Artículo 181 del Código Procesal Penal de Honduras
En palabras simples
La prisión preventiva tiene una duración máxima general de un año, o hasta dos años cuando el delito tenga pena superior a seis años, pudiendo extenderse excepcionalmente por la Corte Suprema de Justicia hasta seis meses más si la prueba es especialmente compleja, pero nunca puede exceder la mitad de la pena mínima aplicable al delito. Si vencido el plazo no termina el proceso, el imputado debe ser puesto en libertad provisional con medidas cautelares, y los funcionarios responsables del retraso por malicia, culpa o negligencia serán sancionados conforme a la Ley de la Carrera Judicial sin perjuicio de responsabilidad penal.
Resumen generado con IA. El texto legal que vale es el de abajo.
Texto vigente
Duración de la prisión preventiva. La prisión preventiva podrá durar, como regla general, hasta un (1) año.
Cuando la pena aplicable al delito sea superior a seis (6) años, la prisión preventiva podrá durar hasta dos (2) años.
Excepcionalmente, y habida cuenta del grado de dificultad, dispersión o amplitud de la prueba que deba rendirse, la Corte Suprema de Justicia podrá ampliar hasta por seis (6) meses los plazos a que este artículo se refiere, a solicitud fundada del Ministerio Público.
En ningún caso, la prisión preventiva podrá exceder de la mitad de la duración del mínimo de la pena aplicable al delito.
Una vez dictada la sentencia condenatoria, la prisión preventiva podrá prolongarse durante la tramitación y resolución del recurso que contra ella pueda interponerse, hasta la mitad de la pena impuesta en la sentencia recurrida. Si el máximo así determinado excediere del ordinario establecido en este artículo, el tribunal, siempre que lo solicite alguna de las partes, oídas las demás, lo acordará por auto motivado.
Dentro de dicho plazo, no se contará el tiempo que hayan durado las demoras producidas por gestiones de la defensa, que hayan sido declaradas sin lugar.
Si vencido el plazo no ha llegado a su fin el proceso, el imputado será puesto en libertad provisional y sometido a cualquiera de las medidas cautelares previstas en el artículo 173, sin perjuicio de la continuación del proceso, hasta que la sentencia adquiera el carácter de firme.
Cuando dentro del plazo indicado no se dé fin al proceso, los funcionarios y empleados que hayan dado lugar al retraso por malicia, culpa o negligencia, serán sancionados de conformidad con la Ley de la Carrera Judicial, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que hayan incurrido. La Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público, velarán por el estricto cumplimiento de lo dispuesto en este párrafo.