en un registro especial que llevará al efecto.

En los Contratos de manejo forestal comunitario se establecerá el área asignada, el tiempo de vigencia, las actividades de manejo previstas, incluyendo, entre otras, medidas de protección contra incendios y plagas, tanto preventivas, como combativas o reparadoras, raleos periódicos y otras prácticas silviculturales, forestación y reforestación, aprovechamiento integral y sostenible del bosque, con derecho a obtener los beneficios que se establezcan por las actividades de corte racional y sostenible de madera, resinación u obtención de otros productos, así como su comercialización e industrialización.

Los Contratos de manejo o de actividades forestales, a que hacen referencia los Artículos 11 inciso 13), 51 y 77 párrafo primero de la Ley, se suscribirán con personas naturales o jurídicas e incluirán actividades para la ejecución del correspondiente plan de manejo, pudiendo incluir una o varias de las actividades previstas en el párrafo anterior.

El Co-manejo implicará el manejo compartido entre el ICF y los grupos beneficiarios, preferentemente en áreas protegidas, teniendo en cuenta lo previsto en los Artículos, 11 incisos 15) y 21), y 51 de la Ley.

Las actividades previstas en los Contratos se realizarán de acuerdo con los Planes de Manejo aprobados por el ICF, procurándose, en la medida de lo posible, la coherencia o compatibilidad en las actividades que desarrollen grupos a los que se asignen bloques contiguos. Podrán acordarse, asimismo, los incentivos de que gozarán los beneficiarios.

Concluido su plazo de vigencia, los Contratos podrán ser renovados, siempre que se hubieren cumplido sus objetivos, de igual forma el ICF está facultado para finalizar de manera anticipada y sin responsabilidad de su parte, los Contratos de Co-manejo, si la contraparte de aquél, no cumpliere suco responsabilidad.

Cuando se suscribieren Contratos de manejo forestal comunitario con comunidades rurales organizadas, estas últimas procederán, si así se estima conveniente, a asignar a grupos organizados que formen parte de las mismas, las actividades a real izar, teniendo en cuenta los criterios siguientes:

1. Los objetivos sociales, económicos o ambientales del grupo.
2. El número de miembros que lo componen.
3. El tipo y estado del bosque a manejar.
4. Las condiciones socioeconómicas de los miembros, como potenciales beneficiarios.
5. La disponibilidad y calidad de los recursos forestales en el área asignada.
6. La existencia de micro cuencas y su estado o las necesidades de conservación.

Para los fines de los Artículos 134,135 y 136 precedentes, se tendrán en cuenta los aspectos siguientes:

1. Aspectos sociales:
   1. Existencia de comunidades estables que convivan armónicamente, asentadas en forma pacífica en los bosques o en zonas rurales aledañas.
   2. Relaciones de buena vecindad.
   3. Acuerdo expreso de sus miembros de integrarse en forma permanente al manejo forestal.
   4. Acuerdo expreso de someterse a mecanismos de auditoría social y de transparencia en el manejo de recursos.
   5. Acuerdo expreso de someterse a programas de capacitación.
   6. Número de miembros en relación con el área a asignar.
2. Aspectos económicos:
   1. Criterios equitativos para la distribución de responsabilidades y de beneficios.
   2. Cálculo del volumen máximo de madera en rollo a extraer en el área asignada, según el estado del bosque, los objetivos de manejo y el número de miembros, teniendo en cuenta el precio de venta y su distribución equitativa.
   3. Corta anual permisible según el estado del bosque y su aceptación por los grupos beneficiarios como límite máximo.
   4. Equidad en el acceso a oportunidades de empleo c ingreso, garantizándose la participación, al menos, de un miembro de cada grupo familiar.
3. Aspectos técnicos:
   1. Demarcación de las áreas asignadas en base a límites naturales, con exclusión de áreas privadas y. en su caso, de las municipales.
   2. Determinación del potencial productivo de las áreas asignadas.
   3. Determinación de áreas de protección permanente como microcuencas y otros espacios protegidos.
   4. Planes de Manejo aprobados por el ICF y compromiso de actividades de conservación y de aprovechamiento en forma racional y sostenible.

Los derechos y obligaciones establecidos en los Contratos de manejo forestal comunitario son indivisibles e intransferibles a terceros ajenos a la comunidad organizada. Los miembros de esta última serán solidaria y subsidiariamente responsables en caso de incumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 131 de la Ley.

Lo anterior será aplicable también a las cooperativas y empresas comunitarias campesinas que fueren titulares de contratos de manejo forestal comunitario.

Serán igualmente intransferibles, sin autorización expresa por escrito del ICF, los derechos otorgados por medio de las otras modalidades de Contratos a que se refieren los artículos anteriores.

Con el apoyo de los servicios de asistencia técnica del ICF o de otros organismos estatales, los beneficiarios de los programas de regularización de que tratan los artículos anteriores tendrán acceso a los recursos no reembolsables y reembolsables del Fondo de Reinversión Forestal y Fomento de Plantaciones, según corresponda, para la ejecución de las actividades forestales previstas en los Artículos 39 y 132 de la Ley.

A tales efectos, el ICF ejecutará los correspondientes programas de apoyo a los beneficiarios.

El Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable de que tratan los Artículos 56,60 y 61 de la Ley y 121 de este Reglamento, es un registro público de carácter técnicoadministrativo en el que se inscribirán todas las áreas forestales nacionales y municipales, incluyendo las áreas públicas comprendidas en áreas protegidas.

Corresponde al 1CF organizar y administrar el citado Catálogo, en sus oficinas centrales de la Capital de la República, pudiendo ser consultado por cualquier interesado.

Las inscripciones se harán de acuerdo con las resoluciones del ICE estableciendo la delimitación y demarcación de las áreas forestales nacionales, conforme disponen los artículos 56 de la Ley y en este Reglamento. De igual manera se procederá con las escrituras de propiedad a favor del Estado o de sus instituciones, o con los títulos o escrituras a favor de las municipalidades, amparando derechos sobre áreas forestales.

Las áreas forestales nacionales catalogadas también serán inscritas en el Registro de la Propiedad Inmueble a favor del Estado o del ente público titular, en su caso.

De conformidad al artículo precedente, la inscripción de las áreas forestales municipales en el Catálogo procederá a solicitud de la Municipalidad correspondiente, sin perjuicio de que se puedan admitir solicitudes mancomunadas sobre terrenos que sean fronterizos entre cada municipio.

La inscripción en el Catálogo contendrá los datos siguientes:

1. Denominación de la región y número catastral cuando constare.
2. Localización por Departamento y Municipio, área y colindancias y uso actual.
3. Titular o propietario, fuere el Estado, ente estatal o Municipio.
4. Fecha y número de la resolución del ICF a que se refiere el párrafo tercero del artículo anterior, o del Decreto de declaración de un área protegida, según fuere el caso.
5. Título o escritura pública a favor del Estado, ente estatal o municipalidad, con indicación de su fecha y número, según fuere el caso, incluyendo su inscripción en el Registro de la Propiedad Inmueble.
6. Especificación de si se trata de un área protegida o una zona de protección forestal.
7. Indicación, si fuere área protegida, de su categoría de manejo.

Además de los datos anteriores, en la inscripción de cada región se dejará constancia de los Planes de Manejo aprobados por el ICF, contratos de cualquier naturaleza celebrados con terceros, servidumbres ecológicas o de otro tipo, activas o pasivas, u otras cargas que pesen sobre el área, así como cualquier otro dato relevante relativo a su titularidad o manejo.

La inscripción en el Catálogo acredita la titularidad pública de las áreas forestales y de las áreas protegidas y producirá, según dispone el Artículo 61 de la Ley, los efectos siguientes:

1. Inalienabilidad, no pudiendo ser enajenadas a favor de terceros, salvo que el Congreso Nacional lo autorizare mediante ley especial.
   No se entenderá que existe alienación de las áreas forestales inscritas en el Catálogo cuando estas se sometan a actividades relacionadas con manejo y aprovechamiento bajo el régimen del sistema social forestal o bajo el régimen del SINAPH.
2. Inembargabilidad, de manera que ninguna autoridad podrá librar válidamente órdenes de ejecución o embargo sobre las mismas.
3. Imprescriptibilidad, permaneciendo bajo titularidad pública sin que ésta pueda ser afectada por ocupaciones u otros actos posesorios de terceros, independientemente de cual fuere su tiempo o circunstancias.

Las áreas forestales se inscribirán en el Catálogo por Departamentos, con mención del municipio o municipios donde se localizaren, así como su denominación y los demás datos indicados en los Artículos 140 y 143 precedentes; se indicará también la existencia de especies maderables que las pueblan.

En forma complementaria a las inscripciones, el ICF organizará;

1. Un archivo cartográfico o planoteca en el que se conservarán los planos generales de cada área, con la información georreferenciada correspondiente.
2. Un archivo de los documentos que sirvan de base para formar los asientos del Catálogo.
3. El índice correspondiente, por Departamento y Municipio, indicando el número de orden y el arte público al que pertenecen.

El ICF podrá extender certificaciones o constancias relativas a las inscripciones a solicitud de parte interesada, previo pago de los derechos que oficialmente se establezcan.

Las inscripciones serán comunicadas a la Secretaría de Estado en el Despachos de Finanzas para su inclusión en el Inventario de Bienes Nacionales por medio de la Contaduría General de la República y a la Procuraduría General de la República para los fines consiguientes. También será comunicada al Instituto de la Propiedad.

El ICF podrá de oficio rectificar los errores materiales o de hecho que se hubieren detectado en las inscripciones.

La cancelación de una inscripción solamente procederá si los tribunales competentes modificaren la pertenencia o titularidad del área de que se trate mediante sentencia firme.

