Artículo 216 del Código Penal de Honduras
En palabras simples
La tortura es un delito cometido por funcionarios o empleados públicos que someten a una persona a condiciones intimidatorias, coactivas o humillantes para obtener confesiones, información o castigo, siendo sancionado con prisión de 6 a 10 años e inhabilitación de 15 a 20 años. Esta misma pena aplica a servidores públicos penitenciarios que cometan estos actos contra internos, así como a quienes por negligencia permitan que terceros ejecuten torturas. Las penas aumentan en un tercio cuando la víctima es menor de edad, mujer embarazada, adulto mayor o persona con discapacidad.
Resumen generado con IA. El texto legal que vale es el de abajo.
Texto vigente
Tortura. Comete tortura el funcionario o empleado público que en el ejercicio de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla por cualquier hecho que ha cometido o se sospeche que ha cometido por cualquier razón basada en algún tipo de discriminación o con cualquier otro fin, somete a esta a condiciones o procedimientos que por su naturaleza intimidatoria o coactiva, le ocasionan sufrimientos, una situación de humillación o la supresión o disminución de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión. No se debe considerar tortura, los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas.
El culpable de tortura debe ser castigado con las penas de seis (6) a diez (10) años e inhabilitación absoluta de quince (15) a veinte (20) años.
Con las mismas penas debe ser castigado el funcionario o empleado público de establecimientos penitenciarios o de centros de protección o internamiento de la niñez infractora que comete respecto de internos, detenidos o condenados, los actos descritos en el párrafo primero del presente artículo.
Las penas previstas en el párrafo segundo se deben imponer al funcionario o empleado público que, faltando a los deberes de su cargo, permite que otras personas ejecuten los hechos descritos en el párrafo primero.
La pena de prisión debe ser aumentada en un tercio (1/3) cuando la víctima es menor de dieciocho (18), mujer embarazada, persona de avanzada edad o persona con discapacidad.