Artículo 432 del Código Penal de Honduras
En palabras simples
El fraude de subvenciones consiste en obtener ayudas estatales de cincuenta mil lempiras o más mediante falsificación de requisitos o destinando esos fondos a fines distintos para los que fueron otorgados. Las penas varían entre tres a diez años de prisión más multas del 120% al 140% del monto defraudado, dependiendo del valor, y aumentan en una tercera parte si el responsable actúa en grupo criminal organizado. La persona que reciba la subvención puede eximirse de responsabilidad penal si devuelve voluntariamente el dinero con recargos e intereses antes de que la fiscalía presente demanda ante el tribunal.
Resumen generado con IA. El texto legal que vale es el de abajo.
Texto vigente
Fraude de subvenciones y ayudas. Comete fraude de subvenciones quien obtiene subvenciones o ayudas de la Administración en cuantía igual o mayor a cincuenta mil lempiras (L50.000.00) falseando las condiciones necesarias para su obtención u ocultando las que impiden dicha obtención
Comete asimismo este delito quien aplica las referidas cantidades a fines distintos de aquellos para los que ha obtenido una subvención o ayuda.
Los culpables del delito de fraude de subvenciones o ayudas deben ser castigados conforme a las reglas siguientes:
Con las penas de prisión de tres (3) a seis (6) años y multa equivalente al ciento veinte por cierto (120%) del valor de lo defraudado, si dicho valor no excede de doscientos cincuenta mil lempiras (L250,000.00);Con las penas de prisión de seis (6) a diez (10) años y multa equivalente al ciento cuarenta por ciento (140%) del valor de lo defraudado, si dicho valor excede de doscientos cincuenta mil lempiras (L250,000.00).
Las penas previstas en los numerales anteriores se aumentan en un tercio (1/3) cuando el responsable está integrado en un grupo delictivo organizado o colabora con él.
Queda exento de responsabilidad penal quien recibió la subvención o ayuda, si procede al reintegro de lo recibido con sus recargos e intereses antes de que el Ministerio Público presente requerimiento ante el órgano jurisdiccional competente.