Teniendo en cuenta los efectos previstos en los Artículos 61 de la Ley y 144 de este Reglamento, la propiedad y las colindancias que resulten de las inscripciones en el Catálogo solamente podrán impugnarse mediante juicio declarativo ordinario de propiedad ante los tribunales civiles competentes; previamente los interesados deberán agotar la vía administrativa ante el ICF, observando las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo.

La inscripción de un área forestal o de un área protegida en el Catálogo, se hará conforme a los criterios y protocolos que al efecto apruebe el ICF, sin perjuicio de lo que la Ley disponga al efecto.

Teniendo en cuenta el uso múltiple de las áreas forestales y sus características particulares, incluyendo su ubicación acceso, especies que las pueblan, su densidad en relación con la superficie y su estado forestal, los bosques pueden ser predominantemente de producción o de protección.

Son bosques de producción aquellos de relevante interés económico que son aptos para el aprovechamiento de madera o de otros productos forestales, lo cual determina su utilización preferente, en forma racional y sostenible, incluyendo I; reforestación de las áreas aprovechadas, su conservación; protección contra incendios, plagas y la tala ilegal, y de acuerdo con los demás principios silvícolas que sean compatibles con el manejo sostenible.

Son bosques de protección aquellos de relevante importancia para la fijación o conservación de los suelos y prevención de la erosión, la protección o conservación de los recursos hídricos superficiales o subterráneos, o de las zonas húmedas, así como I conservación del clima, la biodiversidad y la naturaleza en genera incluyendo los recursos paisajísticos.

Ambas categorías de bosques puede encontrarse en áreas públicas o privadas; asimismo, una misma área forestal, pública o privada, puede contener bosques de producción o de protección, de acuerdo con los inventario forestales, su ubicación y las demás características particulares que concurran.

Los bosques de producción serán objeto d aprovechamientos para la obtención de maderas, resinas, goma o látex u otros productos forestales, sujetándose a los planes de manejo y a las normas técnicas forestales que apruebe el ICF Unos y otras serán de obligatorio cumplimiento para los titulare de los aprovechamientos.

En las áreas forestales nacionales el ICF identicará bloques homogéneos para manejo y aprovechamiento bajo las modalidades de forestería comunitaria o de Contratos c manejo forestal previstas en la Ley y en el presente Reglamento Identificara, asimismo, unidades de corte dentro de las áreas sujeta a Planes de Manejos aprobados para aprovechamiento comercio bajo la modalidad de subasta de madera en pie.

Previo a resolver sobre los aspectos anteriores, el ICF lo pondrá en conocimiento del Consejo Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y de los Consejos Departamentales, Municipales o Comunales, Según Corresponda, incluyendo la información técnica de soporte, para los efectos consiguientes.

Para los fines anteriores el ICF delimitará las áreas respectivas, describiendo su topografía y elaborando un inventarío de los reclusos existentes, incluyendo la naturaleza del bosque y su estado, indicando si es joven o maduro, si ha sido explotado o se encuentra en proceso de regeneración, clases y especies forestales, potencial económico de la madera y demás productos forestales, aprovechamientos existentes, cambios o modificaciones por incendios, plagas, descombros o por otras causas, proximidad a zonas protegidas o a las demás áreas de protección de que trata la sección siguiente y los demás datos que técnicamente fueren necesarios.

Para dichos efectos, el ICF contará con la participación del Sistema de Investigación Nacional Forestal. Áreas Protegidas y Vida Silvestre de que trata el Artículo 29 de la Ley.

La calificación de bosques de producción en áreas forestales municipales o privadas estará sujeta a similares criterios técnicos; sus aprovechamientos comerciales estarán sujetos a los planes de manejo y a las normas técnicas forestales a que se refiere el Artículo 152 precedente.

Todo aprovechamiento en bosques de producción, públicos o privados, deberá ser hecho en forma raciona] y sostenible, previniendo desperdicios y usos inadecuados y conservando o reponiendo los recursos forestales. Para tales fines se observará lo dispuesto en el Título IV, Capítulo III de este Reglamento.

En especial, tienen la consideración de bosques protectores:

1. Los existentes en las cabeceras de las cuencas hidrográficas o zonas de recarga hídrica, observando lo previsto en el Artículo 123, inciso 1). de la Ley.
2. Los existentes en microcuencas u otras áreas abastecedoras de agua a poblaciones, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 122 y 124 de la Ley.
3. Los existentes en cuencas o subcuencas hídricas, cuyos recursos son utilizados para la generación de energía hidroeléctrica o para cualquier otro uso de interés público, observando lo previsto en el artículo 122 de la Ley.
4. Los existentes a lo largo de los cauces de ríos y quebradas dentro de las fajas de protección que establece el Artículo 123, inciso 2), de la Ley.
5. Los existentes en zonas costeras, marítimas o lacustres, dentro de las lajas de protección que establece el Artículo 123, inciso 3), de la Ley.
6. Los que por sus características eviten desprendimientos de tierra o rocas o sujeten o afirmen los suelos sueltos, defendiendo poblaciones, cultivos, infraestructuras u activos, o que de otra manera impidan la erosión de los suelos.
7. Los ubicados en áreas forestales degradadas que requieran ser restauradas para proteger los recursos hídricos, o para evitar o corregir la erosión de los suelos o los efectos negativos sobre el clima.
8. Las ubicadas en las franjas de protección escénica de que trata el Artículo 150 de la Ley.

Con los dictámenes técnicos que fueren necesarios, el ICF delimitará las áreas de protección a que se refiere el artículo anterior, observando lo previsto en los Artículos 121 al 124 de la Ley; estas áreas estarán sujetas a los planes de ordenación y de manejo integrado de cuencas, subcuencas o microcuencas, o a los planes de manejo que correspondan.

Para dichos efectos, el ICF contará con la participación del Sistema de Investigación Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre de que trata el .Articulo 29 de la Ley.

Lo previsto en el párrafo primero será puesto en conocimiento del Consejo Nacional Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre y de los Consejos Departamentales, Municipales o Comunales, según corresponda, incluyendo la información técnica de soporte, para los efectos consiguientes.

Corresponde al ICF, a solicitud de las municipalidades o de las comunidades, declarar como zonas de protección a las microcuencas u otras áreas que abastecen de agua a las poblaciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 65 párrafo segundo. 109. párrafo segundo, y 124 de la Ley.

Las áreas de protección a que se refiere el Artículo 123 de la Ley se entienden establecidas por ministerio de ley, correspondiendo al ICF su delimitación.

En los demás casos, los bosques protectores podrán declararse áreas protegidas según dispone el Artículo 63 párrafo final de la Ley, observando lo dispuesto en el Artículo 161 de este Reglamento.

En las zonas de protección se prohíbe cortar, dañar, quemar o destruir árboles, arbustos y los bosques en general. Se prohíbe igualmente la construcción de infraestructuras de cualquier tipo, salvo represas y otras obrjs hidráulicas para manejo y gestión del agua o de infraestructura vial, sin perjuicio en estos casos del correspondiente estudio de impacto ambiental, de acuerdo con la legislación sobre la materia. Esta prohibición también incluye las actividades agrícolas o pecuarias y cualquier otra que ponga en riesgo los fines de protección perseguidos.

En todo caso, en las áreas de que trata el Artículo 123 de la Ley se respetarán las actividades agrícolas existentes antes de la entrada en vigencia de la Ley, pero simultáneamente se fomentarán y apoyarán proyectos agroforestales orientados a la protección y al manejo apropiado de los bosques y demás recursos naturales renovables o del ambiente en general.

En las demás áreas de protección, una vez declaradas como tales por el ICF, se respetarán similares actividades existentes antes de la declaración, observándose también lo dispuesto en el párrafo precedente.

También son bosques protectores los ubicados en áreas protegidas que fueren declaradas como tales por el Congreso Nacional de la República observando el procedimiento establecido en los Artículos 65 y 109 de la Ley, incluyendo parques nacionales y demás categorías de manejo.

En las zonas núcleo de estas áreas no será permitido aprovechamiento alguno que altere su condición; podrán realizarse, sin embargo, actividades de ecoturismo, de investigación o educativas, u otras especificadas en los planes de manejo, con la debida supervisión del ICF o de las autoridades de turismo, según corresponda. En las zonas de amortiguamiento podrán realizarse actividades económicas compatibles con el Plan de Manejo y con el Plan Operativo Anual aprobados por el ICF, previa autorización de este último.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 64 de la Ley, la declaración de un área forestal como área protegida no prejuzga ninguna cuestión de dominio o posesión, pero sujeta a quienes tienen derechos de propiedad con dominio pleno, o a quienes tuvieren o pretendieron derechos de posesión, uso o usufructo, a las restricciones, limitaciones y obligaciones que fueren necesarias para alcanzar los fines de utilidad pública que motivan su declaración y que resulten de los correspondientes Planes de Manejo. Lo anterior se entiende sin perjuicio de la expropiación de la propiedad de los particulares por razones de utilidad pública o su adquisición mediante compraventa, para alcanzar los propósitos de conservación, según se acordare.

Similares restricciones, limitaciones u obligaciones serán aplicables cuando se trate de las áreas de protección a que se refiere el articulado de la ley y de este reglamento.

Para los fines previstos en esta Sección, el ICF. de oficio o a solicitud de las municipalidades o de otros beneficiarios, en coordinación con el Consejo Consultivo Nacional Forestal, Arcas Protegidas y Vida Silvestre, y con la opinión de los Consejos Consultivos Departamentales, Municipales o Comunitarios, según corresponda, podrá imponer servidumbres ecológicas, oyendo previamente a los propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios que pudieren verse afectados.

Estas servidumbres, según prescribe el Artículo 11, inciso 52), de la Ley, constituyen un derecho sobre una área forestal que en razón de la conservación y sostenibilidad de los recursos naturales renovables, resulta sujeta o sometida a limitaciones legales en los derechos de uso o aprovechamiento que corresponden a sus titulares, con fines de utilidad pública, como son los objetivos de protección previstos en esta Sección. El área forestal sobre la que se impone la servidumbre tendrá la consideración de predio sirviente.

En tales casos, procederá la negociación del pago por servicios ambientales que percibirán quienes se vieren afectados con la servidumbre.

Corresponderá dicho pago a los prestadores de servicios de agua potable, hidroelectricidad u otros de interés general, así como a los beneficiarios del agua para riego u otros usos productivos no artesanales, que se vieren favorecidos con las limitaciones impuestas, pudiendo, en su caso, incluir dicho pago como parte de las tarifas que deberán abonar los usuarios de los servicios, todo ello conforme a lo prescrito en el Artículo 11, inciso 36), de la Ley.

Cuando el predio sirviente fuere de titularidad pública por constituir un área forestal nacional o ejidal, los fondos captados en concepto de pago por servicios ambientales se destinarán exclusivamente a la conservación, manejo y mantenimiento de las cuencas o microcuencas, según corresponda, conforme a lo dispuesto en el párrafo último del Artículo 44 de la Ley.

En las áreas forestales privadas, el titular del dominio podrá establecer voluntariamente reservas naturales privadas o servidumbres ecológicas, las cuales, cumpliendo los requisitos establecidos en este reglamento especial que al efecto se emita de conformidad al Artículo 66 de la Ley, serán certificadas como tales por el 1CF. En tales casos habrá también derecho a la compensación por servicios ambientales.

De conformidad al Artículo 68 de la Ley, para el manejo de recursos forestales se consideran los siguientes aspectos:

1. Eficiencia y productividad: estos factores estarán en función de la extensión y categoría del área bajo manejo y su relación con los factores biológicos de la especie manejada, climáticos, ubicación geográfica, productos esperados y del valor de mercado que estos puedan alcanzar.
2. Criterios técnicos administrativos de máximo rendimiento: Criterios y acciones destinados a la racionalidad y sostenibilidad con el fin de que contribuyan al mantenimiento e incremento del uso del suelo, para fines de productividad forestal, en el cual se deberán considerar y prescribir sobre aspectos particulares del recurso tales como, cobertura, especies, estados vegetativos, densidades, incrementos y alternativas de producción en función de criterios silvícolas, que fomenten la utilización integral del bosque; en los bosques públicos, se refiere a agregar mecanismos que procuren una equidad social y participativa en el manejo de los recursos.
3. Capacidad productora, protectora y ambiental del recurso: será determinada en función de los estados vegetativos, incrementos del bosque, categorización de los usos del suelo, limitantes de las áreas de acuerdo con la pendiente y protección de los nacimientos y cursos de agua, y de acuerdo a las necesidades de tratamientos que han sido prescritos de acuerdo a la edad de la masa o de los rodales que la componen.

El ICF atenderá iniciativas de las comunidades través de las Corporaciones Municipales, con base en los Planes de Ordenamiento Municipal o Planes de Manejo Forestal, para destinar y acondicionar áreas forestales para fines y actividades específicas, tales como áreas turísticas y recreativas, bosque para uso doméstico, educativas, deportivas o culturales; para ello el ICF hará las evaluaciones pertinentes y emitirá una declaratoria e inscripción eventual en el Catálogo del Patrimonio Público Forestal Inalienable.

Sin perjuicio de lo antes expresado, las Corporaciones Municipales podrán incorporar, por iniciativa propia, tales solicitudes.

Para poder suplir los requerimientos domésticos de madera y productos forestales no comerciales de la población rural asentada en comunidades el ICF mediante los estudios técnicos qué demuestren su factibilidad, destinara áreas específicas en el bosque público a manera de astilleros comunitarios. La emisión y control de tales aprovechamientos, por delegación del ICF recaerá en las Corporaciones Municipales y en los Consejos Consultivos, quienes velarán porque los aprovechamientos sean estrictamente domésticos, evitando los abusos y vigilando que se apliquen prácticas apropiadas en materia del corte de los árboles y en la extracción de los productos forestales.

En las áreas forestales y bosques públicos que se localicen en el perímetro urbano del municipio, el establecimiento y funcionamiento de áreas especiales será regulado por el régimen municipal según el Artículo 8 de la Ley Forestal, Arcas Protegidas y Vida Silvestre, en cuyo caso la Municipalidad es responsable de notificar al ICF, para su conocimiento.

Todo aprovechamiento de los bosques en propiedad pública o privada, estará regulado por un Plan de Manejo Forestal, el cual será elaborado bajo la responsabilidad del propietario del terreno y aprobado por el ICF.

El aprovechamiento no podrá iniciarse hasta que el respectivo Plan de Manejo haya sido aprobado por el ICF. Cuando se trate de Planes de Manejo y Planes Operativos que se someten a aprobación por primera vez, el ICF dispone de treinta días hábiles contados a partir de la presentación de dicho plan para resolver la solicitud, cuando se trate de bosque de coníferas y sesenta días hábiles para el caso de bosque latífoliado. Toda la información requerida al peticionario será conforme a la norma y procedimiento específico emitido. Lo anterior en el entendido que el peticionario presenta toda la información requerida conforme a la norma y procedimiento específico emitido por el ICF, caso contrario, el plazo quedará interrumpido hasta que sea completada dicha información.

Los Planes Operativos Anuales, que se desprenden de un Plan de Manejo aprobado y vigente serán resueltos por el ICF en un plazo no mayor de 20 días hábiles desde su presentación.

El ICF normará para que en la formulación de los Planes de Manejo Forestal y Planes Operativos se contemple la evaluación de impacto ambiental, especialmente para aquellas actividades que potencialmente puedan causar mayores efectos e impactos negativos, tal es el caso de la construcción de caminos forestales y vías de saca, construcción de bacadillas, extracción de trozas y fustes. En tales normas se contemplaran las medidas preventivas y correctivas para la mitigación de daños.

Para supervisar y verificar el cumplimiento de medidas y acciones para la mitigación de los impactos ambientales contemplados en los Planes de Manejo y Planes Operativos, el ICF podrá contratar servicios especializados para realizar auditorías técnicas. Así mismo se apoyará en los Consejos Consultivos Comunitarios y Municipales para ejercer acciones de vigilancia y supervisión.

La evaluación de impacto ambiental a que se refiere este Reglamento y las correspondientes medidas de protección o mitigación, comprenderán los aspectos siguientes:

1. Evaluación del riesgo de incendios y medidas de prevención o de restauración de la superficie quemada, incluyendo la aplicación de quemas prescritas.
2. Determinación y evaluación de plagas y enfermedades forestales y medidas de prevención o de combate.
3. Identificación de sucios forestales degradados por cambio de uso u otras causas y medidas de restauración, según corresponda.
4. Identificación y evaluación de suelos inestables o susceptibles de erosión por su condición frágil o pendiente pronunciada y medidas de protección o de prevención.
5. Identificación de nacimientos de agua, riberas de ríos, quebradas o de cuerpos de agua permanentes y medidas de protección.
6. Evaluación de la fauna existente y medidas de protección, según corresponda.
7. Evaluación de las condiciones para la regeneración natural, determinando árboles semilleros y su conservación, y los demás aspectos conducentes a tal fin.
8. Evaluación de las condiciones para la regeneración natural o de la conveniencia de forestación o reforestación mediante siembra o plantación.
9. Otras evaluaciones y medidas que fueren necesarias.

Una vez aprobado el Plan de Manejo se deberá presentar por el titular del mismo ante la Corporación Municipal o Corporaciones Municipales, en su caso, dentro de cuyo término se ejecute c! mismo, copia certificada de la resolución para su inscripción en el Registro Municipal de conformidad al Artículo 70 de la Ley.

Los Planes de Manejo Forestal y Planes Operativos Forestales deberán ser elaborados por Profesionales Forestales debidamente colegidos, de conformidad con el Artículo 70 de la Ley.

El Plan de Manejo deberá contemplar, por lo menos, los programas siguientes:

1. Ordenación, entendida como la proyección de las intervenciones por compartimiento o rodal a lo largo del período de rotación.
2. Silvicultura, indicando los tratamientos a aplicar en el cultivo o manejo del bosque, incluyendo regeneración, limpias, raleos, podas y los demás que técnicamente fueren necesarios.
3. Protección, incluyendo las medidas para la prevención y control de incendios, plagas y enfermedades, cortes ilegales o en áreas de protección, descombros y cambios de uso del suelo, pastoreo o reducción del hábitat de la vida silvestre.
4. Aprovechamiento, determinando los volúmenes de los productos y servicios del bosque, de acuerdo con los criterios establecidos en la Ley, en el presente Reglamento y en las normas técnicas correspondientes.
5. Infraestructura, incluyendo la planificación de caminos, vías y medios de saca y las demás que correspondan.
6. Prevención y mitigación, teniendo en cuenta los impactos ambientales negativos que se pueden producir como resultado de las actividades forestales.

La aprobación del Plan de Manejo por el ICF lleva implícita la aprobación de la evaluación de impacto ambiental, sin necesidad de ulterior trámite, de conformidad con el Artículo 70 de la Ley.

Lo anterior no es aplicable cuando se refiera a proyectos cuyo objetivo sea el establecimiento de infraestructura nacional o municipal, como carreteras, tendido de líneas de transmisión eléctrica o electrónica, acueductos u otros similares que se deban ejecutar en áreas forestales, los cuales estarán sujetos a las normas generales sobre evaluación de impacto ambiental.

Los propietarios de áreas de vocación forestal privadas podrán aprovechar bajo principios de rendimiento sostenible, por si mismos o por terceros, los recursos forestales de que fueren titulares, sujetándose a los Planes de Manejo y a los Planes Operativos Anuales que fueren aprobados por el ICF, según fuere la extensión superficial del terreno y los objetivos del manejo, al tenor de los siguientes parámetros:

1. El corte anual permisible de la propiedad no podrá exceder el crecimiento anual del bosque.
2. Se permite agregar a la corta anual permisible, los volúmenes que se deriven de los tratamientos silviculturales tales como raleos, cortas de liberación, saneamientos y cortas de recuperación como consecuencia de madera plagada y madera derribada por fenómenos naturales.
3. Los rodales clasificados como: a) áreas de bosque en estado maduro; b) en edad que sobrepasen el tumo biológico o económico; c) en condición de bosque degradado y d) con calidades de sitios regulares a buenos, su volumen será sumado a la corta anual permitida los cuales pueden ser intervenidos dentro del quinquenio. En este caso, el propietario deberá garantizar el establecimiento del nuevo bosque, tal como lo dispone el Artículo 73 de la Ley Forestal, sin perjuicio de la sanción prescrita en el Artículo 181 de la misma Ley.
4. Con el propósito de garantizar la seguridad jurídica de las propiedades forestales y unidades productivas, así como la estabilidad de los instrumentos que permitan su manejo y aprovechamiento sostenible, el ICF creara y administrará un Registro Público de las No Objeciones, Planes de Manejo y Planes Operativos, mismo que funcionará como registro asociado del Instituto de la Propiedad, sujetándose a la Ley de la Propiedad y demás disposiciones que emita el Instituto en materia registral.

Según fuere la extensión superficial del terreno y los objetivos del manejo, estos planes diferirán en las actividades previstas y en las correspondientes normas técnicas, teniéndose en cuenta para su preparación las especificaciones siguientes:

1. Terrenos pequeños: Con superficies menores a cien hectáreas, debiendo aplicarse normas simplificadas de acuerdo con el tipo de bosque, área del predio y sistemas agroforestal es previstos.
2. Terrenos medianos: Con superficies mayores de cien y hasta quinientas hectáreas, debiendo establecerse, bajo principios de rendimiento sostenible, los programas necesarios para asegurar la protección y producción forestal permanente, con normas y procedimientos de nivel intermedio.
3. Terrenos grandes: Con superficies mayores de quinientas hectáreas, bajo principios de rendimiento sostenible, con todos los programas que fueren necesarios para garantizar el uso forestal permanente.

La programación de cortes, la restauración del bosque y las demás medidas silviculturales y ambientales incluidas en los Planes de Manejo serán de obligatorio cumplimiento.

Para la realización de lo dispuesto en este Artículo se estará a la normatividad técnica que el ICF emita para los planes de manejo y planes operativos.

Previo a la aprobación del Plan de Manejo Forestal para el aprovechamiento de áreas forestales privadas y ejidales, el (los) interesado (s), por medió de apoderado legal, solicitará al ICF la No Objeción, por una sola vez la cual debe acompañar los documentos siguientes:

Con los informes técnicos y legales que correspondan, la Dirección Ejecutiva resolverá sobre la aprobación o denegación del plan de manejo y del primer plan operativo anual, dentro de los treinta días laborables, cuando se trate de bosques de coníferas, o de sesenta días laborables, cuando se trate de bosques latífoliados, contados en ambos casos a partir del día siguiente al de la presentación de la solicitud, de conformidad con el Artículo 70 de la Ley.

El ICF exigirá a los propietarios de Planes de Manejo un informe de evaluación sobre la aplicación y cumplimiento de las actividades prescritas en el plan quinquenal, únicamente en el caso de que interrumpiera la ejecución de alguno de los Planes Operativos Anuales. Para tal propósito el ICF emitirá la Normativa correspondiente concerniente a dicha evaluación.

La aprobación de los siguientes Planes Operativos Anuales, así como su prórroga cuando hubiere razón justificada, o su suspensión en similares circunstancias, corresponderá al ICF por medio de la Subdirección correspondiente, según dispone el Artículo 19 y 20, incisos 3) y 4) respectivamente de la Ley, pudiendo delegar esta atribución en los Jefes Regionales que se autoricen. Para los fines de su aprobación o prórroga, los interesados presentarán sus correspondientes solicitudes, debiendo ser resueltas dentro de los veinte días hábiles siguientes.

El riesgo a la sostenibilidad de los recursos naturales, su deterioro o destrucción y los daños irreversibles al ambiente serán determinados caso por caso atendiendo a las características del sitio, del bosque, tecnología utilizada y aprovechamiento, en relación con la ejecución del Plan de Manejo correspondiente y a la normativa técnica aplicable, lo cual deberá ser determinado contractual mente siguiendo lo dispuesto en el Artículo 85, inciso 12), de la Ley.

Cuando exista razón justificada que impida realizar el aprovechamiento de la corta anual permisible programada se podrá realizar el aprovechamiento dentro del mismo quinquenio.

Podrán solicitar al ICF la readecuación de los Planes de Manejo los titulares del terreno o su representante debidamente acreditado, previo Dictamen del Técnico Forestal Calificado responsable de la ejecución del Plan de Manejo.

Las resoluciones de readecuación, una vez aprobadas, deberán ser registradas en la Municipalidad correspondiente y comunicadas al Consejo Consultivo Comunitario Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre respectivo.

El ICF, de conformidad a lo expresado en este Reglamento, procederá a otorgar o denegar la autorización a la modificación a la ejecución del Plan de Manejo dentro del término de treinta días después de la notificación de la admisión.

Los aprovechamientos forestales en áreas públicas o privadas deberán hacerse de manera racional y sostenible. Para ello deberán emplearse técnicas silviculturales que permitan la perpetuidad del recurso y la eficiencia en su utilización, previniendo las pérdidas por el uso inadecuado o su destrucción o degradación por prácticas incorrectas.

Con los fines anteriores y de acuerdo con los Artículo 73 de la Ley y 175 de este Reglamento, en las áreas intervenidas por aprovechamientos forestales deberá restablecerse un nuevo bosque.

Sin perjuicio de las atribuciones del ICF, los Consejos Consultivos Departamentales. Municipales y Comunitarios velaran por la aplicación de lo dispuesto en los párrafos anteriores.

Aprovechamiento forestal es todo corte de árboles o arbustos para producir madera, leña u otros productos o subproductos forestales, así como la recolección de semillas o frutos, o la extracción de resinas, gomas o látex, cortezas y cualquier otro material vegetativo, como hierbas, arbustos, helechos, líquenes, musgos y epífitas.

Los aprovechamientos forestales pueden ser comerciales o no comerciales, según dispone el Artículo 90 de la Ley.

Tienen la condición de no comerciales aquellos con fines domésticos, realizados por la población rural, de carácter personal o familiar, incluyendo pequeños usos artesanales, para subvenir a sus necesidades. Estos no estarán sujetos a evaluación de impacto ambiental.

También son aprovechamientos no comerciales, y por su naturaleza, estarán sujetos a evaluación de impacto ambiental y su respectiva licencia, los cortes de árboles que fuere necesario ejecutar para la construcción de carreteras a formar parte de la red vial nacional, departamental o municipal, el levantamiento o instalación de líneas de transmisión eléctrica, acueductos u otras infraestructuras públicas. En tales casos, los árboles cortados podrán ser comercializados por el propietario del terreno que resulte afectado siempre que acredite su dominio. En el caso de las áreas públicas nacionales, su uso será para obras sociales a petición de las comunidades cercanas o de Organizaciones comunitarias que estén bajo el Sistema Social Forestal y en su defecto por las municipalidades para obras de desarrollo.

De no concurrir las características descritas en los párrafos precedentes de este artículo, el aprovechamiento será considerado comercial, debiendo regularse según lo dispuesto en las Secciones siguientes del presente Capítulo.

Para los fines del párrafo primero del artículo precedente y de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 76 de la Ley, el ICF promoverá y apoyará programas o iniciativas de certificación forestal que garanticen el origen de los productos, su calidad y las buenas prácticas forestales en los procesos correspondientes, especialmente la planificación adecuada de los aprovechamientos forestales y la restauración del bosque.

Así mismo, el ICF establecerá un régimen simplificado para la aprobación de los respectivos Planes de Manejo y Planes Operativos.

El Estado promoverá y apoyara la certificación forestal para asegurar el manejo forestal sostenible en los bosques públicos y privados mediante el apoyo a iniciativas nacionales y locales de capacitación, investigación y divulgación de los sistemas de certificación forestal reconocidos conducentes al buen manejo de los bosques.

El volumen máximo de los aprovechamientos autorizados a una operación forestal certificada por alguno de los sistemas de certificación reconocidos, estará dado por la corta anual permisible o la posibilidad silvícola del área asignada, de acuerdo con lo establecido en el respectivo Plan de Manejo.

El ICF procederá a la suscripción de Contratos de manejo forestal a largo plazo con las operaciones de manejo forestal certificadas con vigencia de hasta por un período de rotación de las especies de coníferas o latífoliadas, previo estudio técnico en este último caso, siendo entendido que dicho período será mayor de diez años, de conformidad al inciso 3) del Artículo 77 de la Ley.

El ICF mantendrá una base de datos actualizada y de consulta pública de las operaciones forestales y las disponibilidades de volumen de madera certificada para facilitar la demanda y comercialización de productos certificados.

En las áreas forestales nacionales certificadas, el ICF, en función del interés social, establecerá incentivos económicos tales como tarifas especiales de tronconaje de las especies forestales contenidas en el Plan de Manejo. Estos incentivos económicos serán utilizados para apoyar procesos de certificación forestal.

El ICF podrá suscribir con personas, naturales o jurídicas, Contratos de Manejo Forestal en áreas forestales nacionales previamente regularizadas o saneadas, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 11, incisos 13) y 16), 51, 57,77 y 78 de la Ley.

Los Contratos de que tratan los artículos anteriores también podrán otorgarse para actividades de manejo en áreas sin cobertura forestal, como resulta del párrafo tercero del citado Artículo 77 de la Ley.

En estos casos los adjudicatarios o beneficiarios estarán obligados a reforestar el área y a manejarla, con derecho a aprovechar los productos forestales de acuerdo con las condiciones convenidas y sujeto al correspondiente Plan de Manejo.

El monto de los Contratos se determinará de conformidad a la metodología de valoración que a tal efecto apruebe el ICF.

Es entendido, cuando se trate de Contratos de Manejo Forestal Comunitario, que en las áreas respectivas también podrán realizarse aprovechamientos no comerciales por los miembros del grupo beneficiario, siempre que se observen las correspondientes prescripciones técnicas.

Para los fines del Artículo 85 inciso I2) de la Ley, son causas de terminación anticipada de los Contratos de Manejo Forestal en áreas públicas:

1. Daño irreparable a las fuentes de agua, a la flora o fauna y al ecosistema en general por acciones u omisiones culposas o negligentes atribuibles al adjudicatario, sus miembros, o a sus agentes, empleados o trabajadores, según corresponda.
2. Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de carácter técnico o financiero que derivan del Contrato o del Plan de Manejo.
3. Sentencias judiciales de carácter firme que otorguen derechos de propiedad a particulares sóbrelas área adjudicadas por el ICF en el entendido de que son nacionales. Debiendo en este caso el ICF resarcir los daños y perjuicios que se hubieren ocasionados por la rescisión del Contrato.
4. Fallecimiento del adjudicatario si fuere persona natura siempre que no pudieren continuar el Contrato su
5. Disolución de la persona jurídica adjudicataria
6. Renuncia del adjudicatario.
7. Mutuo acuerdo de las partes.
8. Las demás que establecieren los Contratos.

Si hubiere incumplimiento debidamente comprobado de parte del adjudicatario o si el Contrato terminar por otras causas que le fueren imputables, el adjudicatario perder todo derecho sobre los productos forestales que no hubiera aprovechado, incluyendo subproductos y cualquier otro bien servicio previsto en el Contrato, sin derecho a indemnización alguna, según dispone el Artículo 87 de la Ley.

Acreditada la causa y oyendo previamente al adjudicatario el ICF resolverá declarando la terminación anticipada, sin perjuicio' de los recursos o acciones que correspondan. A tales efectos se tendrá en cuenta la naturaleza administrativa de estos Contrato.1 de acuerdo con el artículo citado en el párrafo primero precedente

El ICF ejecutará la garantía de cumplimiento prevista en c Contrato, según corresponda.

La comprobación del incumplimiento del adjudicatario o de abuso de los recursos naturales, causando daños a los ecosistemas inhabilitará al contratista por diez años para la suscripción d nuevos Contratos Forestales de conformidad al Artículo 83 de la Ley.

Para los efectos del inciso 4) del artículo 8 de la Ley, se entiende que la inhabilitación se producirá al gj firme la sanción que corresponda, todo ello de acuerdo con el principio general de presunción de inocencia.

De acuerdo con el Artículo 80 de la Ley, e las áreas forestales nacionales manejadas mediante Contratos de Manejo con exclusión de los aprovechamientos maderables, el ICF podrá otorgar dichos aprovechamientos a terceros, mediante subasta pública y de acuerdo con las disposiciones de esta Sub­sección.

El ICF procederá de igual manera en los bloques de áreas forestales nacionales identificadas para tal efecto, según dispone el artículo siguiente.

La adjudicación de estos Contratos también estará sujeta a la publicación prevista en el Artículo 79 de la Ley y en el artículo precedente.

El ICF preparará las bases de la subasta, con indicación del tipo de Contrato, de bosque, volumen a subastar, el precio base de referencia, forma y plazo para presentación de las ofertas, lugar, fecha y hora límite para la presentación, garantías bancarias requeridas y su monto, inhabilidades, sujeción a las prescripciones técnicas del Plan de Manejo y a la supervisión y control del ICF y las demás condiciones que fueren necesarias previstas en los Artículos 18, inciso 18), 81 y 85 de la Ley.

Las inhabilidades a que se refiere el párrafo anterior serán las previstas en los Artículos 84 de la Ley.

El aviso de subasta será publicado por el ICF al menos en un diario de circulación nacional, un medio radial de cobertura nacional y en otros medios que se estimen convenientes, con una anticipación mínima de veinte días calendario a la fecha prevista para la presentación de ofertas, indicándose en el aviso los dirección disponible para retiro de las bases, la descripción del lote o lotes a subastar, con indicación del tipo de bosques especies forestales y el volumen de madera en rollo por hectárea, en metros cúbicos; también se indicará el lugar, día y hora límites para presentar propuestas.

Cualquier interesado podrá visitar el sitio de los aprovechamientos a subastar, debiendo el ICF proporcionar la información técnica que fuera requerida.

Asimismo, por lo menos con cinco días antes de la fecha prevista para la apertura de las propuestas, cualquier interesado podrá solicitar aclaraciones a las bases, debiendo dar respuesta de inmediato el ICF, formulando las aclaraciones que procedan. Las respuestas serán comunicadas por escrito a todos los que hubieren retirado las bases, sin identificar al interesado que solicitare la aclaración.

En atención a lo dispuesto en el Artículo 82 de la Ley, en los procedimientos de subasta se exigirán las garantías siguientes:

1. Garantía de mantenimiento de la oferta equivalente al 3% de su monto, con vigencia hasta treinta días después de la fecha de apertura, según dispongan las bases.
2. Garantía de cumplimiento del Contrato adjudicado, equivalente al 15% de su monto, cuya vigencia excederá de uno a tres meses al plazo de ejecución Convenido, según establezcan las bases.
3. Garantía de calidad definida contractualmente, cuando proceda.

La garantía de mantenimiento de la oferta deberá ser presentada por cada participante, requisito sin el cual su oferta no será considerada; garantizará el mantenimiento del precio y las demás condiciones de la oferta, deberán mantenerse vigente durante el plazo indicado en las bases y se devolverá a los participantes no adjudicatarios tan pronto se resuelva la adjudicación.

La garantía de cumplimiento será presentada por el adjudicatario previo la firma del Contrato, momento en el cual se liberará su garantía de oferta; esta garantía responderá por el pago de las obligaciones económicas derivadas del Contrato, por el cumplimiento de las prescripciones del Plan de Manejo y de las demás obligaciones relativas al aprovechamiento previstas en el Contrato.

Dichas garantías podrán ser hipotecarias, bancarias o fianzas de compañías de seguros. Su ejecución, cuando hubiere motivo suficiente, estará sujeta a lo previsto en la Ley de Contratación del Estado.

Los aprovechamientos serán adjudicados a los interesados que cumplan con las bases de la subasta.

Los Contratos de aprovechamiento serán suscritos a más tardar diez días hábiles después de la adjudicación. Si el adjudicatario se negare por causas que le fueren imputables procederá la ejecución de su garantía de oferta. En este último caso podrá adjudicarse el Contrato al segundo mejor postor, sin perjuicio de que la subasta se declare fracasada si así resulta de las circunstancias del caso.

La vigencia de los Contratos podrá ser prorrogada cuando circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificadas, impidieren la ejecución total o parcial de los aprovechamientos. En tales casos podrá diferirse la obligación del pago anticipado de los volúmenes de madera en rollo a ser aprovechados en cada unidad de corta de acuerdo con el Plan Operativo Anual.

Pagado el precio correspondiente, y hechos los aprovechamientos según las prescripciones del Contrato, el adjudicatario podrá disponer a su conveniencia de la madera en rollo aprovechada. Para identificación de esta última deberán utilizarse marcas especiales, las cuales serán previamente aprobadas por el ICF.

En los aprovechamientos que trata de esta Subsección, se prohíbe expresamente lo siguiente:

1. Autorizar al adjudicatario que hubiere traspasado el límite de corte establecido en el contrato para que pueda compensar el excedente transfiriéndolo a contratos futuros.
2. Autorizar permisos provisionales de aprovechamiento.
3. Autorizar al adjudicatario para que pueda comenzar los aprovechamientos antes de presentar su respectiva garantía de cumplimiento o de suscribir el contrato, o antes de pagar el precio convenido.

La contravención a lo antes indicado hará incurrir a los funcionarios o empleados del ICF en responsabilidad administrativa, civil o penal, según corresponda.

Los adjudicatarios también serán responsables de los daños y perjuicios causados, sin perjuicio de las sanciones que procedan y de la ejecución, en su caso, de la garantía de cumplimiento.

En lo demás, se estará al Acuerdo contentivo del procedimiento específico de subasta que el ICF emita.

El manejo de las áreas forestales privadas y su aprovechamiento se hará de acuerdo con los objetivos de producción del propietario. Ello se entiende sin perjuicio de las limitaciones o restricciones derivadas del manejo de las áreas de protección, según dispone la Ley y el presente Reglamento.

A tal efecto, los propietarios tienen derecho al goce, uso, disfrute y disposición de la madera y demás productos o subproductos forestales, o de otros bienes o servicios derivados de los bosques de su titularidad.

Podrán, en consecuencia, realizar aprovechamientos maderables, de resinas, gomas, látex o de cualquier otro producto o subproducto, ya fuere a título personal o cediendo sus derechos a terceros.

En uno u otro caso deberán observarse las prescripciones de los Planes de Manejo aprobados por el ICF y las normas técnicas correspondientes.

Los propietarios de las áreas forestales no aprovechadas comercialmente, y por ende no sujetas a un Plan de Manejo, estarán obligados a preparar y ejecutar un Plan de Protección contra descombros, incendios, plagas y enfermedades, previniendo cortes irracionales, todo ello de acuerdo con las normas técnicas y demás lineamientos aprobados por el ICF.

En las áreas aprovechadas, asimismo, estarán obligados a restablecer un nuevo bosque, observando lo dispuesto en el respectivo Plan de Manejo.

Para el aprovechamiento en terrenos privados pequeños se estará a lo que las normas simplificadas de manejo y aprovechamiento que establezca el ICF de conformidad al Artículo 74, inciso 1), de la Ley.

Se consideran aprovechamientos forestales las actividades por las que, observando las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento, se extraigan directamente de los bosques madera en rollo o escuadrada, resinas, leña o los demás productos forestales a que se refiere el artículo 184 de este Reglamento, sin ningún tipo de transformación posterior y por consiguiente, sin ulterior valor agregado.

Las materias primas a que se refiere el Artículo anterior podrán ser transportadas, comercializadas o industrializadas, observando lo dispuesto en el Título V de la Ley y en los capítulos siguientes de este Título.

Previo al inicio del aprovechamiento y de conformidad con el Plan de Manejo o con el Plan Operativo que corresponda, se deberá acreditar ante el ICF:

1. Instalaciones y equipo a utilizar, como motosierras, tractores, “skidders”, motogrúas u otro equipo similar, camiones, cabezales, plataformas y demás equipo, maquinaria o medios de transporte, indicando su marca, especificaciones técnicas, u otros documentos de propiedad según corresponda o Contratos de arrendamiento u otros que acrediten su disponibilidad.
2. Personal calificado, como técnicos forestales, operadores de motosierras, “chequeadores” o despachadores de madera en rollo, operadores de equipo pesado, acreditando los datos de identidad y las licencias de conducción cuando corresponda.

Estas obligaciones corresponderán a los titulares de los aprovechamientos en las áreas forestales nacionales, a los titulares o responsables de los Planes de Manejo en áreas forestales ejidales o privadas o a los contratistas que sean beneficiarios de los aprovechamientos en estos últimos casos.

El ICF llevará el Registro de Equipos y de Personal Calificado, donde se registrarán los datos anteriores; estos últimos serán tenidos en cuenta en los procesos de supervisión, inspección y evaluación que corresponden al ICF.

Todo cambio o sustitución de equipos o maquinaria, o cambios de tecnología en los aprovechamientos deberán ser notificada al ICF tan pronto ocurra; de igual manera se procederá si hubieren cambios de personal calificado o si por cualquier título legítimo se cedieren los derechos de los titulares de los aprovechamientos.

Los titulares a que se refiere el párrafo último del Artículo anterior deberán presentar al ICF, por medio de las Oficinas Regionales, informes mensuales de las actividades realizadas, incluyendo volúmenes aprovechados, facturas o guías de movilización, incidencias en la ejecución del plan de manejo o del plan operativo y los demás datos que requiera el ICF mediante resolución fundada La supervisión y verificación de estos informes se hará por medio del personal de las Regiones Forestales.

Cuando se trate de la negociación de Convenios o Tratados Internacionales de Integración Económica o de Libre Comercio, el ICF establecerá relaciones de coordinación con la Secretaría de Industria y Comercio o con cualquier otro organismo competente, para incluir el acceso de materias primas forestales o de productos de la industria primaria o secundaria a los mercados internacionales.

Excluyese de lo anterior la madera no transformada o no procesada, proveniente de bosques latífoliados naturales, según dispone el Artículo 102 de la Ley. Entiéndase por tal la madera en rollo o escuadrada, sin ulterior valor agregado, la que únicamente podrá ser comercial izada en el mercado interno.

Para los fines del párrafo primero de este Artículo, se tendrán en cuenta, según corresponda, las disposiciones de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES) o de cualquier otra convención o tratado aplicable, de la que el Estado sea parte.

Todo comerciante de productos forestales deberá mantener un libro de entradas y salidas que deberá reflejar el volumen de productos forestales transados, libro que deberá ser autorizado por el ICF.

Declarase de interés nacional la industrialización primaria y secundaria de la madera y de las demás materia prima forestal.

Con el apoyo del ICF y en el marco de sus atribuciones, se promoverá por el sector privado y el sector social, representado este último por las organizaciones comunitarias, cooperativas u otros grupos organizados acorde al Sistema Social Forestal, el desarrollo integral de la industria forestal, procurando su diversificación y la incorporación de valor agregado a sus productos, principalmente a través de la generación de productos terminados, así como la eficiencia en los procesos productivos, todo ello con el fin de generar empleo, aumentar la oferta exportable y reducir los desperdicios no utilizables.

El ICF también apoyará al sector artesanal en las actividades de transformación de la madera y de otros productos forestales. A tal efecto establecerá mecanismos para facilitar el acceso a la materia prima. Asimismo con el apoyo de Instituciones relacionadas al sector forestal,)’ la cooperación internacional, establecerá programas de capacitación en los procesos de producción y de comercialización.

Para los fines del párrafo anterior, se entiende por sector artesanal el constituido por talleres de ebanistería u otros similares, principalmente manejados por micro empresas de carácter familiar o que empleen hasta diez personas con procedimientos manuales o con escasa intervención de maquinaria.

Por industria forestal se entiende todo plantel o planta de procesamiento que utilice como materia prima principal para su transformación parcial o total, agregándole valor, madera en rollo o escuadrada, madera procesada, resinas, gomas o látex, o los demás productos que tengan su origen directamente en el bosque.

En relación con el producto resultante, las industrias forestales pueden ser:

1. Primarias o de primer procesamiento, cuyos productos, ya sea derivados de la madera en rollo o escuadrada o de otras materias primas forestales, son susceptibles de ulterior transformación. Se incluyen, entre otras, los aserraderos que producen madera aserrada o procesada, sea rústica, cepillada o semimanufacturada, así como las instalaciones que elaboran productos como colofonia o aguarrás.
2. Secundarias, cuando emplean materia prima o productos semimanufacturados provenientes de la industria primaria, para su transformación posterior, incorporándole valor hasta llegar a productos terminados o finales. Se incluyen, entre otras, las dedicadas a la fabricación de muebles, puertas, ventanas u otros productos terminados empleados en la construcción o en otras actividades económicas, incluyendo, según fuere el caso, módulos, elementos o piezas necesarias para su ensamble.

El establecimiento de las industrias primarias y secundarias a que se refiere el Artículo precedente, previo a su aprobación, deberán solicitar al ICF licencia de operación inscripción correspondiente, debiendo acompañar a su solicitud lo siguiente:

1. Memoria técnica incluyendo la descripción del procesamiento de los productos forestales, materias primas a emplear, sus fuentes de abastecimiento, productos a elaborar, instalaciones, equipo y maquinaria y su localización en el plantel o planta industrial, mapa de ubicación del sitio georreferenciado, diagrama de flujo de producción.
2. Licencia ambiental expedida por la autoridad competente, si fuera el caso.
3. Certificación integra del asiento respectivo, contrato de arrendamiento u otro documento que acredite la disponibilidad del inmueble donde se instalará.
4. Registro Tributario Nacional del titular.
5. Permiso de operación extendido por la municipalidad correspondiente.

No requerirán licencia de operación las actividades artesanales a que se refiere el presente Reglamento; sin embargo estarán, en lo pertinente, a lo dispuesto en los Artículos 224,225 y 226 siguientes, así como del deber de inscribirse en el Registro correspondiente de conformidad al Artículo 98 de la Ley.

Las industrias forestales deberán tener en lugar visible al público dentro de las instalaciones administrativas del plantel o, en su defecto, las que hagan sus veces, la Licencia de Operación correspondiente, sin perjuicio de que a la entrada a cada instalación, deba mantener permanentemente rotulado de manera clara el número de Licencia de Operación y la fecha de la resolución de su otorgamiento.

Asimismo, las facturas de adquisición de la madera y demás materias primas forestales, que estén el plantel, deben estar disponibles in situ para su verificación para el caso de requerimiento por autoridad competente.

Los titulares de las industrias tanto primarias como secundarias deberán, elaborar y presentar informes mensuales al ICF, a más tardar el quinto día hábil de cada mes, detallando sus actividades industriales, la adquisición, procedencia y volumen de las materias primas utilizadas, inventarios de materia prima y de productos procesados e información de su comercial ración

Como parte de sus atribuciones de inspección, supervisión y evaluación, el ICF, por medio de su personal autorizado, podrá hacer inspecciones o requerir información necesaria para comprobar los datos suministrados. Si hubiera indicios de irregularidades, el ICF iniciará el expediente correspondiente para su averiguación y para su sanción administrativa, según corresponda, sin perjuicio de denunciar lo procedente al Ministerio Público en el caso de indicios de responsabilidad penal.

Todo cambio de los locales o planteles deberá notificarse al ICF con treinta días de antelación, sin perjuicio de que se siga el procedimiento establecido en el Artículo 215 de este Reglamento.

El cambio de equipos o maquinaria, o la introducción de nuevas tecnologías en los procesos industriales también deberá notificarse tan pronto ocurra para su registro correspondiente.

De igual manera se deberá notificar al ICF por el interesado, el cambio de titular, el otorgamiento de contratos de arrendamiento, derechos de prenda sobre los equipos o maquinaria u otros derechos de garantía o de uso, o cuando cambiare el giro comercial o cesare por cualquier causa dichas actividades para los efectos regístrales correspondientes.

Para los fines del artículo 101 de la Ley, cl^ ICF promoverá con entidades representativas del sector privado y del sector social, el desarrollo de iniciativas para propiciar la industrialización con el más alto valor agregado, de materias primas procedentes de especies latífoliadas no tradicionales. Entiéndase por estas últimas las especies maderables sin demanda comercial actual, interna o externamente, pero con alto potencial de aprovechamiento.

Propiciará, asimismo, iniciativas para promover el desarrollo tecnológico en las industrias forestales, previendo impactos negativos al ambiente.

Los depósitos o ventas de madera a que se refiere el artículo 98 de la Ley son establecimientos comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de madera aserrada de cualquier especie pudiendo distribuir al mayor o al detalle. Los mismos deberán registrarse ante el ICF.

Los depósitos o ventas de madera deberán presentar informes mensuales al ICF a más tardar el quinto día hábil de cada mes, los cuales deberán contener al menos, la siguiente información:

1. Reporte detallado por especie volumen de madera transado.
2. Originales y copias de las facturas de compraventa de madera. El ICF una vez cotejadas los originales con sus copias, devolverá los originales al propietario o su representante.

Para inscribir un depósito o venta de madera en el Registro que al efecto lleve el ICF, se deberá acompañar:

1. Original y copia de la escritura de constitución de comerciante debidamente inscrita y registrada, cuya original cotejada se devolverá al interesado.
2. Fotocopia del Permiso de Operación vigente de la Alcaldía Municipal.
3. Título del inmueble a favor del solicitante y, en su caso, contrato de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el depósito.
4. En el caso de terreno y edificios donde está ubicada la venta de productos forestales, mostrar su ubicación en una hoja cartográfica y georreferenciado en duro y digital.

Los depósitos o ventas de madera, deberán de poner a la vista del público el giro de sus actividades empresariales.

La madera en rollo o escuadrada proveniente de los aprovechamientos forestales autorizados de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento, así como la madera aserrada o de otra manera procesada y los demás productos forestales cuyo aprovechamiento o procesamiento cumpliere con similares requisitos legales y reglamentarios, podrá ser comercializada por sus legítimos propietarios, sujetándose a las reglas siguientes:

1. Las maderas no procesadas, entendiéndose por éstas la madera en rollo o escuadrada, provenientes de bosques naturales de latífoliadas, las que solamente podrán ser comercializadas libremente en el mercado nacional.
2. Las maderas procesadas, entendiéndose por estas las que fueren objeto de aserrío o de otros procesos industriales, fueren de coníferas o de especies latífoliadas que provengan de bosques naturales manejados, podrán ser comercializadas en el mercado nacional o en el mercado internacional.
3. Las maderas de cualquier especie provenientes de bosques artificiales o plantaciones podrán ser comercializadas libremente en el mercado nacional o en el mercado internacional, previo Certificado de Plantación, extendido por el ICF.
4. Los productos de la industria secundaria podrán ser comercializados en el mercado nacional o en el mercado internacional.
5. Otros productos forestales procesados podrán ser comercializados en el mercado nacional y en el mercado internacional.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo que dispusieren Tratados o Convenios Comerciales Internacionales, de los que el Estado sea parte.

En todos los casos se requerirá acreditar la procedencia de los productos. Su origen necesariamente debe ser un aprovechamiento autorizado y ejecutado conforme al Plan de Manejo Forestal aprobado por el ICF, o una industria que cuente con su respectiva licencia de operación y cumpla con los demás requisitos legales o reglamentarios.

Su comercialización estará sujeta al cumplimiento de las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento; deberá cumplirse también la legislación tributaria y de sanidad vegetal y, en el caso de operaciones de exportación, la legislación aduanera, cambiaría y los convenios internacionales que regulen su comercio.

Los productos provenientes de aprovechamientos no comerciales o de actividades artesanales estarán sujetas a reglas especiales que serán establecidas por el ICF, de acuerdo con su propia naturaleza.

De conformidad al Artículo 11, inciso 33), de la Ley, la guía de movilización es un documento cuyo uso es exclusivamente para el transporte de productos y subproductos forestales indicando procedencia, destino y en ningún caso servirá para fundamentar reclamos por volumen.

Ningún producto o subproducto forestal podrá ser transportado por el territorio nacional, cualquiera fuese la titularidad del terreno donde hubiere sido aprovechado, sin estar amparado en la correspondiente guía de movilización o factura original codificada, la cual acreditará su legítima procedencia. Entiéndase por subproductos la leña, tocones, estacas, palos u otros similares provenientes de raleos, podas o de desperdicios de aprovechamientos de madera en pie debidamente autorizados u otros subproductos de naturaleza no maderable.

También se requerirá guía de movilización o factura comercial emitida por el interesado para transportar la madera aserrada o procesada u otros productos de la industria primaria, con destino a almacenes, planteles de venta o de distribución, patios de acopio o puertos de embarque.

En el caso de productos provenientes de industrias secundarias tales como: palillos, tampas, nasas, bolillos, clips u otros, requerirán para su transporte una factura extendida por la industria secundaria que procesó el producto. Se exceptúan de lo anterior los demás productos de la industria secundaria y productos de la destilación de resinas, así como los provenientes de aprovechamientos no comerciales.

Para identificación de sus productos, los titulares de aprovechamientos forestales o de industrias primarias deberán utilizar marcas especiales, las cuales serán puestas en conocimiento del ICF para fines de verificación y control de los productos transportados.

Las guías de movilización o facturas originales codificadas a que se refiere el artículo 235 precedente serán elaboradas de conformidad a lo que el ICF determine.

Las guías de movilización son documentos públicos.

Las guías de movilización de cada talonario serán selladas por la correspondiente Oficina Forestal del ICF, serán firmadas por el encargado del control y en su defecto por el Director Regional y serán entregadas a los titulares del bosque, de los aprovechamientos o de las industrias autorizadas, a sus representantes legales o a los Técnicos Forestales Calificados que éstos autoricen expresa y formalmente y de acuerdo con la producción estimada. A tal efecto se usarán sellos de seguridad, debiendo registrarse dichas firmas en el Departamento de Auditoría del ICF.

La entrega de los talonarios, con indicación del número de guías o facturas y sus respectivos números correlativos, será registrada en el Libro que para tal efecto llevará la Región de Conservación y/o Producción, comunicándose de inmediato lo procedente al Departamento de Auditoria del ICF.

Las facturas emitidas por las industrias secundarias serán emitidas por estas y no requieren sello ni firma de la Región de Conservación y/o Producción correspondiente.

Dichas guías o facturas serán impresas con un original y cuatro copias originales separables. El ICF podrá cobrar a los solicitantes el valor de impresión de los talonarios.

El original será la guía propiamente dicha, debiendo acompañar siempre a los productos transportados durante su circulación, desde el punto de origen hasta el lugar de destino.

Dentro de los cinco primeros días hábiles del mes siguiente al de la fecha en que se realizó el transporte, el titular del aprovechamiento o de la industria, ya sea por sí mismo, por su representante legal, en su caso, o por quien estime pertinente, debiendo estar éste último debidamente autorizado para ello, presentará una copia de la guía en referencia, juntamente con su informe mensual, ante la Región de Conservación y/o Producción correspondiente, misma que deberá extenderle el respectivo recibo; bajo cuya jurisdicción opera la industria; las dos copias restantes, deberán haber quedado en poder del propietario del bosque y de quien realice el aprovechamiento, respectivamente, debiendo conservarlas cada uno de los antes mencionados por el término de cinco años.

Concluida la entrega de los productos transportados en su lugar de destino, el original deberá ser conservado durante similar período, para su archivo por la industria donde se destinó el transporte, según corresponda.

En los puestos de control en cualquier parte de la ruta que se siga para el transporte, el personal autorizado del ICF, de la Policía Nacional, del Ministerio Público o de cualquier otra autoridad competente, según fuere el caso, podrá exigir al conductor la presentación de la guía de movilización o factura original codificada, a fin de verificar su autenticidad y la exactitud de los datos que contiene, en relación con los productos transportados.

Asimismo, cualquier irregularidad que se observe será notificada a la Región o Sub Región de Conservación y/o Producción más cercana, a fin de iniciar el procedimiento para determinar la responsabilidad que proceda, sin perjuicio del decomiso o de la denuncia ante la autoridad policial o del Ministerio Público, según corresponda.

Para los efectos anteriores, el ICF coordinará sus acciones con la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, con el Ministerio Público o con cualquier otra autoridad competente, debiendo diseñar un sistema de control que permita hacer un monitoreo adecuado a lo largo de las rutas de tránsito, incluyendo anotaciones obligatorias de verificación en las correspondientes guías de movilización o facturas originales codificadas.

En los informes mensuales de producción que presenten al ICF los titulares de aprovechamientos o de industrias forestales se consignarán las series de los talonarios y los números de las guías de movilización o facturas originales codificadas que amparen los productos transportados, debiendo acompañarse copia de las mismas. El total de entregas consignadas en el informe deberá coincidir con la suma de las cantidades que consten en las guías de movilización, así como con los datos de recepción de sus respectivos destinatarios.

Si el interesado no depositare en la correspondiente Región de Conservación y/o Producción alguna de las guías de movilización numeradas que le hubieren sido entregadas o no notificare su inutilización o extravío tan pronto ocurra, el ICF hará las investigaciones que correspondan para comprobar si ha habido transporte ilegal y para deducir las responsabilidades que procedan.

La guía de movilización o factura original codificada será llenada y firmada por la persona responsable del envío en el sitio de corte o en la industria forestal de origen; dicha persona deberá haber sido inscrita previamente por el titular de la explotación o de la industria en el Registro de Personal Calificado a que se refieren los Artículos 215, inciso 2), 216 y 226 de este Reglamento.

La persona antes indicada entregará la guía al conductor del vehículo de transporte y este a su vez a la persona designada para recibir los productos en el lugar de destino; producida la recepción, el receptor deberá tachar la guía con la frase “Sin valor para transportar”, insertada en forma diagonal en todo el frente. Este último, cuando se tratare de una industria primaria, también deberá estar inscrito en el citado Registro.

Solamente será permitido el transporte de madera proveniente de aprovechamientos o de la industria primaria, en cualquiera de sus formas, observando las disposiciones del presente Capítulo, en el horario de cinco de la mañana a nueve de la noche. Cualquier operación de transporte en horario diferente será paralizada por la Autoridad Forestal o de Policía, dando lugar a la investigación que corresponda para determinar su procedencia y legitimidad.

La madera en rollo, escuadrada o labrada deberá transportarse de manera visible.

En el caso de madera transformada por la industria secundaria, debido al grado de acabado que la misma posee, se permitirá su transporte de forma cubierta o en carro cerrado, ya que por factores climáticos como lluvia y sol, se puede dañar este tipo de productos si se transportan al descubierto.

La falta de presentación de la guía de movilización en cualquier momento que fuere requerida o el incumplimiento de cualquier otra disposición de la Ley o del presente Reglamento, autoriza al personal del ICF, de la Policía Nacional o de cualquier otro organismo de seguridad o de orden público, para proceder al decomiso provisional de los productos o subproductos forestales transportados, debiéndose levantar acta y comunicar lo pertinente, de inmediato o dentro de los tres días hábiles siguientes, al Ministerio Público para que inicie la investigación correspondiente y proceda por la vía penal si-así resultare de los antecedentes. El ICF, en todo caso, también iniciara el procedimiento para establecer cualquier tipo de responsabilidad administrativa e imponer la sanción que fuera procedente.

De manera similar se procederá cuando se transportaren productos forestales en horarios diferentes a los autorizados en el artículo anterior, o cuando se encontraren productos o subproductos forestales en bodegas o planteles sin documentos que acrediten su procedencia legítima, según lo dispuesto en la Ley y en el presente Reglamento.

Los productos decomisados serán inventariados señalados con una marca oficial para identificar esta condición, debiendo evitarse su confusión con otros de similar naturaleza o condición.

También se decomisarán los vehículos de transporte y demás equipos o instrumentos utilizados para cometer la infracción, debiéndose también ponerlos a disposición del Ministerio Público de inmediato o, a más tardar, en el plazo indicado en el artículo anterior.

Corresponde al Ministerio Público la preparación anticipada de la prueba, previendo cualquier pérdida, inutilización o deterioro, incluyendo, entre otras, la determinación del origen de los productos y sus responsables, así como los dictámenes periciales que correspondan para determinar el valor comercial, la especie, estado y demás características de los productos decomisados o el estado de los vehículos, equipos o instrumentos a que se refiere el párrafo anterior. El personal del ICF colaborará con el Ministerio Público para los fines anteriores.

Siendo firme la resolución administrativa o la sentencia judicial que corresponda, según se trate de una falta o de un delito, o cuando en este último caso se cuente con autorización del Ministerio Público o del Juez respectivo, el ICF procederá a asignar los productos decomisados a organismos estatales que desarrollen programas educativos o de capacitación para la transformación de los recursos forestales o entes u organizaciones comunitarias de carácter público o privado que ejecuten obras o proyectos en beneficio de las comunidades, en coordinación con el Consejo Consultivo Comunitario cuando corresponda, a los cuales se notificará para esos efectos. Para los fines anteriores se suscribirán los Convenios Interinstitucionales que sean necesarios.

Junto con la solicitud de donación, el interesado deberá presentar lo siguiente:

1. Documentación fehaciente que acredite su existencia, fines creación y representación legal.
2. Descripción detallada de los fines para los cuales será utilizado el producto solicitado, incluyendo los datos generales de la obra.
3. Minuta detallada realizada por el encargado de desarrollar la obra o proyecto, que incluya las especificaciones siguientes: especie, volumen, dimensiones de las piezas y otras características específicas. Asimismo deberá presentar cualquier otra información que permita visualizar la necesidad planteada.
4. Acta de compromiso donde el solicitante asume la responsabilidad de utilizar el producto única y exclusivamente para los fines establecidos en la solicitud, y que en caso de incumplimiento, se someterá a las sanciones administrativas y penales que correspondan.
5. Los funcionarios del ICF tienen la responsabilidad de supervisar en cualquier momento la utilización apropiada de los recursos forestales adjudicados, siendo además responsabilidad del beneficiario la presentación de un informe final de la ejecución y resultados de la obra o proyecto.
6. De todo lo anterior será informado el Ministerio Público y demás entes correspondientes.

El transporte de leña con fines comerciales también estará sujeto a guía de movilización, debiendo acreditarse el aprovechamiento de origen, su titular y su legítima procedencia. Por esta última se entiende la determinación del origen y debida autorización del aprovechamiento, de acuerdo con las disposiciones de la Ley y del presente Reglamento.

Dichas guías deberán ser expedida por el titular del bosque o por el titular del aprovechamiento, según corresponda, y refrendadas por la correspondiente Oficina Forestal o, en ausencia de ésta, por la Corporación Municipal respectiva acreditando su aprovechamiento y legítima procedencia.

En el caso de que un vehículo que transporte productos forestales sufra desperfecto mecánico o que por cualquier otra causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificada, no pueda llegar a su destino final en la misma fecha consignada en la guía de movilización, el interesado deberá, a través de cualquier medio efectivo, a notificar de inmediato lo sucedido a la Región de Conservación y/o Producción más cercana. Lo anterior a fin de que dentro de horas hábiles, un técnico de dicha oficina proceda, cuando sea posible y necesario, a trasladarse a costa del interesado al sitio en cuestión para corroborar la veracidad de la causa alegada por éste. En caso de ser cierta y justificada dicha causa, el Técnico del ICF procederá en el reverso de la factura en cuestión, a realizar anotación clara de lo sucedido, refrendando con su firma y sello correspondiente, la autorización para que dicho producto sea transportado en fecha diferente a la consignada originalmente en la guía de movilización. En caso de que el interesado no cumpla con el proceso antes descrito, será sancionado con una multa administrativa y decomiso del producto transportado cuando proceda, lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal que le pudiera corresponder.

De todo lo anterior, el técnico respectivo informará a su superior, debiendo dejar constancia de dicho informe en el expediente o archivo del contrato, licencia o autorización que se trate.

Las cuencas hidrográficas, según se definen en el Artículo 11, inciso 22), de la Ley, serán objeto de ordenación Impulsar y dirigir los procesos de elaboración, aprobación y de ejecución de los correspondientes Planes de Ordenación y de manejo integrado, con énfasis en la conservación de los suelos, aguas y bosques.

Igual ocurrirá con las subcuencas y con las microcuencas, especialmente las que abastecen o podrían abastecer de agua potable a las poblaciones.

Por subcuencas se entiende el área de influencia de un rio que drena a un cauce principal, pudiendo comprender diversas microcuencas; por micro cuenca se entiende el área de influencia de una quebrada o riachuelo que drena a un cauce secundario o principal.

Con el fin indicado, corresponde al ICF:

1. Impulsar y dirigir los procesos de elaboración, aprobación y de ejecución de los correspondientes Planes de Ordenación y de Manejo Integrado, en el marco del ordenamiento del territorio y en coordinación con las autoridades ambientales, organismos gestores del agua o del riego con fines agrícolas, organismos prestadores de servicios públicos de agua potable y de generación de energía hidroeléctrica o con cualquier otro organismo público con competencias relacionadas, debiendo tener participación también los organismos privados que desarrollen actividades vinculadas, las Corporaciones Municipales, las comunidades organizadas, cooperativas, empresas campesinas forestales o agroforestales u otras agrupaciones del Sistema Social Forestal y los Consejos Consultivos Forestales, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
2. Contribuir al mantenimiento de los regímenes hidrológicos mediante: a) La delimitación y protección de las área de recarga hídrica o cuenca alta, a que se refieren los Artículos 123, inciso 1), de la Ley y 157, inciso 1), de este Reglamento; b) La delimitación y manejo de las fajas de protección de ríos y quebradas permanentes, a que se refieren los Artículos 123, inciso, y 157, inciso 4), de este Reglamento, de acuerdo con los criterios técnicos que correspondan; c) La declaración de microcuencas abastecedoras o que podrían abastecer de agua a poblaciones, según lo dispuesto en los Artículos 65, párrafo segundo, 109, párrafo segundo, y 124 de la Ley y 159 de este Reglamento; d) I & delimitación y protección de las zonas costeras a que se refieren los Artículos 123, inciso 3), de la Ley y 157, inciso 5), de este Reglamento; e) la restauración de áreas forestales degradadas, según lo previsto en los Artículos 122, párrafo segundo, y 125 de la Ley y 157, inciso 7), del presente Reglamento; y, f) La protección de los suelos inestables a que se refiere el Artículo 157, inciso 6), de este Reglamento.
3. Velar por la conservación de los bosques protectores, ejerciendo vigilancia por medio de las Regiones Forestales y de la Guardería Forestal para el cumplimiento de las prohibiciones establecidas en los Artículos 123, párrafos segundo y tercero de la Ley y 160 de este Reglamento, con participación de los correspondientes Consejos Consultivos Departamentales, Municipales o Comunitarios. Ello se entiende sin perjuicio de las competencias que corresponden a las municipalidades.
4. Promover la declaración de áreas protegidas, en las zonas de influencia de las cuencas o subcucncas, observando lo previsto en los artículos 65 y 109 de la Ley y 161 de este Reglamento.
5. Ejecutar las demás acciones que fueren necesarias, en el marco de sus atribuciones legales.

Para efectos de lo dispuesto en los Artículos 123 y 124 de la Ley y en el presente artículo, la pendiente del área de drenaje deberá medirse perpendicular a la sección transversal del río. La declaratoria de protección debe considerar una prolongación en línea recta de cien metros, siguiendo el cauce del cuerpo de agua, medidos desde la obra de toma de tal forma que la declaración de protección de microcuencas se limite al área comprendida entre los parte aguas y el área de drenaje.

Los Planes de Ordenación de las cuencas hidrográficas serán aprobados por el ICF y tendrán por objeto la restauración y protección de los bosques, la regulación de caudales, la corrección de regímenes torrenciales y la fijación de suelos inestables, con el fin de regularizare! régimen de las aguas, evitar los arrastres sólidos o los procesos de erosión de los suelos, ayudar a la protección de los embalses, presas, vías de comunicación, puentes y otras infraestructuras, tierras agrícolas y poblados y, en general, permitir la utilización racional y sostenible de los recursos naturales presentes en las cuencas, especialmente los bosques, el agua y los suelos. A tales efectos se procurará un adecuado balance entre los recursos naturales en el área de la cuenca y su aprovechamiento por los usuarios directos.

Si no fuere posible la elaboración de Planes Integrales de Ordenación de las cuencas, podrán hacerse Planes de Ordenación por subcuencas o microcuencas.